Ciencia vs. función pública
Hay hoy apreciable consenso en la sociedad sobre el grado de madurez alcanzado por el Sistema Científico Tecnológico Argentino (SCTA), que permite reclamarle una presencia activa en la gestión de los muchos temas en los cuales la ciencia y la tecnología tienen fuerte impacto. En ese sentido, se ha realizado el lanzamiento del Plan de Ciencia y Tecnología Argentina Innovadora 2030, que busca articular la exploración de las fronteras del conocimiento con la transferencia a la sociedad de los beneficios de la ciencia y la tecnología. Estamos hablando de transferir ciencia y tecnología a la administración pública en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal), al sector privado y a la comunidad toda.
El diálogo entre ciencia y política puede darse cuando existe consenso en que, por formación y experticia, los científicos son los consultores ideales de quienes toman decisiones y de los encargados de la gestión de la cosa pública.
Hace unos años se aclamó como un gran éxito la promulgación de la ley que requería la realización del Inventario Nacional de Glaciares (ING), y que encargó la confección del mismo al Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Los glaciares son el reservorio de agua dulce más grande del planeta y en la actualidad, en general, están en retroceso por causas asociadas al cambio climático global. La tarea encomendada al Ianigla es de una importancia notable.
En noviembre, el juez federal Sebastián Casanello procesó al doctor Ricardo Villalba, investigador superior del Conicet, ex director del Ianigla y del ING. Se lo acusa de abuso de autoridad y de acciones contrarias al espíritu de la ley nacional 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La acusación traslada las responsabilidades por la contaminación con cianuro de las aguas de ríos sanjuaninos por parte de la empresa Barrick Gold a supuestas falencias en la ejecución del ING.
Las implicancias personales son gravísimas, ya que ponen en situación de litigio criminal a un prestigioso científico que asumió la complicada tarea de encarar la confección del ING. Estamos seguros de que eventualmente esta situación personal se resolverá, aunque no sin altos costos monetarios y emocionales para Villalba.
La Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, en su rol de organización civil cuyos objetivos centrales son impulsar el avance y la difusión de la ciencia, la formación y especialización de investigadores, el acercamiento entre los científicos y las personas interesadas en el conocimiento de las ciencias y la cooperación en investigaciones útiles para el progreso del país, desea, en estas líneas, centrar la atención sobre las nefastas consecuencias que puede acarrear este antecedente sobre los esfuerzos en involucrar a los científicos en la cosa pública. ¿Quién en su sano juicio aceptará en el futuro responsabilidades equivalentes? ¿Deberemos volver al paradigma de la ciencia en la torre de cristal aislada del mundanal ruido? ¿Deberemos revisar un tema en el que hay alto consenso: el del involucramiento de la ciencia y la tecnología en la cosa pública?
La imagen pública del SCTA es en general muy buena, ya que se valora la honestidad y transparencia de las acciones de sus integrantes. Hechos como este contribuyen a desprestigiar, inmerecidamente, a un colectivo profundamente identificado con la idea de construir un país mejor para todos.