Buscan que los narcos paguen los operativos
Los condenados por drogas deberán asumir el costo de sus capturas
Cuatro presuntos narcos habían sido detenidos por la Gendarmería Nacional en un operativo en el cual se secuestraron más de 4000 kilos de marihuana. Estaban alojados en una dependencia de Eldorado, en Misiones. Pero ante la información de que sus cómplices iban a tratar de rescatarlos, el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió trasladarlos. Primero en helicóptero hasta Posadas y después en avión hasta Buenos Aires. Los costos del operativo ascendieron a $1.200.000.
El Estado busca ahora recuperar el dinero utilizado para investigaciones de delitos complejos, como el narcotráfico, y busca que los gastos de las causas judiciales sean pagados por los delincuentes condenados.
Así surge de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que instruyó a las cuatro fuerzas federales para que informen a las autoridades judiciales los “gastos incurridos en las tareas encomendadas en cada causa, a los que efectos de que sean contemplados en el momento de la determinación de las costas del proceso”.
Según informaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno, esa posibilidad figura en el Código Procesal Penal de la Nación, pero nunca se llevó a cabo.
“Cada gasto es una inversión que hace la gente. Que los condenados por delitos complejos se hagan cargo de los costos de los operativos e investigaciones es una manera de valorar el esfuerzo que hace la ciudadanía. Que el delincuente pague penalmente con una condena y también pague de su bolsillo”, sostuvo Bullrich.
Las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya fueron puestas en conocimiento de la decisión. Lo mismo sucedió con la Cámara Federal de Casación Penal.
El Ministerio de Seguridad de la Nación entregará a las fuerzas federales una “planilla base” con los ítems que intentarán cobrarles a los narcos, acusados de trata de personas, falsificadores de billetes y lavadores de activos, entre otros.
Entre los puntos por cobrar figuran: narcotest orientativo, custodia de vehículos, custodia de personas, custodia de domicilios, tareas de investigación, intervenciones telefónicas, peritajes contables, peritajes informáticos, peritajes fotográficos, rastreo y búsqueda de personas, análisis de la escena del crimen y peritajes sobre videos y análisis de imágenes.
Una vez que el costo del operativo esté definido se le enviará al juez a cargo de la causa una factura para que se tenga en cuenta en el momento de fijar el embargo preventivo sobre los bienes de los acusados.
“La intención es conseguir las medidas cautelares para en la sentencia definitiva poder cobrar las costas”, explicó Bullrich.
En el Ministerio de Seguridad saben que la iniciativa será resistida por las defensas de los narcos y otros sospechosos en investigaciones sobre delitos complejos.
El artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación establece que “las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido razón plausible para litigar”.
En el artículo 533 se explica que las costas son el pago de la tasa de justicia; los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. Es este el último punto que quiere hacer valer el Ministerio de Seguridad con la resolución 2018-49.
“Ante estas previsiones legales corresponde a las fuerzas federales y de seguridad, recuperar los gastos efectuados por las diferentes tareas de investigaciones o periciales, sean estas ordenadas por los órganos judiciales u obedezcan a tareas preliminares. La medida tiende a poner en equilibrio presupuestario las tareas de policía judicial como las de policía de prevención, dado que el aumento de la asignación de recursos para una afecta directa y proporcionalmente a la otra”, se afirmó en los considerandos de la resolución ministerial.
Según Bullrich y Nazareno hay otros países que cobran gastos de los operativos, como Chile. La agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), explicaron los funcionarios, también obtiene un porcentaje de los bienes decomisados a los narcotraficantes.
“Estos delitos, en los cuales la organización y la metodología tornan sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la determinación de la responsabilidad de cada uno, ponen en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento. Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el esclarecimiento de hechos criminales. Constituye un objetivo liminar [sic] de esta administración contar con mejor tecnología para lograr con mayor eficiencia en la captura y puesta a disposición del Poder Judicial de aquellos que cometen violaciones del ordenamiento jurídico”, se sostuvo en la resolución ministerial.