Piden el juicio para el exjefe de la Policía
Potocar está acusado de cobrar por protección ilegal
Fue el primer jefe de la Policía de la Ciudad, hace un año. Llegó a ese puesto, se dijo entonces, con los mejores antecedentes y pergaminos. Pero José Pedro Potocar solo duró cinco meses en el cargo. Renunció el 12 de mayo de 2017 cuando ya estaba detenido en el Edificio Centinela de la Gendarmería, acusado de ser organizador de una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios de Núñez y de Saavedra a cambio de seguridad “privilegiada”.
La investigación sobre la supuesta asociación ilícita que operaba desde la comisaría 35ª está a cargo del fiscal José María Campagnoli, que antes del comienzo de la feria judicial presentó el requerimiento de elevación a juicio para Potocar y otros tres jefes policiales.
“En el marco de esa asociación ilícita, por sí o por intermedio de terceras personas, en su condición de funcionarios policiales, los acusados exigían y, consecuentemente, recibían de comerciantes, empresarios o vecinos con asiento en la jurisdicción de la comisaría 35ª de la Policía Federal [cuando comenzó la investigación Potocar estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías, DGC] una suma de dinero para brindarles un servicio de seguridad adicional espuria, asignando personal policial para la custodia prácticamente exclusiva de esos establecimientos”, sostuvo Campagnoli.
Además de Potocar, el fiscal pidió el juicio para la comisionada mayor de la Policía de la Ciudad Susana Aveni (también como jefa de la organización), el comisario Marcelo Stefanetti y el subcomisario Alberto Codaro, estos últimos, como partícipes. Todos están excarcelados. Ahora debe resolver el juez Ricardo Farías.
Una primera parte de la causa ya fue elevada a juicio a mediados del año pasado con cuatro acusados: el suboficial escribiente Marciano Quiroga, el sargento 1° Adrián Otero, el sargento Sergio Ríos y el cabo Alejandro Malfetano. Pero la fecha del debate es una incógnita porque el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 16 se declararon incompetentes y la Cámara de Casación Penal debe dirimir la cuestión.
“Campagnoli no hizo las medidas de prueba que le pedimos: la declaración de los comerciantes que presuntamente fueron extorsionados. Esa prueba sigue sin hacerse a pesar de que también la ordenó el tribunal de alzada. En el juicio sí o sí deberán declarar. No estamos de acuerdo con la acusación de Campagnoli”, sostuvo el abogado Christian Poletti, uno de los defensores de Potocar.
Poletti explicó que la defensa se contactó con las supuestas víctimas, que ante escribano público declararon que no habían sido obligados a pagar a los policías, sino que habían aportado a “la cooperadora” de la seccional.
La causa tiene un prófugo: el comisario Norberto Villarreal, que era jefe de la 35ª cuando comenzó la pesquisa. Tiene pedido de captura desde el 2 de noviembre de 2016.
Según la investigación, no solo se les exigía dinero a comerciantes y a empresarios, sino que se extorsionaba a “trapitos”: les pedían 500 pesos por semana para dejarlos “trabajar” en Núñez.
“Desde la asunción de Villarreal como jefe de la seccional 35ª, en enero de 2016, hasta el día en que fue desplazado de esa jefatura (el 14 de septiembre de 2016), funcionó esta organización en la que –sin perjuicio de la existencia de otros miembros– Potocar y Aveni [exjefa de la circunscripción VII] se ubicaban en su estamento superior, y que se extendía, en el ámbito de la comisaría, a Stefanetti (2° jefe), Codaro (4° jefe), el suboficial escribiente Quiroga, el sargento 1° Otero, el sargento Ríos y el cabo Malfetano (integrantes de la brigada)”, afirmó Campagnoli en su requerimiento de elevación a juicio.
Sostuvo que Quiroga y Ríos eran los encargados de recaudar el dinero: “Según una asignación de tareas que habría sido coordinada por el comisario Villarreal, Quiroga se encargaba de recaudar entre los establecimientos del rubro gastronómico, en tanto que Ríos hacía lo propio con el resto de los locales comerciales y personas a las que se les cobraba”.
Sobre Potocar y Aveni, el fiscal afirmó: “La organización integrada por los procesados se mantenía gracias a la participación de quienes eran, en lo formal, los superiores jerárquicos de Villarreal: Aveni y –por encima de ella– Potocar. Estos últimos, además de organizar las maniobras con aquel, acometían acciones tendientes a asegurar el acatamiento de las órdenes que impartía Villarreal a su personal subalterno, al tiempo que brindaron una garantía de impunidad para que el sistema pudiera desarrollarse sin la injerencia ni el conocimiento de los organismos de control administrativos o judiciales. Al igual que Stefanetti y Codaro, Potocar y Aveni recibían de Villarreal su participación en el dinero producido a partir de las actividades de la organización ya descriptas”.
La causa comenzó a partir de una nota del sitio
www.precinto56.com.ar que denunciaba la existencia de una banda de ladrones comandada por autoridades policiales que actuaba ante la pasividad de Villarreal.
Luego se sumó una suerte de denuncia anónima aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación con detalles precisos de los comercios que pagaban a las autoridades policiales a cambio de una “seguridad privilegiada”. Se pudo dar con los autores del informe, un gendarme y un cabo de la comisaría 35ª, que declararon bajo juramento y ratificaron todo lo escrito. Hasta aportaron un video donde Villarreal organizaba la distribución de los “trapitos”.