El Gobierno sigue haciendo uso de los “superpoderes” presupuestarios Atajo legal

alteración. Según un informe, modificó los recursos asignados en los últimos dos ejercicios

Los superpoderes presupuestarios, una herramienta de la que el kirchnerismo hizo uso y abuso durante su gobierno para el manejo arbitrario de los recursos públicos, no perdieron su vigor durante la gestión de Mauricio Macri. Al contrario: en 2016, el Gobierno modificó en un 41,1% el presupuesto de ese año, mientras que en 2017, si bien bajó sustancialmente ese porcentaje, cruzó el umbral que impone la ley que limita el uso de los superpoderes.

Un pormenorizado informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre la discrecionalidad presupuestaria entre 1994 y 2016 sostiene que por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decisiones administrativas del jefe de Gabinete, el Gobierno incrementó en un 41,1% el crédito original del presupuesto que aprobó el Congreso.

“Entre 1994 y 2004 las modificaciones representaron el 5,5% del crédito original, y entre 2005 y 2016 el 24,3%, siendo 2016 el año que presenta el porcentaje más alto de la serie (41,1%). El promedio general del período fue de 14,9%”, es la principal conclusión del informe.

Hay un atenuante que explicaría este porcentaje. Se trata del presupuesto del primer año de gestión de Macri, el cual había sido diseñado por el gobierno saliente de Cristina Kirchner. La administración macrista le introdujo, efectivamente, numerosas modificaciones a lo largo de 2016 para calzarlo en su idea de gestión. Además, el aumento de la inflación, que en 2016 rondó el 40%, podría explicar, al menos en parte, la cuantía de las modificaciones presupuestarias.

¿Qué sucedió en 2017? El Gobierno modificó al menos en un 10% la pauta original del gasto, indicó el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador). “Si bien el resultado es mejor que en años anteriores, lo cierto es que el gobierno de Macri, al igual que Cristina Kirchner en su momento, sigue apelando a los DNU para modificar arbitrariamente y sin aval del Congreso los créditos originales del presupuesto”, advirtió.

En diciembre pasado, el Gobierno incrementó en un solo decreto los gastos corrientes y de capital en $202.026 millones. Este solo monto implicó el 8,3% del total del crédito presupuestario.

En 2016, en un intento de mostrarse como la contracara del kirchnerismo y dotar de control el manejo de los recursos, el oficialismo aprobó en el Congreso la ley 27.342, que impone límites al uso de los llamados superpoderes presupuestarios. En efecto, con esta norma, el jefe de Gabinete mantenía la facultad de realizar reasignaciones presupuestarias, pero estas no podían superar el 7,5% para el ejercicio 2017 y el 5% para el ejercicio 2018 y los siguientes.

Aquí surge una discusión. El oficialismo insiste en que el año pasado cumplió acabadamente el límite del 7,5%, pues el desvío presupuestario solo representó el 2,8% del total. La oposición retruca: este porcentaje no toma en cuenta los DNU, sino solo las decisiones administrativas del jefe de Gabinete. “Con los DNU, el desvío presupuestario supera el 10%”, insiste Lavagna, para quien resulta imperativo modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, la herramienta predilecta de los sucesivos gobiernos para esquivar al Congreso.

Así lo corrobora la investigación de la ASAP: “El 63% de esas modificaciones totales (entre 1994 y 2016) fue aprobado por DNU, evidenciándose así la significativa trascendencia de esta figura como herramienta para alterar el nivel anual de créditos decidido por el Congreso. Asimismo, se resalta que entre 2005 y 2016 el monto de estas modificaciones resueltas vía DNU representó el 15% (promedio) del presupuesto de sanción, mientras que entre 1994-2004 fue solo del 3%”.

Más allá de las discusiones del caso, lo cierto es que la Argentina lidera el ranking de modificaciones presupuestarias en la región. En su informe, la ASAP comparó el caso argentino con el de Brasil, Colombia, Chile y México en cinco cortes temporales diferentes dentro del período del estudio. “La Argentina presentó el promedio de modificaciones más alto de los países relevados (17,1%), encontrándose más del 40% por encima de la media (10,7%)”, asevera el informe.

Otro dato interesante es qué jurisdicciones fueron las más beneficiadas con la reasignación discrecional de recursos. Según la ASAP, solo tres jurisdicciones recibieron el 55% del monto total modificado: el Ministerio de Trabajo (25%); servicio de la deuda pública (16%), y obligaciones a cargo del Tesoro (14%). La mayoría del monto asignado al Ministerio de Trabajo correspondió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).