Los arsenales del sindicalismo mafioso
Los hallazgos de armas de todo tipo en poder de gremialistas son una prueba más de la índole de sus intereses y la peligrosidad de su proceder
Pareciera habérsenos vuelto una extraña y peligrosa rutina el hallazgo de sorprendentes arsenales en poder de líderes sindicales acusados de graves hechos de corrupción. Las crónicas periodísticas los mencionan detallando el tipo de armamento como si se tratara de algo habitual y esperable en un sindicato. Y no debería serlo.
Desde ya que no todos los dirigentes sindicales son pistoleros, pero varios han sido y demuestran serlo, y entroncan con una larga y lamentable tradición del gremialismo argentino vinculada con la violencia armada y, también, con demasiada frecuencia, con el crimen, los barrabravas del fútbol y negociados de todo tipo.
En los casos que ejemplifican esta realidad, la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se vuelve mera excusa y simple fachada para ejercer el patoterismo, la presión como grupo de choque, la extorsión y la amenaza contra figuras rivales, empresarios y gobiernos. En ese contexto, los arsenales de estos dirigentes se vuelven peligrosísimos, pues se trata de bandas delictivas o mafias que se valen del gremialismo para medrar.
Un mes después de la detención del exsecretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez se descubrieron en el gremio seis pistolas semiautomáticas y proyectiles miniMagnum encamisados en cobre de punta hueca, de uso prohibido.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex Renar) informó que Suárez estaba autorizado a portar las pistolas. Los permisos se tramitaron durante el kirchnerismo a nombre de Suárez y de otros representantes del gremio.
Otro dirigente detenido fue Juan Pablo “Pata” Medina, factótum de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, luego de atrincherarse en la sede del sindicato durante ocho horas y amenazar con paralizar la provincia de Buenos Aires si iba preso.
La Justicia encontró en una de sus 40 propiedades un arsenal de pistolas, rifles, escopetas y balas, y en la sede platense de la Uocra se secuestraron bombas molotov y explosivos.
Mayor fue el arsenal que se le encontró a Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme). Por pedido de la Justicia argentina, Interpol lo detuvo en Uruguay. Además de varios millones de dólares, un zoológico privado y una flota de vehículos de alta gama, se le incautaron pistolas, revólveres, ametralladoras y una enorme cantidad de cargadores y balas.
Algo similar ocurrió con Humberto Arnaldo Monteros, titular de la Uocra de Bahía Blanca, a quien se le secuestraron armas, drogas y fuertes sumas de dinero en efectivo. Posteriormente, se hallaron bolsos cerca de un arroyo con una pistola ametralladora, dos carabinas, un rifle y una escopeta, que pertenecerían a ese dirigente.
A partir de estos hallazgos cabe suponer que algo semejante ocurre en otras sedes gremiales y domicilios de dirigentes, con lo cual nos encontramos ante verdaderos arsenales de los cuales ellos pueden echar mano en tiempos turbulentos como los que ha vivido la Argentina más de una vez desde el retorno de la democracia. También se corre el riesgo de que recurran a ellos para intentar preservar sus fortunas, sus privilegios y su libertad.
Los sonados casos que la Justicia ha descubierto y los que aún se encuentran en etapa de investigación deberían marcar el punto final de una forma de ejercer el sindicalismo, que olvidó la defensa de los trabajadores para incursionar en la política partidaria y luego corromperse a fuerza de negociados convirtiéndose en verdaderas asociaciones ilícitas o mafias bajo la fachada gremial. Los arsenales que ocultan constituyen una prueba más que revela la verdadera índole de sus intereses y la peligrosidad de su proceder.
La legítima defensa de los derechos de los trabajadores se vuelve mera excusa y simple fachada para ejercer el patoterismo, la presión como grupo de choque, la extorsión y la amenaza
Los hallazgos judiciales confirman la vieja tradición de parte del sindicalismo vinculada con la violencia armada, el crimen y los barrabravas