Zaffaroni

La reciente manifestación del político Eugenio Zaffaroni, aspirando a reducir el tiempo del actual gobierno, actualiza las apreciaciones que el abogado Miguel Radrizzani Goñi hizo el 12 de julio de 2003. Dicho profesional, dedicado a la defensa de los derechos humanos, impugnó ante el Ministerio de Justicia la postulación del entonces penalista Zaffaroni como futuro miembro de la Corte Suprema “por falta de idoneidad”. “Zaffaroni no está habilitado para integrar el Tribunal”, pues prestó “juramento de fidelidad a doctrinas violatorias de los derechos humanos como la de la seguridad nacional, dio conferencias en el extranjero sobre derechos humanos siendo juez del Proceso y silenciando en forma absoluta la realidad de ese momento en nuestro país”, agregó Ra-

drizzani Goñi, un abogado que defendió a integrantes de la agrupación guerrillera Montoneros. Recordó entonces que en 1975, Zaffaroni fue designado juez federal con el “beneplácito” del exministro del tercer gobierno de Perón, y “a la sazón jefe de la Triple A”, José López Rega. En marzo de 1976, cuando el golpe militar instauró la dictadura, “Zaffaroni no renunció a su cargo y no solo continuó en sus funciones, sino que, ante la posibilidad de su relevo, negoció con el poder militar un cambio de jurisdicción pasando a ocupar el cargo de juez nacional de sentencia”. Para ocupar ese cargo, “todos los jueces debieron jurar por el “estatuto legal” que el régimen imponía, que no era más que la expresión jurídica y criolla de la doctrina de la seguridad nacional. Prestó juramento de acatarla pese a que anteponía las normas del Proceso a las de la Constitución y su sistema de garantías y derechos”, añadió el impugnante. Finalmente, Radrizzani Goñi califica a Zaffaroni como “un expositor de la doctrina de Hans Welzel”, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Bonn de 1939 a 1945, a quien atribuye “simpatías por el nazismo” y por “el derecho penal autoritario”. Zaffaroni es “un expositor y especialista en una doctrina ajena a nuestra legislación constitucional y partidario de la aplicación de una legislación penal autoritaria, incompatible con las garantías constitucionales. Es coherente con el juramento prestado a la doctrina de la seguridad nacional, más allá de las charlas que pueda dar sobre derechos humanos y derecho penal garantista”, concluyó Radrizzani Goñi en su impugnación ante la cartera de Justicia. Salvador María Lozada

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