Moyano tiene un plan B
Si la convocatoria que organiza para fin de mes en la 9 de Julio fracasa o si, lo más probable, es un éxito que el Gobierno desoye, Hugo Moyano tiene en mente un plan B. La idea, ya conversada en la intimidad, se basa en un supuesto propio: lo único que se puede hacer frente a una embestida de Macri es doblar la apuesta. “Si titubeás o vas para atrás, te pasa por arriba”, suele decir. Un camión raramente retrocede. El plan que prepara tiene cierta sofisticación: intentará parar todas las rutas del país, pero no mediante los clásicos piquetes o, como ocurrió en 2008 en el conflicto agropecuario, el cruce de camiones, sino alentando a los choferes a circular a muy baja velocidad. El ardid los dejaría incluso exentos de sanciones. ¿Cuánto caos serían capaces de provocar camiones a 10 km/h por la Panamericana o, peor aún, por rutas mano y contramano de un solo carril? “No van a alcanzar Gendarmería y Prefectura para repartir la mercadería”, analizó ante un la nacion referente sindical.
La relación con el Gobierno se espesó casi sin retorno. Es imposible que Hugo y Pablo Moyano no vean la mano de Macri en cada uno de los avances de la Justicia sobre Camioneros, Independiente y OCA, la empresa a la que le han prestado casi la dedicación de un propietario. Independiente es un infierno de rumores. Molesto con la situación, Fabio Fernández, tesorero del club y dueño de la cadena gastronómica Pertutti, pidió anteayer licencia. Dice que no quiere firmar los errores de otros. No lo acusa a Moyano, pero sí a su exchofer Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de la institución.
Incluso si lo quisiera, para la Casa Rosada tampoco sería fácil retrotraer las cosas. Primero, por la dinámica institucional: las causas contra Moyano han sido forjadas con datos que aportaron organismos profesionales, como la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y oficinas extranjeras de lucha contra el lavado, y bancos locales e internacionales hasta 2015 reacios a contribuir. Fue el primer efecto global de Macri: Occidente no confiaba en el kirchnerismo. El Presidente tiene además otros dos argumentos para no ceder: necesita que un disciplinamiento gremial redunde en una paritaria acorde con las metas de inflación y, por otra parte, siempre reporta beneficios enfrentarse con el sector peor calificado por la sociedad.
Planteará entonces, a falta todavía de resultados económicos tangibles, una pelea contra las “mafias de la Argentina del pasado”. La ejercerá en varios frentes, uno de los cuales vuelve a involucrar a Moyano: el fútbol. Desde la cárcel, Pablo “Bebote” Álvarez, líder de la barra brava de Independiente, habló esta semana de lo más visible del asunto, que es el viaje de barrabravas al Mundial. En una entrevista con Gustavo Grabia en TyC Sports, negó haber apretado a Ariel Holan, DT del club, para conseguir fondos. “Es una colaboración y, como se lo dije a Holan o a cualquiera que le pido una colaboración, no tiene obligación. Si quiere, colabora y si no quiere, no”. Álvarez venía preparando el viaje hacía tiempo. En julio de 2016, durante un encuentro de 500 hinchas en Esmirna, Turquía, al que había ido invitado por la organización Football Supporters para exponer sobre el vínculo entre el poder, la política y las barras sudamericanas, se lo planteó al periodista Pablo Carroza, del diario Perfil. Le anticipó que contaba con la ayuda de Robert Ustian, referente de la hinchada del CSKA, de Rusia, que a través de un traductor acababa de ofrecerle “una mano” con el viaje a la Copa del Mundo. “Ya arreglé para ir a verlo a Rusia dentro de un año y medio”, dijo, y acaso se excedió en revelaciones: “Vamos a aliarnos con ellos para pelear contra los hooligans”.
Impedir que barrabravas argentinos vayan a Rusia será para el Gobierno el primero de una serie de desafíos. Si no logra evitarlo, tampoco cumplirá otro objetivo pensado para después del Mundial: el regreso de los hinchas visitantes a las canchas después de tres años. No es sencillo porque en la AFA no se ponen de acuerdo. El miércoles lo discutieron los 26 miembros del consejo directivo de la Superliga. Por Boca estaba Damián Richarte, vicepresidente 3°; por River, Jorge Brito hijo, vicepresidente 1°. Los clubes grandes ven algunas dificultades. No solo porque tendrán que dejar de vender tribunas en condición de local, sino porque volverá la presión de barrabravas por ómnibus y entradas para los partidos de visitante. Hasta ahora, la única salida que plantearon es un proyecto que quieren llamar “Tribuna segura”: un espacio neutral al que los hinchas podrían acceder, probablemente sin banderas ni colores del club, luego de que sus datos fueran entrecruzados y revisados.
El Gobierno dice haberse decidido a avanzar sobre los violentos, muchos de los cuales están enquistados en las entrañas de la política. Como casi siempre en estos temas, lo más grotesco ocurre en el conurbano. El lunes 6 de noviembre, durante un operativo ordenado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), la policía detuvo a Leandro “Chachi” Meza, líder de la hinchada de El Porvenir, por presunto apriete a jugadores del club. Meza se había subido ese fin de semana al ómnibus que trasladaba al plantel a jugar con Sportivo Italiano y les dejó un mensaje: “Si no ganan van a tener novedades”, dijo. Este cultor de sutilezas venía siendo ya un problema para Cambiemos. Entre otros motivos porque todos los días, de 8 a 15, pintaba señales de tránsito en Lanús, intendencia de Néstor Grindetti. “Es el mejor pintor de sendas peatonales del municipio”, dicen sus jefes. Una semana después de la detención, Grindetti incluyó en el convenio colectivo de los municipales una sugestiva cláusula: todo empleado que tuviere un comportamiento inapropiado en una tribuna podría ser sancionado en su trabajo. Así lo indica el acta N° 8 de la paritaria, que firmaron José Ohrnialian y Jorge Rey, asesores del Gobierno, y Miguel Pedelhez, representante del Sindicato de Trabajadores de Lanús.
Hay muchos casos como ese, en general heredados de viejas administraciones. Le pasa también a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, con Eduardo “Cacerola” Aballay, hincha de Los Andes y Boca.
Combatir las tendencias que muchos de estos empleados alientan en sus ratos de ocio supone a veces atentar contra la propia estructura de quien ejerce el poder. E involucrar a la contraparte, los dirigentes de fútbol, muchos de los cuales son empresarios o afines a Cambiemos. En los clubes se defienden. Afirman que el negocio de un dirigente de fútbol no pasa por los barrabravas, de los que son rehenes y, a veces, hasta vecinos.
Con el kirchnerismo debilitado y el PJ en receso, esta pelea podría devolverle al Gobierno significativas adhesiones. Pero serán altos los costos y enormes los escollos. La limpieza del fútbol es desde hace décadas una promesa incumplida, en general porque la misma corporación que promete el cambio se encarga al mismo tiempo de incumplirla. Y a veces con el método del camionero a 10 km/h: demorar puede ser mucho más efectivo que bloquear.