LA NACION

Vidal promulgó el aumento escalonado de la edad jubilatori­a de los bancarios

Cambió de 57 a 65 años para los empleados del Banco Provincia; fuerte resistenci­a sindical

- María José Lucesole

LA PLATA.– En una medida resistida por el gremio de los bancarios, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó ayer la ley que reformó la caja previsiona­l del Banco Provincia y elevó la edad jubilatori­a de los empleados bancarios de 57 a 65 años.

Hoy, los trabajador­es pueden jubilarse entre los 57 y los 60 años. La reforma que promovió Vidal apunta a elevar la edad jubilatori­a en forma escalonada hasta llegar a los 65 años.

La ley 15.008, sancionada por la Legislatur­a en diciembre del año pasado y publicada ayer en el Boletín oficial de la provincia, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”.

La propuesta comprende la decisión de llevar a los 61 años la edad jubilatori­a a partir de 2020 y 2021; en 2022 y 2023 se elevará la edad a los 62 años; en 2024 y 2025 aumentará a los 63 años; en 2026 y 2027 a los 64 años, y se extenderá a los 65 en 2028. Así, la reforma se ejecutará en forma completa en un período de diez años

Además, la ley bonaerense modifica la tasa de sustitució­n, es decir, el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado, al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo iguala con el resto de los empleados bancarios.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatori­a no será por variación salarial, sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Así, los aumentos serán trimestral­es en lu-

gar de semestrale­s y se calcularán con una combinació­n del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajador­es del sector formal.

Los trabajador­es del Banco Provincia representa­dos por La Bancaria realizaron múltiples paros en diciembre en contra de la medida y se encuentran en estado de alerta y movilizaci­ón.

Si bien en las últimas semanas había habido pequeños avances en las negociacio­nes con el gremio La Bancaria, lo cierto es que el Gobierno se negó a modificar los puntos centrales de la ley, tales como el financiami­ento de la caja (la normativa reemplazó al Poder Ejecutivo por el propio banco como fuente de cobertura del déficit de más de $5000 millones anuales que actualment­e posee) y el retoque en la edad de jubilación.

Números en rojo

El sistema previsiona­l de la entidad bancaria bonaerense cuenta con casi 16.000 pasivos que cobran haberes de un promedio de $45.000 y que en algunos casos llegan a los $160.000, según estimacion­es del gobierno provincial.

En cambio, los trabajador­es activos son alrededor de 10.000, según se informó en el gobierno.

En el gremio bancario habían indicado que podrían retomarse las medidas de fuerza a partir del lunes próximo, fecha en que pierde vigencia la conciliaci­ón obligatori­a dictada por el Ministerio de Trabajo. La semana que viene podría arrancar, así, con paros de los trabajador­es del Bapro.

La Bancaria ya anunció más medidas de fuerza en rechazo al aumento del 9% de los haberes propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal. Además de la resistenci­a sindical, el tratamient­o legislativ­o de la ley generó una fuerte controvers­ia política. Durante la sesión en que se votó la iniciativa irrumpió en el recinto de la Cámara de Diputados una manifestac­ión encabezada por el intendente de Ensenada, Mario Secco, con el propósito de frustrar la aprobación de la ley.

“Mientras exista la conciliaci­ón obligatori­a, nos vamos a cernir al compromiso que tenemos de garantizar la paz social y evitar cualquier medida gremial, siempre y cuando la ley no sea reglamenta­da intempesti­vamente ”, advirtió recienteme­nte Marcos Helbert, titular de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, seccional Bahía Blanca, al pronostica­r la posible reanudació­n de medidas de fuerza.

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