Zaffaroni, juez o militante político desestabilizador
Resulta inadmisible que siga como magistrado de la CIDH un hombre que públicamente se expresa en contra de la democracia
E n un editorial de julio de 2003, advertíamos sobre los riesgos de que el entonces presidente de la Nación propusiera entre los candidatos para la Corte Suprema de Justicia a Raúl Zaffaroni, un hombre políticamente próximo al espectro ideológico de aquella administración. Decíamos que los jueces pueden tener, como todas las personas, una ideología, pero que cuando esa carga ideológica que pesa sobre un magistrado es demasiado intensa, cuando su adscripción a una determinada tendencia asume el carácter de una verdadera militancia pública, es inevitable que surjan dudas o sospechas acerca de su aptitud para ejercer la magistratura con el necesario margen de objetividad, imparcialidad y equilibrio.
El doctor Zaffaroni se manifestó públicamente en favor de que este gobierno se vaya lo antes posible “porque así –dijo– haría menos daño”, dudó de que finalice su mandato en 2019 y expresó que ese era su “deseo personal”. No hay mucho que interpretar para llegar a la conclusión de que los dichos del exjuez de la Corte no son inocentes. Forman parte de toda una corriente desestabilizadora que tiene a su representante más notorio en el kirchnerismo, asociado con sectores de izquierda que llaman a la violencia, a instalar el caos, como bien pudo apreciarse durante el debate parlamentario de la reforma jubilatoria.
Ayer, un abogado denunció penalmente a Zaffaroni por apología del crimen e incitación a la violencia colectiva. Un día antes, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclamó públicamente su renuncia a la CIDH. “De no hacerlo, la propia Corte Interamericana deberá tomar los recaudos necesarios para su remoción o arriesgarse a quedar manchada con la indignidad de uno de sus integrantes”, sostuvo la entidad mediante un comunicado.
Tanto para el Colegio de Abogados de la Ciudad como para el Gobierno y para muchísimos destacados representantes de la oposición política, del área académica y de la propia Justicia, los dichos del exjuez de la Corte exceden el ámbito de la libertad de expresión y de opinión, para transformarse en mensajes contrarios a la democracia y a los principios y valores republicanos. No hay salvedad que atenúe el exabrupto. Como ha dicho acertadamente el diputado Mario Negri, no existe distancia entre “los deseos [de Zaffaroni] de que este gobierno se vaya cuanto antes y la invitación a que lo empujen o lo desestabilicen”.
Entre sus declaraciones, el exmagistrado llamó, incluso, a “resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde y en el espacio que puede”. La única resistencia posible es esperar a que se cumplan los tiempos de la democracia. En 2019 habrá nuevamente elecciones: el instrumento privilegiado y único en una democracia para que se manifiesten todos los ciudadanos habilitados para votar.
Son requisitos esenciales para que una persona sea juez de la CIDH que su independencia, su imparcialidad y su actuación nunca afecten ni la dignidad ni el prestigio de su cargo. No es el caso de Zaffaroni. Ya antes de ser propuesto como miembro de ese tribunal internacional por el gobierno de Cristina Kirchner para el período 2016-2022, a Zaffaroni se le conocían varios procederes que fueron fuertemente cuestionados: la existencia de departamentos de su propiedad que terminaron siendo alquilados como prostíbulos, sus teorías abolicionistas del derecho penal y su propensión e increíble justificación para no pagar sus impuestos.
De sus sentencias antes de arribar a la Corte se recuerdan, con espanto, aquella oportunidad en que sostuvo que un auto robado, estacionado en la calle, era una cosa “perdida o abandonada por su dueño”, por lo cual quien se apoderaba de él no era una ladrón; que el sexo oral no constituía violación porque no era una forma de acceder carnalmente a la víctima y que ser abusado con la luz apagada era un atenuante para fallar contra el atacante de una niña de ocho años; que dos delincuentes que robaron a mano armada no tenían intención de hacer daño porque, como no efectuaron disparos, no se podría demostrar que los proyectiles eran aptos, o que un asalto perpetrado con un cuchillo no es delito porque un cuchillo no es un arma.
Habiendo comenzado a desempeñarse como juez de la CIDH, se pronunció públicamente en favor de Milagro Sala, de quien dijo que no robó, aunque pudo haber sido “desprolija”. Respecto de la detención de César Milani, jefe del Ejército durante el kirchnerismo, por secuestros y torturas, dijo: “El casting a veces falla, no hay nada que hacer”, mientras que alimentó y alentó la hipótesis de la desaparición forzada de personas en el caso de Santiago Maldonado, de quien llegó a decir que era el “Felipe Vallese del siglo XXI”: el dirigente metalúrgico secuestrado y desaparecido en 1962, y que la respuesta del Estado a la búsqueda del artesano le recordaba a Videla.
Siendo ya miembro del tribunal internacional, se ha mostrado ostensiblemente como asesor legal de la expresidenta Kirchner, a quien acompañó en un escenario tras haber declarado esta en Comodoro Py. Ello le ha valido denuncias por dedicarse a la militancia partidaria, por inmiscuirse en los asuntos judiciales y de política interna de nuestro país y de Brasil al asesorar profesionalmente a imputados de delitos de corrupción o de graves inconductas en el ejercicio de sus funciones.
También opinó que si el fiscal Nisman estuviera vivo, lo ahorcaría por haberlo obligado a leer varias veces la voluminosa denuncia contra la expresidenta Kirchner y varios de sus funcionarios por el memorándum con Irán.
Dijo, además, que se está dando en América Latina lo que él considera una nueva fase de colonialismo, a través del monopolio de la prensa, el genocidio por goteo, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la inexistencia del Estado de Derecho. Todos ellos, elementos que lo llevaron a predecir la caída del actual gobierno.
Lamentablemente, ninguno de esos inadmisibles comportamientos fue suficiente para que la CIDH hiciera siquiera un llamado de atención a Zaffaroni. Habrá que ver ahora qué actitud toma ese tribunal ante la clara postura antidemocrática de uno de sus miembros. No es esperable que renuncie de motu proprio. Sería un acto de dignidad al que nunca nos tuvo acostumbrados.