El significado de la protesta social en las calles

L o que ocurrió cuando el Congreso buscaba aprobar la reforma a la ley previsional, reafirma que nuestra reflexión sobre la protesta social sigue siendo deficitaria. Conviene subrayar el valor especial que tiene, para el constitucionalismo, la protesta en las calles. En un contexto donde la organización sindical perdía fuerzas, crecía el desempleo sin reaseguros para los que caían en él, y se desconocían derechos sociales básicos, la protesta comenzó a presentarse como una ayuda indispensable, que merecía ser resguardada antes que impedida. En situaciones de deterioro social grave, el derecho a protestar contribuye a mantener firme toda la estructura de derechos, por lo que puede ser considerado “el primer derecho”, el “derecho de los derechos”.

El valor que tiene la protesta para el constitucionalismo se refuerza cuando advertimos la conexión que existe entre ella y la democracia. Para el profesor owen Fiss, la protesta en las calles aparece como un “suplemento electoral” indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que caracteriza a nuestros países. Cuando la mayoría de los canales institucionales existentes aparecen obturados y se torna difícil criticar y sancionar a los representantes, tanto como reorientar sus acciones, la protesta pasa a cumplir un papel democrático crucial.

La protesta puede ser ejercida en desafío al derecho (cortando calles), y puede venir acompañada de actos graves (un uso indebido de la violencia). En tales casos, resulta un error tanto pensar a la protesta con independencia de su valor constitucional y democrático como hacerlo asumiendo que la misma es inmune a toda queja o reproche por parte del Estado.

Hay violaciones de derecho que el derecho tolera por las condiciones de padecimiento extremo de quienes las cometen (el hurto famélico); hay agravios jurídicos que pueden justificarse o excusarse (responder a una agresión en legítima defensa); hay faltas que pueden ser reprochadas de modo más débil que lo habitual, en razón de las circunstancias en que se han producido (agresión en situación de emoción violenta); hay “excesos” en el ejercicio de un derecho que la jurisprudencia recepta, en pos del mayor resguardo de otros derechos (críticas que ofenden el honor de un funcionario público). A muchos nos interesó hacer consistentes tales criterios en nuestras referencias a la protesta. Ello, frente a quienes leían la protesta en términos de “violación de derechos”; describían aun los “escraches” más moderados como “actos nazis”, y concebían el debate democrático como una conversación elegante entre caballeros.

A muchos nos interesó dejar en claro el aporte que la protesta puede hacer al constitucionalismo y a la democracia, en vista de otro “detalle” central referido a la responsabilidad del Estado en los agravios que la protesta comúnmente denuncia. En efecto, el Estado puede y suele ser responsable de la violación de derechos que Roberto Gargarella él mismo se ha comprometido a asegurar, en la primera y más importante promesa que nos hace a todos en tanto ciudadanos –la Constitución–. Del mismo modo, el Estado puede y suele ser responsable por el cierre de los canales institucionales a través de los cuales los ciudadanos pueden decidir sobre los asuntos que más les importan, y/o responsabilizar a sus representantes en los comunes casos en que ellos no reaccionen frente a sus justos reclamos. Tales faltas estatales en materia constitucional y democrática se hacen presente en este asunto de modos múltiples. Por un lado, los fallos graves del Estado socavan su autoridad para reprochar a los ciudadanos que también incumplen con sus deberes. En efecto, ¿cómo puede levantar el dedo acusador contra los agitadores que violan derechos, quien es el primer responsable de violar los derechos que esos agitadores reclaman? Por otro lado, la jurisprudencia ha sabido atenuar las cargas contra aquellos que violan ciertos derechos (pongamos, generan ruidos molestos, ensucian las calles, interrumpen el tránsito, bloquean el acceso a los tribunales, etcétera), al reconocer que ciertos recursos anti o extrainstitucionales (bloquear la entrada de los tribunales) pueden representar un medio extremo, pero necesario para impugnar al Estado, cuando el mismo obstruye la atención y remedio de tales quejas (por los altos costos –de todo tipo– que impone para el acceso de los más débiles a los tribunales, etcétera). Finalmente –y lo que también resulta fundamental, a la luz de los sucesos políticos recientes– debe anotarse que las faltas del Estado en la protección de derechos nunca son equiparables a faltas en apariencia simétricas cometidas por la ciudadanía (la violencia desbordada del Estado frente a la de los ciudadanos). El poder extraordinario (económico, coercitivo) con que cuenta el Estado requiere de controles y cuidados extraordinarios, y –por ello también– exige la asunción de responsabilidades también extraordinarias por parte de las autoridades que se extralimitaron en el uso de los medios bajo su custodia.

Todo lo anterior puede y suele ser cierto, pero nada de ello implica que quienes, en repudio o crítica al Estado, violan derechos de un modo grave, tengan “carta blanca” para hacerlo o no merezcan ser responsabilizados porque actúan “en situación de protesta”. En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser tratados como si no fueran compartidos –y por tanto susceptibles de ser arrasados sin más–, y los opositores o críticos –periodistas, políticos o agentes de seguridad, da lo mismo– no pueden ser privados de humanidad y, por tanto, agredidos, apedreados o heridos como si no les correspondiera el mismo respeto que, por serlo, todo ser humano merece.

Me temo, de todos modos, que la misma lógica de “la guerra” que recorre toda la historia argentina, y que el “Nunca Más” parecía haber disuelto, se encuentra presente hoy. Buena parte de esa misma comunidad que pudo protestar exitosamente, todos los días, con convicción y en paz frente a los responsables de los peores crímenes, hace años que se siente autorizada a humillar, moler a golpes o escupir en público junto a sus hijos a los que no piensan como ellos –siempre, por supuesto, en nombre de la justicia–. Que quienes lo provocan con violencia deban asumir su responsabilidad no debería darle confort al Gobierno. El Gobierno debe asegurar los derechos de todos, incondicionalmente, pero cree que puede tornarlos dependientes del crecimiento económico; él debe afirmar su autoridad siendo y pareciendo justo, pero en cambio –imperdonablemente– sobreactúa su autoridad a los tiros, como si se tratara de un juego; él debe dar señales indudables de que su prioridad son los más débiles, pero sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos. La democracia y la Constitución, desde hace décadas, están pidiendo otra cosa.

Constitucionalista y sociólogo

En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser arrasados sin más

El Gobierno sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos