Los gobernadores pactaron en bloque, pero después se dividieron
El acuerdo fiscal los mostró unidos frente al Gobierno, aunque a la hora de votar se volvió a evidenciar la falta de rumbo del peronismo; la perspectiva para 2018
En los 33 días que pasaron desde la firma del pacto fiscal hasta la sanción de la reforma previsional el martes último, los gobernadores peronistas pasaron de moverse en bloque a decidir exclusivamente guiados por sus intereses individuales, lejos del espíritu de “liga” y aun a costa de desatar el “enojo” y la amenaza de represalias de Mauricio Macri.
¿A qué responde ese giro gestado y ejecutado en poco más de un mes? ¿Cómo lo justifican los caciques provinciales? ¿Qué dice el cambio sobre el presente y los planes del peronismo para el año que viene?
Las explicaciones combinan cuestiones que afectan a todos los gobernadores por igual y otras vinculadas a situaciones particulares.
A primera vista, y como razón primordial para la acción en conjunto, aparece la necesidad de asegurarse la supervivencia económica y financiera. Esa urgencia común guió las negociaciones previas a la firma del pacto fiscal y, en particular, la presión para que las provincias fueran compensadas por el pago de 65.000 millones de pesos del Fondo del Conurbano a María Eugenia Vidal.
Los gobernadores también vieron en esa negociación la excusa perfecta para volver a mostrarse (intentar, al menos) como un polo de poder monolítico y capaz de marcarle límites a Macri después de la cosecha magra de las elecciones de octubre. Más allá de que nunca se ilusionaron con que el peronismo le ganara a Cambiemos, los gobernadores habían apostado a que las legislativas permitieran empezar a delinear liderazgos para 2019. Las derrotas de Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, y el desempeño opaco en buena parte de los distritos, dinamitaron esa posibilidad.
Allí terminaron las coincidencias. La negociación posterior por el apoyo a la reforma previsional en el Congreso desató la carrera individual. Una vez más, se impusieron los motivos económicos. El ejemplo más cabal de ese toma y daca fue el tucumano Juan Manzur, que sólo aseguró el respaldo a la reforma después de haberse garantizado que el Gobierno no aumentaría el impuesto a las bebidas con azúcar.
La dispersión de los gobernadores frente a la reforma previsional también responde a factores netamente políticos. La demorada definición de un líder que conduzca el partido tras la debacle de 2015 y la secuela de octubre hacen su parte. Sin conducción a la vista, cada gobernador hace su juego en función de lo que necesita: garantizarse su continuidad post 2019. El objetivo vuelve a unirlos a todos.
La mayoría de los jefes provinciales peronistas están atravesando su primer mandato y tienen uno más en el horizonte. Por eso, y frente a la crisis sostenida del peronismo, privilegian la supervivencia en el poder de sus provincias por sobre el aporte a un proyecto para volver a la Casa Rosada dentro de dos años. La cuenta es fácil y la hacen todos: salvo que cometa errores serios o que la coyuntura sorprenda con un imponderable, Macri buscará y conseguirá su reelección.
Esta semana, dos gobernadores fueron testigos de situaciones que, sin dudar, vinculan con que sus diputados votaron en contra de la reforma previsional.
El miércoles, cuando se discutió el presupuesto del año que viene, el riojano Sergio Casas consiguió 2800 millones de pesos como compensación por el punto de coparticipación que la Nación le sacó a la provincia en 1988, apenas un 12 por ciento más que el año pasado. “¿Represalias? Acá están. A los jubilados les sacan 100.000 millones; a nosotros nos tiran migajas y al intendente de la capital le dan 100 millones. Más claro...”. El descargo es de un hombre cercano al gobernador. El intendente de la capital provincial es un peronista enfrentado con Casas y con el diputado Luis Beder Herrera, que en el último tiempo se acercó a Cambiemos. Beder Herrera y Danilo Flores, el otro diputado peronista por La Rioja, votaron en contra de la reforma previsional.
También Urtubey está molesto. “Puso la cara para la foto con [Emilio] Monzó antes de la sesión y el Gobierno lo puentea”, se quejaron desde Salta. Aseguran que en la interlocución con la provincia la Casa Rosada está privilegiando al intendente capitalino, Gustavo Sáenz, alineado con Cambiemos por sobre Urtubey.
Los gobernadores están alertas. Sospechan que la “venganza” podría llegar con demoras en la entrega de fondos y la ejecución de obras. Apuestan a la quietud de enero para que baje la espuma, pero seguirán de cerca los próximos pasos de Macri.