Puigdemont, decidido a ser presidente de Cataluña a la distancia
El plan, de dudosa legalidad, amenaza con reavivar las tensiones
MADRID.– Carles Puigdemont no cesa en su afán de desequilibrar la política española. El expresidente catalán confirmó ante sus socios independentistas que buscará ser reinstaurado como jefe del gobierno regional sin moverse de su refugio seguro de Bruselas, un plan de dudosa legalidad y que reaviva la tensión institucional. Ciudadanos, el socialismo y el Partido Popular (PP) –los principales grupos constitucionalistas– denuncian que una investidura remota sería “una burla” y se plantean accionar en los tribunales para impedirlo.
“No hay plan B”, insistían anoche en el entorno de Puigdemont, que salió segundo en las elecciones del 21 de diciembre como cabeza de lista de Junts per Catalunya y tiene al alcance la posibilidad de formar una mayoría parlamentaria con Esquerra Republicana (ERC).
El gran obstáculo para él –la historia de su carrera política reciente– es la ley: si pisa Barcelona será detenido por rebelión, a raíz de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre. La vía para investir en ausencia a un presidente no está contemplada en el reglamento de la cámara, pero él quiere forzar una interpretación que lo favorezca.
Descarta la opción de dar su discurso vía Skype y se inclina por que otro diputado hable en su nombre en la sesión de investidura prevista para, a más tardar, el 31 próximo. No está expresamente prohibido, pero sus opositores advierten que su ausencia convertiría en nula la votación de su candidatura.
El propósito de Puigdemont se conoció después de la reunión que sostuvo en Bélgica con Marta Rovira, número dos de ERC. Ella negocia en nombre de Oriol Junqueras, el líder del partido que está preso en la cárcel madrileña de Estremera desde noviembre por los mismos delitos que se le achacan al expresidente.
Rovira, según fuentes del ERC, no le garantizó a Puigdemont el apoyo a su investidura, sino que prometió “estudiar las implicancias legales” de la hipotética táctica remota. El candidato le ofreció que sea la vicepresidenta.
En su pulso contra España, Puigdemont lanzó una cruzada para recuperar el cargo del que lo destituyó el presidente Mariano Rajoy hace dos meses y medio. Promete regresar al país solo después de ser designado. Eso obligaría a la Justicia a detener a un presidente democráticamente elegido y en activo. Lo imagina como una tremenda mancha en la reputación de España ante sus socios europeos.
La radicalidad en la que se instaló después de su buen desempeño electoral (solo fue superado por Ciudadanos, que no tiene números posibles para formar gobierno) descoloca incluso a ERC, de mayor tradición secesionista.
Rovira se mostró cauta sobre la suerte de la investidura a distancia. Plantear ya mismo otro desafío a la legalidad pone en peligro a muchos de los diputados electos –incluso a ella– que enfrentan procesos legales por la revuelta separatista de octubre.
Los siete legisladores que están en libertad condicional podrían volver a prisión si el juez que lleva la causa considerara que están reincidiendo en el reto al Estado.
“Queremos escuchar a los letrados del Parlamento”, sostenían anoche fuentes de ERC para matizar el supuesto pacto que anunció el bando de Puigdemont. Antes deben sortear otros obstáculos. El miércoles próximo es la sesión de constitución de la cámara y los independentistas todavía no saben si podrán imponer su mayoría para designar a las autoridades del cuerpo, que serán claves para autorizar o no la maniobra de la investidura.
Entre Junts per Catalunya, ERC y los anarquistas de la CUP suman 70 bancas, dos más que la mayoría. Pero ocho de sus diputados electos están presos o en Bélgica. El voto de los primeros depende de que el juez los autorice a salir ese día (algo improbable); los segundos no pueden ejercer su derecho en ausencia y si vuelven serán detenidos.
La única salida es que al menos cuatro de ellos renuncien y dejen que asuman los siguientes en las listas. Hasta ahora nadie se movió. Solo si consiguen controlar el Parlamento empezará la “operación presidente”.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña y ganadora de las elecciones, ya advirtió que dará pelea: “No se puede presidir la Generalitat huido en Bruselas”. El PP dijo que usará “todos los medios” para impedirlo.
El caso podría llegar al Tribunal Constitucional antes de la sesión. Y en última instancia queda un recurso más delicado y sin precedente: el veto de Felipe VI. Es una formalidad, pero se requiere un decreto real para poner en funciones a cualquier presidente de una comunidad autónoma una vez que lo designa el Parlamento.