alertan que edificios históricos corren riesgo de demolición
patrimonio. Así lo indican ONG que impulsan su preservación; la Ciudad busca prevenir con cambios en las normas urbanísticas
En la ciudad, según el Ministerio de Desarrollo Urbano, hay 152.000 edificios patrimoniales que tienen diversos grados de protección legal. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de asociaciones civiles, cada dos meses se demuele alguna construcción histórica. Ya en 2010, la World Monuments Fund incluyó a Buenos Aires dentro de un listado de ciudades cuyo patrimonio arquitectónico estaba en riesgo. Para prevenir la demolición de estas obras, el gobierno porteño y los especialistas coinciden en la necesidad de impulsar un nuevo Código de Planeamiento Urbano, que conforme un catálogo definitivo de obras arquitectónicas únicas e irreemplazables.
Hoy el máximo nivel de protección que puede tener un edificio es lo que se conoce como integral. Corresponde a hitos urbanos como el Obelisco o la Catedral, símbolos porteños a los que a nadie se le ocurriría demoler ni transformar. Le sigue el estructural, que determina un grado de conservación intermedio. Con previa autorización, se pueden hacer modificaciones interiores y tareas de mantenimiento.
Algunos ejemplos son el Teatro Gran Rex o el Edificio de la Aduana.
Sin embargo, las mayores polémicas entre expertos, funcionarios del gobierno porteño y desarrolladores, se generan alrededor de aquellas obras que tienen protección cautelar, un universo amplio donde se engloba a todas las construcciones anteriores a 1942, algunas sin valor arquitectónico, como galpones o depósitos, y otras que sí lo tienen.
En este último caso, muchas veces se avanza en la construcción de torres vidriadas, sobre o detrás de las obras patrimoniales, adaptando normas para satisfacer necesidades del mercado. Esto sucede, a pesar de que la ley N° 3056 indica que no se deben otorgar autorizaciones o permisos de demolición, reformas y ampliaciones a cualquier construcción, cuyos planos hayan sido registrados antes de 1942, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) haya resuelto que no tenga valor patrimonial. Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano afirmaron que, ante casos polémicos, los miembros del CAAP, conformado por instituciones públicas y privadas vinculadas a la arquitectura y al patrimonio, evalúan si es posible entregar el permiso de obra.
“El problema es que la cautelar congela edificios anteriores a 1942, pero no desagrega aquellos que tienen valor patrimonial de los que no lo poseen”, explicó Carlos Blanco de Basta de Demoler. Tanto las organizaciones civiles como el gobierno porteño destacaron la necesidad de contar con un nuevo Código de Planeamiento Urbano. Según la Ciudad, la modificación contemplaría beneficios de conservación para aquellos propietarios de construcciones anteriores a 1942.
Desde el sector inmobiliario son optimistas sobre la posibilidad de llegar a un equilibrio entre la conservación y las necesidades del mercado. Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff propiedades, recuerda que en 2015 en la ciudad se demolía un petit hotel por mes, y que recién en los últimos años empezó a generarse conciencia sobre los beneficios de preservar. “El Estado no puede hacerse cargo de toda construcción patrimonial. Ahora estamos en un punto intermedio donde se conservan las fachadas. Hacen falta reglas más claras”, agregó.
Mientras no entren en vigor nuevas normas, según alertan las ONG, hay un conjunto de inmuebles que corren riesgo de caer bajo la piqueta, sufrir transformaciones polémicas o quedar sumidos bajo las sombras de nuevos edificios. De acuerdo a los datos aportados por vecinos de diferentes barrios y miembros del Observatorio de Derecho en la Ciudad, de Basta de Demoler y de la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano, los edificios en riesgo son: • Petit hotel en Arenales 2376 y en Larrea 1181. Tienen protección cautelar. Están tapiados. Según las ONG, desguazaron su interior. Poseen un pulmón de manzana común. Se construirían dos edificios conectados por un patio trasero. • Casona en O’Higgins 4560. Tiene protección cautelar. Data de 1908. Fue sacada del catálogo para venderla para un proyecto inmobiliario.
Según informó Desarrollo Urbano, en estos tres casos, la CAAP desestimó el valor patrimonial de los inmuebles.
De acuerdo a las ONG, las construcciones antiguas que están siendo parcialmente demolidas para anexarles torres modernas son: • Casona de Carlos Pellegrini 1535.
Tiene protección cautelar. Se construiría sobre el volumen del edificio actual y se modificaría la fachada para permitir la entrada a un nuevo estacionamiento. • Casona en Cerrito 1248. Tiene protección cautelar. Se subastó el inmueble, se mantendría la fachada y se le agregarían 13 pisos. • Edificio art noveau en Las Heras
1902. Posee protección cautelar. Modificaron aberturas. • Mansión Aberg Cobo, en Las Heras 1722. Tiene protección estructural. Sin embargo, avanza una torre vidriada en lo que era el patio trasero y la vivienda de los empleados de servicio. • El petit hotel de María Julia Alsogaray, Junín 1435, Tiene protección cautelar. Está demolido en su interior y cubierto por una media sombra. Un amparo frenó las obras momentáneamente. Construirían un hotel boutique o un restaurante. • Convento Las Victorias, en Paraguay 1204. Tiene protección estructural. Se suspendió la construcción de una torre. Se realizan obras de mantenimiento en su interior. Se espera una sentencia judicial por un nuevo proyecto. • Convento Casa San José, en Gurruchaga 1040. Tiene protección cautelar. Se construye un shopping conservando parte de la fachada.
• Palacio Roccatagliata, en Ricardo Balbín 2603. Con protección cautelar. Por un amparo están frenadas tres torres.
Según fuentes de Desarrollo Urbano, en el edificio de Las Heras 1902 la solicitud de obra es correcta y refiere a la puesta en valor de la fachada. Sin embargo, informaron que enviarían a personal de Patrimonio a chequearlo. Con respecto al Convento Las Victorias, dijeron que se encuentra en trámite judicial. En el resto de los casos, explicaron que las nuevas obras “tienden a refuncionalizar el inmueble patrimoniado”. La intención, señalaron, es darle nueva vida a estos edificios “cuando al propietario se le hace oneroso sostenerlo y la Ciudad lo quiere mantener”.
Para prevenir la demolición, el gobierno y los expertos coinciden en la necesidad de impulsar un nuevo Código de Planeamiento Urbano