El ex rugbier Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP

La Justicia investiga si es parte de una banda que cancelaba deudas tributarias de manera fraudulenta en la gestión de Echegaray

La justicia federal investiga una asociación ilícita que, comisión mediante, ofrecía todo tipo de servicios a empresas con un solo fin: la cancelación fraudulenta de sus deudas tributarias. Pero con varias particularidades: la banda también estafó a varios de sus propios clientes, se extendió por todo el país, aprovechaba sus contactos en la anterior cúpula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y entre los acusados figura el ex jugador de los Pumas Serafín Dengra.

Convertido en un ícono pop como “motivador serial” por frases tales como “never pony, pura

sangre”, la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como “pescador” de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los círculos sociales que frecuenta.

Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también indagó a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilícita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago “especiales” de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones.

Los dos presuntos jefes de la banda viven hoy realidades distintas. Miguel Ángel Lamparelli se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece en la clandestinidad, prófugo desde hace meses.

Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martín y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex “barra K” Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Ambos acumulan más antecedentes incómodos. Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán.

Lamparelli y Marcal Gago también afrontaron una causa en el fuero Penal Económico –en la que fueron sobreseídos, decisión que fue apelada– y aparecen también vinculados a la financiera SGI –“La Rosadita”–, por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

Sin embargo, el expediente que instruye Arroyo Salgado no lleva en su carátula los apellidos de Lamparelli o Marcal Gago como supuestos jefes de la banda, sino los de Dengra y de Raúl Pessotto, otro sospechoso con antecedentes por presunta estafa.

“Dengra tiene la desgracia de que la carátula lleve su nombre”, indicó a el abogado del la nacion ex rugbier, Mario Laporta. “Pero esta es su primera experiencia de este tipo [por una causa penal], en una investigación que es enorme”, indicó.

Dengra confirmó la existencia de la banda, pero se definió como una de sus víctimas. “Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío”, dijo a la nacion. “Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad”, afirmó.

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra, mientras que el defensor de Lamparelli y Marcal Gago apunta contra él. “No hay elementos probatorios sobre mis clientes, pero sí sobre los que eran los imputados más importantes cuando el expediente estaba en Salta, que son Dengra y Pessotto”, planteó Carlos Marcelo Rodríguez a la nacion.

En efecto, la investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner –ahora uno de los acusados en el juicio oral por el “caso Ciccone”– recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones. Y así fue, también, como surgieron los nombres de dos funcionarios de alto rango de la AFIP en Buenos Aires, Karina Venier y Pablo Gatti, muy cercanos a Echegaray.

A mediados de 2016, el nombre de Venier salió a la luz como quien había sido la encargada durante el kirchnerismo de espiar desde la AFIP al entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, entre otras figuras. Así lo determinó una auditoría interna que ordenó la nueva gestión del organismo, que reconoció problemas en el sistema informático, con “parches para facilitar pagos truchos”.

Por su parte, Gatti había sido antes decisivo en el cierre de la Regional Bahía Blanca del organismo –decisión que desde la propia AFIP y la Justicia atribuyen ahora a proteger a Báez– y la creación de otra regional en Río Gallegos, con Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, al frente.

Poco después, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.