El marketing del reformismo
El costo político de la nueva ley previsional demuestra el error de haber subestimado sus alcances y desvincularla de la reforma fiscal
El costo político de la nueva ley previsional demuestra el error del Gobierno de haber subestimado sus alcances, dice Néstor Scibona.
Muchos ancianos, ajenos a las redes sociales, se convencieron de que iban a cobrar menos
La inusitada y condenable violencia política frente al Congreso – no repudiada y hasta justificada por buena parte de la oposición–, pasará a ser parte inseparable de una reforma previsional que no es tal, sino más bien otro parche en un sistema que arrastra problemas irresueltos desde hace décadas y potenciados en los últimos años.
Aunque logró convertirla en ley, el gobierno de Mauricio Macri pagó casi todo el costo político del cambio en la fórmula de movilidad automática que acordó tras las elecciones con los gobernadores de todas las provincias (salvo San Luis) y había tenido media sanción del Senado –con 43 votos a favor y 23 en contra– apenas veinte días antes. Desde entonces el proyecto casi no tuvo voceros ni defensores –oficialistas ni mandatarios del PJ–, hasta que aterrizó en el campo minado de Diputados. Y la Casa rosada mantuvo el pecado original de una comunicación light, incompatible con una modificación que alcanza a unos 12 millones de jubilados, pensionados y receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El discurso oficial enfatizó sólo en las ventajas del ajuste trimestral, indexado por un índice combinado de inflación (70%) y salarios registrados (30%). Pero no admitió que se aplicará en 2018 sobre una base más baja que la que hubiera coa rrespondido con la fórmula anterior, que se debilita en los años de recesión y recupera terreno en los de repunte económico como 2017. La única excepción fue el diputado Pablo Tonelli con su elíptica frase “los jubilados perderán plata, pero no poder adquisitivo”, para explicar este retroceso de unos 5 puntos porcentuales.
Este déficit comunicacional fue aprovechado por la oposición kirchnerista, massista y de izquierda –perdedores el 22 de octubre– para ganar protagonismo mediático e instalar la figura de un dramático manotazo al bolsillo de los jubilados. Así muchos ancianos, ajenos a las redes sociales, se convencieron erróneamente de que iban cobrar menos pesos que ahora. Otro parche tardío –la compensación por única vez, en marzo, con una asignación diferenciada para haberes inferiores a $ 10.000– confirmó el ajuste previo. De ahí los cacerolazos en contra, con mayor o menor espontaneidad. Sin embargo, la disparatada consigna opositora de equiparar al Gobierno con una dictadura después de dos triunfos electorales; el intento de reeditar a cascotazos el “clima” de diciembre de 2001 y el insistente pedido de muchos diputados de levantar la sesión invocando una represión policial invisible hasta entonces, redujeron paradójicamente daños colaterales al Gobierno.
Es cierto que, en el mundo, ningún cambio en el sistema previsional es aceptado por la sociedad. Tampoco en la Argentina, donde Cristina Kirchner anunciaba por cadena nacional los aumentos automáticos, sin explicar si eran superiores o inferiores a una inflación adulterada. Pero Macri, que enarbola la bandera de decir la verdad, no debería fraccionarla. La garantía del 82% los jubilados con 30 años de aportes fue sobreestimada como herramienta de marketing político. Si bien significa introducir un mínimo de equidad, al aplicarse sobre el salario mínimo vital y móvil representa una suma exigua (algo inferior a $ 8000 mensuales).
En cambio, se dio por sobreentendido el contexto. no todos saben que las prestaciones sociales concentran algo más de la mitad del gasto primario nacional previsto en el Presupuesto 2018 con media sanción ($ 1,56 billón). ni que, en números redondos, un hipotético aumento de $ 100 mensuales insuficiente para comprar un kilo de asado, equivaldría a $ 13.000 millones anuales al ser multiplicado por diez millones de personas. no explicar esta realidad resulta tan contraproducente como la ausencia de gestos simbólicos por parte de legisladores y funcionarios políticos para acotar sus propias remuneraciones de seis dígitos mensuales, aunque no muevan el amperímetro del gasto total.
