Polémica por la prórroga para sumar medidas de seguridad a los autos 0 km

El Gobierno postergó por dos años la obligación de introducir el control de estabilidad; fuertes críticas de las organizaciones viales

Irónicamente, la decisión se oficializó unos días antes de Navidad, en la semana en la que el tránsito en las rutas argentinas ya comienza a intensificarse gracias a aquellos que pueden anticipar su descanso y sumar unos días más a la primera quincena de enero.

Mediante la disposición 635-E/2017 y un acta anexa, el Gobierno y las automotrices acordaron prorrogar por dos años –estaba prevista para comenzar en enero pasado– la obligación de incluir en fábrica en los nuevos modelos el control de estabilidad (ESP, por sus siglas en inglés), entre otras medidas de seguridad. Se trata de un dispositivo de seguridad activa –interviene antes de un eventual accidente– fundamental, porque es capaz de frenar individualmente cada rueda para evitar los derrapes (ver aparte). A partir de 2022, todos los autos deberán tenerlo.

La decisión tomada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (depende del Ministerio de Transporte), el Ministerio de Producción, la Asociación de Fábricas de Automotores y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores fue muy criticada por las organizaciones de seguridad vial. Tanto el Gobierno como las empresas la defendieron con el argumento de que es una consecuencia de “la convergencia regulatoria” con Brasil y Uruguay, que también prorrogaron esa decisión a 2020.

“Hay una sola forma de definir tal decisión: es vergonzosa”, afirmó a la nacion el ingeniero Fabián Pons, director del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam). “Estamos alineados con Brasil para ver qué país es más retrógrado. Estos acuerdos de escritorio se llevan puestos cientos de vidas. Se trabaja muy finito en ciertas cosas, pero se permite hacer autos sin ESP”, dijo.

“Para mejorar la seguridad vial hay un factor humano, de entorno y de vehículos. En este último estamos atrasados 13 años con Europa”, dijo Pons, y agregó que el costo del control de estabilidad es “despreciable”, de US$ 70 por unidad. “Los dispositivos más importantes de seguridad son el ABS, ya obligatorio, y el ESP, que desde 2000 salvó muchas vidas. La decisión no resiste el menor análisis”, agregó.

“El Gobierno debería haber antepuesto la seguridad de entre 1 y 2 millones de argentinos que en los próximos cuatro años comprarían un nuevo vehículo (...) frente al interés económico de unos pocos”, dijo Alejandro Furas, secretario General de Latin NCAP, organismo que hace las pruebas de choque en la región.

Según el acta acuerdo, el ESP será obligatorio para todos los modelos nuevos desde el 1° de enero de 2022; el apoyacabeza por plaza para nuevos modelos, desde 2019, y para todos, desde 2020, y el cinturón tres puntos para la plaza trasera en todos los modelos, desde enero de 2020.

“Se armonizó con Brasil y Uruguay, que lo tenían previsto para 2020”, dijeron en las empresas. “Lo que se prorrogó es solo para los nuevos modelos que se homologuen a partir de este año. Era mínimo el alcance. Estuvo mal explicado. Lo importante es que todos tendrán que tenerlo en 2022, algo que no estaba previsto”, agregaron.

“La razón de esta prórroga a 2020 para la implementación del ESP para los nuevos modelos radica en una necesidad regional de hermanar medidas para optimizar su ejecución”, estimaron en el Ministerio de Transporte. El mismo argumento usaron en Producción.