La polémica detonó el documento y un debate dentro del Club Político
En el seno del grupo de intelectuales cercanos al Gobierno se analizó pedir la renuncia de Triaca
El documento crítico que publicó anteayer el Club Político Argentino (CPA) sobre “costosas debilidades” en la calidad institucional del gobierno nacional se gestó a partir del caso Triaca. De muy buenos vínculos con la Casa Rosada, el grupo de intelectuales debatió incluso la posibilidad de pedir la renuncia del ministro de Trabajo, aunque finalmente prevaleció la idea de señalar en público la gravedad del tema.
“Sin duda que los delitos y abusos de la gestión anterior en dicho sindicato fueron muy graves –dice el documento sobre la intervención del SOMU–. Pero considerar que ello autoriza el nepotismo que practiquen funcionarios del Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar el privilegio de cumplir una función pública para nombrar parientes y amigos en las estructuras del Estado o donde él tenga gravitación, supone degradar el proceso de cambio institucional prometido”.
La fórmula elegida intentó dejar conformes a la mayoría de los socios de la institución, unos 400, entre los que se cuentan varios funcionarios y dirigentes del oficialismo, como el ministro de Cultura, Pablo Avelluto; el asesor presidencial Jaime Durán Barba; el diputado nacional Facundo Suárez Lastra; el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, y el director del programa Argentina 2030, Eduardo Levy Yeyati .
Avelluto y Durán Barba dieron la discusión interna en el proceso de elaboración del documento, confirmaron a la nacion socios que participaron de la redacción del texto. “Avelluto fue más moderado. Durán Barba justificó a Triaca y apeló a chicanas que no cayeron bien”, contó a la nacion uno de los socios.
Consultado por la nacion, Avelluto confirmó que intervino en la discusión que se dio vía correo electrónico. “Dije que Triaca había estado mal en haber maltratado a la empleada y en haberla nombrado en el sindicato, pero que aun en esa situación era muy importante contar con alguien como él en el equipo de gobierno. No venimos del país de la pureza y hay que mirar el sentido de las transformaciones que estamos haciendo”, señaló.
El funcionario reivindicó su pertenencia al CPA. “Es una institución muy democrática y me parece muy bien que manifieste su opinión”, dijo. Marcó, sin embargo, sus diferencias respecto del documento, en el que se cuestiona además la relación del Gobierno con los sindicatos y con los jueces federales, y se reclama por la independencia de la Oficina Anticorrupción.
“Es una visión injusta. El Gobierno ha dado señales más que claras de que las transformaciones que está haciendo no se mueven por cuestiones coyunturales”, argumentó. “Todos queremos ir más rápido, pero hay determinadas condiciones para avanzar”, dijo.
El documento lleva la firma de la comisión directiva del CPA, que integran Vicente Palermo (presidente), Guillermo Rozenwurcel (vicepresidente), Henoch Aguiar, y Guillermo Yanco, esposo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El caso Triaca se lleva varios párrafos. “El problema no es el comportamiento de Triaca, sino cómo reaccionó el Gobierno frente a la cuestión. El cambio institucional supone un cambio de reglas. Sin eso, no va a haber un cambio institucional”, dijo Palermo a la nacion. “Los dueños de los cargos son los presidentes. La decisión es del Presidente”, agregó, antes de aclarar que hablaba a título personal.
Con Macri
El politólogo encabezó el grupo de intelectuales que Macri recibió en su despacho el 23 de diciembre, durante su segunda semana en la Casa Rosada. Blanco habitual de comparaciones con Carta Abierta, en el CPA señalan que entre sus integrantes también hay dirigentes críticos del gobierno nacional. El grupo no volvió a reunirse con el Presidente. Ayer no hubo reacciones oficiales ante la publicación, al margen de las palabras de Avelluto.
El texto fue discutido previamente con muchos de los socios de la institución, entre ellos Ricardo Gil Lavedra, Graciela Fernández Meijide y Alejandro Katz. Los intercambios empezaron después de que se conoció la denuncia de Sandra Heredia, exempleada del ministro, pese a que varias actitudes del Gobierno habían generado críticas en la institución.
En esos intercambios la defensa más férrea del Gobierno y del propio ministro la ejerció Durán Barba. “Palabras más, palabras menos, preguntó quién no había tenido un empleado en negro alguna vez. Como usó un tono que cayó mal, después se retiró de la discusión”, detalló uno de los socios. La mayoría quedó conforme con la versión final.