Macri apuesta a seducir al PJ para avanzar con otras reformas
Lo peor para el gobierno de Mauricio Macri ya pasó. La segunda tanda de proyectos legislativos (reforma tributaria, presupuesto y prórroga del impuesto al cheque) superó el filtro parlamentario, sin dificultades para lograr el quorum ni la hostilidad en las calles que, una semana atrás, había puesto en peligro algo más que la sanción de la reforma previsional. No obstante, el Poder Ejecutivo extrajo como lección que, más allá de su victoria electoral y de la crisis que atraviesa la oposición peronista, ningún trámite legislativo estará exento de negociaciones.
Un dato no menor es que, en oportunidad de la votación de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados, este proyecto recibió 117 votos en contra, un número sensiblemente mayor al de los 64 legisladores del kirchnerismo. Es algo que da cuenta de que el oficialismo macrista no goza de una situación cómoda en ese cuerpo para aprobar cualquier iniciativa que se proponga.
No es casual que el proyecto oficial de reforma laboral haya quedado relegado. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, espera que se pueda tratar en febrero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias, aunque hay dudas de que eso se concrete. A menos que el oficialismo diseñe un colchón de acuerdos sectoriales para garantizar su tratamiento legislativo sin conflictos, el debate de esa norma será complicado y podría avivar a los grupos violentos que días atrás se movilizaron hacia el Congreso.
El kirchnerismo podrá ser una expresión política en declinación. Pero el pensamiento populista y las concepciones estatistas continúan calando hondo en buena parte del arco político y de la sociedad. Lo mismo vale para el garantismo en materia laboral, que choca con la intención de Macri de moderar el costo de las indemnizaciones por despido y de flexibilizar ciertas contrataciones de trabajadores. Crece, consecuentemente, la posibilidad de que la reforma laboral quede, en un principio, limitada al blanqueo laboral de trabajadores en negro, que no provoca resistencia sindical.
La reunión que mantuvieron ayer en la Casa Rosada con el ministro Rogelio Frigerio el diputado justicialista Diego Bossio –hoy en la vereda de enfrente de Cristina Kirchner– y tres intendentes peronistas –entre ellos, el de Merlo y actual titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez– puede interpretarse como un acer- camiento dirigido a tender puentes. Los jefes comunales peronistas buscan asegurarse que los fondos que comenzará a recibir del Estado nacional la gobernadora María Eugenia Vidal lleguen a sus distritos. El gobierno nacional, por su lado, busca consensos para su proclamado “reformismo permanente”.
El reciente anuncio de la relajación de las metas inflacionarias por el equipo económico de Macri y la posibilidad de que bajen las tasas de interés pueden ser vistos como otra señal a sectores del peronismo y también del radicalismo, distantes de las posiciones económicas más ortodoxas.
No fue el único guiño. La flamante ley de reforma tributaria incluyó entre sus capítulos el impuesto a la renta financiera, que comprende gravámenes sobre los intereses de plazos fijos bancarios y de bonos en manos de particulares. No son pocos los funcionarios del Gobierno, empezando por el propio Macri, que creen que este impuesto puede restar más de lo que sumará. Muchos en el oficialismo, incluso, cuestionaban con dureza a Sergio Massa cuando proponía gravar la renta financiera. Pero al final terminaron impulsándolo. La explicación es meramente política: seducir al peronismo para avanzar con otras reformas.