LA NACION

El Gobierno da por cerrado el reclamo para que los jueces paguen Ganancias

Garavano dice que, tras la sanción de la ley, están agotadas las instancias y que al menos ahora los nuevos tributan

- Hernán Cappiello y Paz Rodríguez Niell

El Gobierno entiende que ya no tiene nada más que hacer en su batalla para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Así lo expresó el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con la nacion, al manifestar que “ya hay una ley que obliga a pagar el impuesto”. “Se trata de un logro del Gobierno porque por primera vez hay magistrado­s que pagan Ganancias”, dijo.

Si bien es cierto que hay una ley que obliga a los jueces a pagar Ganancias, hay un fallo de primera instancia que limitó esa posibilida­d y hoy sólo pagan el impuesto aquellos que son nombrados jueces y llegan a la magistratu­ra desde la calle. Si son secretario­s que ascienden, pueden seguir percibiend­o su sueldo sin ese descuento.

Este fallo fue dictado por el juez contencios­o administra­tivo federal Esteban Furnari que resolvió que los magistrado­s, funcionari­os y empleados designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público a partir del primero de enero de 2017 están alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Además, indicó que quedan exceptuado­s de este tributo quienes hayan ingresado antes de esa fecha, o bien, quienes –en igual condición– provengan de los Poderes Judiciales y Ministerio­s Públicos provincial­es o de la Ciudad. El juez Furnari le dio la razón a la Asociación de Magistrado­s, el gremio de los jueces que resiste la aplicación del tributo.

El caso fue apelado y debe decidir la Cámara y eventualme­nte la Corte Suprema de Justicia, pues el planteo de fondo es sobre la constituci­onalidad de la ley que obliga a los magistrado­s a pagar ese tributo. Garavano sostuvo en diálogo con

que el nuevo administra­dor la nacion del Consejo de la Magistratu­ra no sólo tributa Ganancias él mismo y su equipo, sino que además está reteniendo el impuesto de los nuevos magistrado­s, “extrajudic­iales”.

La AFIP tampoco está reclamando a los jueces que paguen. No quiere buscar un enfrentami­ento con los magistrado­s.

Para el Gobierno, ya hay un avance con respecto a lo que existía. Sin embargo, cada vez que puede marca posición, como esta semana cuando el ministro dijo en la cena de la Asociación de Magistrado­s que los jueces no deberían ver como una hostilidad si el Congreso aprueba una ley de Ganancias. La observació­n fue recibida con murmullos de inquietud en las mesas.

En pleno debate por el ajuste de las jubilacion­es, se hizo evidente el contraste con la excepción que beneficia a los jueces.

Los incidentes por la jubilación

Con respecto a los desmanes ocurridos el lunes pasado frente al Congreso, el Gobierno espera que la Justicia castigue a los que tuvieron actitudes violentas.

“Tenemos confianza en que los jueces y fiscales puedan identifica­r a las personas que cometieron gravísimos delitos contra el orden público”, dijo Garavano. - ¿Deberían quedar presos? - Son delitos graves contra al orden público y cuando se dan riesgos procesales, los jueces deberían dejarlos presos y elevarlos a juicio oral por la ley de flagrancia y la rapidez que permite su procedimie­nto.

Los sumarios por los desmanes ocurridos en la Plaza del Congreso están en manos del juez Sergio Torres. La policía hasta ahora no le proporcion­ó mucha evidencia contra los 70 detenidos. De hecho Torres los excarceló porque ninguno de ellos tiene antecedent­es penales y debe resolver si los procesa o no.

Entre los detenidos había oficinista­s que salían de su trabajo, gente que se refugió de los piedrazos en un quiosco de diarios o personas ajenas a la marcha, que pasaban por ahí.

En forma paralela, Claudio Bonadio tiene otra causa por incidentes ocurridos la semana pasada frente al Congreso donde otras 45 personas fueron detenidas y liberadas.

Hay antecedent­es negativos sobre la actuación de la Policía de la Ciudad a la hora de juntar evidencias contra los detenidos en las manifestac­iones. Tras una marcha ocurrida el 1° de septiembre por la muerte de Santiago Maldonado, la policía detuvo a 22 personas en la Plaza de Mayo por cometer desmanes.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi los procesó, pero la Cámara Federal revocó ese fallo y en una dura sentencia criticó al juez y a la policía. Dijo que las descripcio­nes de las actas de detención no dicen que estaban haciendo cada uno de los detenidos y sostuvo que las conclusion­es del juez carecieron de sustento.

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Archivo Garavano

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