Macri mueve a la dama en el conurbano

Algunos intendentes lo tomaron como un reto. Fue, en realidad, un reproche a lo María Eugenia Vidal: sin estridencias, pero con una firmeza que a veces intimida. Era la mañana del 15 de diciembre, un día después de los primeros incidentes y el debate frustrado por la reforma previsional que el Congreso aprobó tres días después. Escoltada por Hernán Lacunza, su ministro de Economía, Vidal aprovechó las instalaciones del Parque de la Cervecería que había conseguido Martiniano Molina, intendente de Quilmes, para dejarles a 69 jefes comunales de Cambiemos una advertencia: no puede ser que municipios con déficits monstruosos le pidan a la provincia fondos para inaugurar un polideportivo. “Lo pagan los contribuyentes”, insistió.

Lo que planteaba es un concepto contemplado en la ley provincial fiscal, aprobada a fin del año pasado. Si no se es ordenado con los gastos corrientes, mal se puede cumplir con la infraestructura y los servicios. Macri suele incomodar con el tema a intendentes: “¿Cómo es tu porcentaje de nómina salarial sobre presupuesto?”, les pregunta. La provincia exhibe al respecto comportamientos dispares: las comunas más prolijas tienen un índice de 30%, pero las más desordenadas superan el 60%. Es el meollo del problema de un Estado cuyas nóminas tienden a crecer con cada administración y que, si no se revisan, se convierten en aguantaderos de la política. Después de incorporar el control biométrico a sus instalaciones, algunos intendentes se percataron de que parte de la plantilla no iba nunca a trabajar.

A todo esto aludió esa mañana la gobernadora cuando exhortó a todos a que, si le pedían fondos para obras que no estaban previstas por el gobierno provincial y que se harían con endeudamiento, al menos tuvieran la deferencia de haber aprobado en sus respectivos concejos deliberantes la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley, a la que hasta ahora prometieron adscribir más de 90 de los 135 municipios, obliga a no subir el gasto corriente más arriba de la inflación, a no incorporar personal que supere el crecimiento vegetativo de la población comunal y a no sumar empleados públicos durante los últimos seis meses del mandato.

Gracias al pacto fiscal y a la reforma previsional, Vidal tendrá este año 40.000 millones de pesos adicionales a los que tuvo el año pasado. Serán 65.000 millones en 2019. Esa masa de recursos explica lo que es obvio: del éxito o el fracaso bonaerense dependerá el juicio que los votantes hagan sobre toda la gestión de Macri, cuya imagen positiva viene de caer, según mediciones propias, 7 puntos en diciembre. Ese deterioro, que en la Casa Rosada imaginan momentáneo, obedeció en gran parte a la pelea por la reforma previsional que plantearon el kirchnerismo, el massismo y la izquierda.

No es casual que esas fuerzas que no gobiernan territorios se hayan opuesto a esta estrategia, ni que sus adherentes hayan sido quienes sí los tienen, los gobernadores del PJ. Será inevitable que, con la ley aprobada, esa pelea por recursos se traslade a la provincia, cuando arranque la paritaria docente y vuelva a emerger Roberto Baradel. ¿Qué argumento tendría para negar subas la gobernadora que se ha llevado la mayor parte de fondos que, si no hubieran existido el acuerdo fiscal y la reforma, habrían ido a aumentos jubilatorios? Es probable que ese sea el argumento de Baradel. El del Gobierno puede suponerse fiscal, pero estará condicionado por sucesos que exceden la paritaria: de manera directa o indirecta, las detenciones del Juan Manuel “Pata” Medina y Marcelo Balcedo, dos sindicalistas bonaerenses, muestran decisión de Vidal por investigar conductas gremiales. El otro ícono de estos presos, Omar “Caballo” Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), tampoco escapa al área de influencia bonaerense: cayó luego de la intervención de la diputada Gladys González.

El Gobierno ha decidido que Vidal sea la gran protagonista de la discusión nacional. La otra tensión será hacia adentro de la provincia y menos ruidosa: los jefes comunales. Hay quienes, desde el año pasado, vienen planteando asimetrías en la distribución de los recursos. “No vamos a cambiar nada: hay intendentes que son insaciables”, dijeron cerca de la gobernadora cuando consultó si era posible la nacion modificar, mediante ley, la coparticipación interna bonaerense. Es en realidad un debate conceptual: ¿debe privilegiarse la geografía o la densidad de habitantes? En su libro Conurbano infinito, el jesuita Rodrigo Sarazaga hace algunos de estos planteos y publica el ranking de coparticipación: Ituzaingó, que gobierna Alberto Descalzo (PJ), aparece último de una lista de 135 municipios, con 1119 pesos per cápita a pesos corrientes en 2015, mientras que Pila, conducido por otro peronista, Gustavo Alfredo Walker, está primero, con $14.863. Uno de los peor ubicados, La Matanza (Verónica Magario), aparece muy abajo, con $1361, lejos del tercero del ranking, Tordillo ($13,151), donde gobierna otro miembro de Unidad Ciudadana, Héctor Olivera.

Es una puja clásica, conurbano vs. interior. Sarazaga afirma que 55% de la coparticipación de la provincia va al conurbano, pero en esa área vive nada menos que el 74% de los bonaerenses y la pobreza llega al 82%. A esa dialéctica elemental habría que agregarle una más compleja: el reparto de fondos destinados a la salud, que suponen hoy el 37% de la coparticipación. Tal como está, el esquema beneficia a los que tienen hospitales municipales de alta complejidad en detrimento de aquellos que solo acreditan centros de atención primaria propios. Esa asignación, que se hace por fuera de los hospitales nacionales o provinciales y según la cantidad de camas de cada centro, genera sospechas entre funcionarios nacionales. “Yo sé que muchos intendentes inflan la cantidad de camas”, dijo a la na

uno de ellos. En el libro La provincia de cion Buenos Aires y sus municipios: los laberintos de una distribución anacrónica de los recursos, los investigadores de la Universidad de General Sarmiento Alejandro López Accotto, Carlos R. Martínez, Irene Grinberg y Martín Mangas insisten con incógnitas parecidas a las de Sarazaga. Consignan, por ejemplo, un relevamiento de coparticipación en el lapso 2003-2010 que, a precios de 2003, ubica primeras a las comunas que tienen hospitales municipales, como Malvinas Argentinas (1°, con $239 per cápita), San Isidro (2°, con $165) y Vicente López (3°, con $155), y mucho más rezagadas a las que no los tienen, como Lomas de Zamora (19°, con $94) o Tigre (22°, con $190). Son solo algunas de las susceptibilidades del territorio que Macri eligió para trascender su mandato. Será su gran batalla. El conurbano, eterno bastión del PJ y alegoría del fracaso argentino, no es un mal terreno para dirimir contiendas y, mejor aún, separar logros de meras declamaciones.