Otro error del oficialismo fue desvincular la ley previsional del resto de la ingeniería fiscal de la reforma, pese a que es su llave maestra. El “ahorro” que significará en 2018 bajar un cambio en la fórmula de ajuste – unos $ 70.000 millones según cálculos privados–, financiará buena parte del nuevo Pacto Fiscal, que redistribuye recursos y deudas, a cambio de la reducción muy gradual de impuestos distorsivos como ingresos Brutos y Sellos. Y empalma con la ley de responsabilidad Fiscal, destinada a contener desbordes de gastos y endeudamiento provincial.
El punto clave es que, a través de este acuerdo, la provincia de Buenos Aires recuperará progresivamente en dos años lo que le hubiera correspondido recibir por el ahora disuelto Fondo del Conurbano, a cambio de desistir de su reclamo ante la Corte Suprema para actualizarlo con retroactividad y no afectar la coparticipación de impuestos. A su vez, las demás provincias renuncian a casi 60 juicios contra el Estado a cambio de bonos por $ 80.000 millones a 10 años y compensaciones de impuestos o aportes nacionales. En parte se destinarán a cubrir el déficit de las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Anses, muchas de las cuales pagan haberes de hasta $ 200.000 mensuales con regímenes de privilegio que se comprometen a eliminar, sin plazo taxativo.
Así el distrito bonaerense, cuyo conurbano concentra los mayores bolsones de pobreza del país, tendrá más independencia de la Casa rosada, lo cual beneficia a María Eugenia Vidal y a quienes la sucedan. Esta reforma consensuada con los gobernadores del PJ tendrá efecto pleno en 2019 y explica la explosiva reacción de la dirigencia kirchnerista. Si esos fondos se destinan a obras públicas de carácter social, contar con agua potable, cloacas, gas o pavimento suma a la hora de votar más que las promesas incumplidas o los pronósticos apocalípticos.
Quizás el gobierno de Macri hubiera cortado camino si articulaba todos estos cambios en una ley ómnibus, como lo sugirió el senador peronista Miguel Pichetto. Ya lo había hecho con la ley de “reparación Histórica” a jubilados, que incluyó el blanqueo de capitales. Y acaba de hacerlo ahora con la reforma tributaria, cuya media sanción sumó el revalúo impositivo coparticipable, así como el blanqueo laboral y el mínimo no imponible para reducir y unificar en cuatro años los aportes patronales a la Anses, inicialmente incluidos en la reforma laboral.
De todos modos, el escandaloso trámite de la ley previsional reabrió dos grietas. Una, la insólita naturalización de la violencia política por muchos diputados opositores, incluso algunos recién electos.
Otra, las discrepancias sobre el diagnóstico y perspectivas del sistema jubilatorio. Poco y nada se dijo que, al arrancar el sistema de reparto, por cada jubilado había tres trabajadores activos y hoy esa relación alcanza a apenas 1,3. ni que la crónica existencia de un tercio de los trabajadores “en negro” (sin aportes) agrava el déficit. Tampoco que las moratorias dispuestas por CFK agregaron más de 2,5 millones de beneficiarios (sin aportes o con aportes parciales) a los 5 millones de jubilados y pensionados de la Anses. ni que además se acható la pirámide de ingresos con el ajuste de los haberes mínimos y el congelamiento del resto, hasta que la Corte ordenó aplicar en 2009 la movilidad automática, extendida luego a los 4 millones de receptores de la AUH. En el ínterin, no alcanzó la estatización en 2008 de los aportes individuales a las AFJP traspasados al sistema de reparto y obligó a destinar a la Anses parte de la recaudación de impuestos nacionales. Según idesa, en 2017 el pago de jubilaciones y pensiones fue cubierto en un 60% con aportes y contribuciones y el 40% restante con impuestos y transferencias del Tesoro. A su vez, la ley de “reparación” apuntó en 2016 a resolver –parcialmente– el pago de juicios contra el Estado y evitar futuros reclamos, pero con un ingreso por única vez (el blanqueo) que eleva el déficit estructural del sistema, mientras se mantienen regímenes impositivos o jubilatorios de privilegio en los tres poderes.