Una mano negra en el conflicto de los transportistas

Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad lo desquician hoy extorsionando a las autoridades públicas

La violencia ejercida por transportistas de granos autoconvocados en los últimos diez días excede los límites de una protesta legal; es parte de la misma anarquía social que impide bajo cualquier pretexto el desplazamiento de personas y vehículos en los centros urbanos y condena el uso legítimo de la fuerza por agentes policiales o de seguridad contra delincuentes captados in fraganti.

El que no quiere ver ni oír, y desdeña los postulados sobre libertad de trabajo, de comercio y de tránsito consagradas por la Constitución nacional, o desatiende las evidencias de la opinión mundial de que es difícil invertir en un país con desorden epidémico y costos internos irrazonables, se constituye en cómplice de la Argentina encapuchada. Y condena a sus hijos a vivir en un país que se ha ido desplazando hacia la mediocridad en los últimos 70 años.

Los transportistas que han actuado como mafia atacando vehículos detenidos y en movimiento, volcándoles los granos producto del trabajo y de la inversión de otros están libres para seguir imponiendo la fuerza. Ellos mismossonpropietariosdecamionesque pararon las actividades en reclamo de una tarifa única para el transporte de la mercadería por el país. Ni son trabajadores en relación de dependencia ni integran alguna de las dos entidades gremiales del sector.

La discordia de la semilla violenta está sembrada por doquier. Cuenta con teóricos que la apañan, como quedó comprobado en medio de las manifestaciones de ira descontrolada de fines de año contra el regular funcionamiento del Congreso de la Nación. Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad progresista de verdad lo desquician hoy a fin de presionar a las autoridades para que se les pague por el transporte lo que ellos entienden justo.

Olvidan el valor de la libre contratación, que suele ser violentado en las actividades rurales de forma tan inaudita que los camioneros entran en campos para exigir que el traslado de un lugar a otro de los granos o hacienda se realice según sus intereses.

El material rodante para la carga de granos no es precisamente de última generación como promedio. Peor aún, hay desinterés generalizado de sus propietarios en agregar a las unidades un eje más, con lo cual no solo podrían aumentar el peso de la carga y disminuir así hasta un 18% el costo de los fletes, sino también contar con más superficie de apoyo de los camiones para que haya menor daño del que desaprensivamente causan en las rutas. El valor por el traslado de maíz desde Salta hasta alguno de los puertos del área rosarina representa el 45% del valor bruto del cereal; desde Río Cuarto, el 31%. Un estudio de FADA, de 2016, documentó que el campo gasta anualmente 48.500 millones de pesos en fletes, o sea, el 14,5% como promedio de sus costos.

El conflicto debe resolverse en el ámbito del Ministerio de Transporte. Su titular, Guillermo Dietrich, ha amenazado con iniciar acciones penales contra quienes están delinquiendo, al perturbar el trabajo y el comercio y, en ciertos casos, produciendo daños inequívocos, como al volcar granos en caminos. Las bolsas de cereales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos han exigido en igual sentido garantías de circulación. Lo llamativo es que ninguna autoridad judicial haya dispuesto actuar de oficio.

¿Quién va a pagar por el tiempo ocioso de buques que esperan la carga para salir a alta mar? ¿Quién se hará cargo de los perjuicios que se causan a la industria de la alimentación o en la crianza de animales? ¿Quién compensará al Estado por las pérdidas consiguientes en los ingresos que provienen del comercio exterior?

Es de práctica anual que en febrero y noviembre los productores, acopiadores y transportistas agrupados en organizaciones debidamente reconocidas acuerden, frente a la autoridad gubernamental, las tarifas orientativas para el ciclo. En eso se está. Deseamos que primen el sentido de la responsabilidad y el diálogo y la conciencia de que los costos internos son de por sí abrumadores para el campo.

Si hay un acuerdo oficial a la brevedad y la violencia de estos días persiste, no hay dudas de que una mano negra, bien negra, estuvo conspirando contra la estabilidad institucional, ya jaqueada por otros lados.