LA NACION

cae una red que traficaba datos secretos de la AFip

La Justicia allanó el ente recaudador y ordenó detener a siete funcionari­os por la venta de informació­n protegida; los acusados tenían en su poder US$6 millones

- Iván Ruiz Con la colaboraci­ón de Martín Kanenguise­r

Siete funcionari­os de la aFiP fueron detenidos ayer acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a vender datos del organismo tributario. La Justicia ya secuestró US$6 millones de dólares en más de 50 allanamien­tos realizados desde primera hora del día, informaron fuentes oficiales.

La investigac­ión, que llevó adelante la agencia Federal de inteligenc­ia (aFi) junto con la aFiP, detectó que un grupo de empleados del organismo tributario –del sector de informátic­a y Sistemas– habría vendido desde 2010 informació­n confidenci­al a través de las empresas Reportes online y aDS.

Estas empresas habrían oficiado de intermedia­rias para, después, ofrecer la informació­n a otras compañías más importante­s y hasta a algunos bancos, informaron fuentes oficiales a la nacion.

“Estos empleados ingresaban a la base de datos de la aFiP de forma remota para después filtrar la informació­n sin ser detectados”, explicaron en la aFi.

Fueron detenidos el empleado Sebastián Karamanian, apuntado por las autoridade­s como el supuesto ideólogo de esta maniobra; un agente de bolsa y dos empleados de la empresa aDS.

Los empleados de la aFiP involucrad­os en la maniobra serían Martín del Cuadro, Waldo Gil Roldán, alejandro aducci, Daniel Courmanian y Pablo Degano, informaron fuentes oficiales. El dueño de Reportes online, Leandro Rodríguez, permanecía prófugo hasta el cierre de esta edición.

En los 50 allanamien­tos, ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se encontraro­n US$6 millones en efectivo, agregaron las fuentes.

Hubo procedimie­ntos en la aFiP: ingresaron a la sede central de la autoridad fiscal, pero también en la Dirección Regional Sur. ahí encontraro­n, por ejemplo, que un empleado –fue demorado–tenía guardados US$20.000 dólares que habían sido escondidos dentro de un paquete de yerba.

Las fuerzas de seguridad también se presentaro­n en las casas de los empleados del organismo, en una financiera de la calle Salta al 1000 (en el barrio de Constituci­ón), en Reportes online y en distintas propiedade­s del country La Deseada, en Ezeiza.

Los operativos se ejecutaron en simultáneo ante el temor de que los imputados pudieran sustraer más informació­n sensible de la base de datos o hasta destruir los servidores que cuentan con informació­n secreta de todos los contribuye­ntes.

Los siete empleados de la aFiP que fueron detenidos tienen como principal caracterís­tica que ninguno ejercía un alto cargo dentro del organismo. “Eran empleados de categorías muy bajas que no llamaban la atención. Ni les conocíamos las caras. Ya tenían el negocio armado y no querían llamar la atención”, dijeron desde el organismo a la nacion.

El grupo de empleados de la aFiP acusados de conformar una asociación ilícita vendían informació­n, por lo menos, desde 2010 –momento en que Ricardo Echegaray era el jefe del organismo–, según detectó la unidad de auditoría interna de la autoridad fiscal.

El blanqueo

La investigac­ión se inició luego de que el diario Página 12 revelara en agosto del año pasado que Gianfranco Macri, el hermano del Presidente; alejandro Jaime Peña, un primo del jefe de Gabinete; y el empresario Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, entre otros, habían ingresado al blanqueo de capitales, que fue impulsado por el Gobierno.

Después de la publicació­n de esos datos, la aFiP presentó de inmediato la denuncia para que la Justicia investigar­a la filtración de esa informació­n que, en ese momento, implicaba los delitos de violación del secreto fiscal y defraudaci­ón. La difusión de la informació­n, incluso, motivó la renuncia del responsabl­e de la subdirecci­ón general de sistemas y telecomuni­caciones de la aFiP, Jorge Enrique Linskens.

El juez Canicoba Corral, a cargo de la investigac­ión, habilitó a la aFi para realizar tareas de inteligenc­ia que después de cinco meses terminaron por detectar la existencia de una banda que se habría dedicado a vender informació­n confidenci­al.

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Parte del dinero encontrado en una financiera investigad­a

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