LA NACION

Ponzio, entre los argentinos acusados de un arreglo

La Justicia española le asigna un rol central; el 5 buscó al abogado de Messi

- Carlos Delfino

El mundo River se vio sacudido por una impactante noticia en las últimas horas. Su capitán, Leonardo Ponzio, está procesado por la Justicia de España junto a otras 32 personas por el supuesto arreglo de un partido cuando jugaba en Zaragoza, hace siete años. El hecho fue revelado por el diario El País y el mediocampi­sta aparece junto a otros futbolista­s –entre ellos nicolás Bertolo (hoy en Banfield) y Leonardo Franco–, más dirigentes del club en el que se desempeñab­a. A Ponzio se le adjudica un rol central y por eso es el único de los argentinos que debería viajar a España a declarar. Franco está allá y Bertolo podría hacerlo en una videoconfe­rencia.

El partido supuestame­nte arreglado se disputó en la última fecha de la Liga, ante Levante, el 21 de mayo de 2011. Allí, Zaragoza se impuso por 2-1 como visitante y con esa victoria mantuvo la categoría. El entonces fiscal anticorrup­ción, Alejandro Luzón, señaló a Ponzio como “uno de los principale­s urdidores (organizado­res)” del supuesto arreglo. Leo era, junto a Gabi (actualment­e en Atlético de Madrid) y Jorge López, referentes del equipo. La investigac­ión comenzó con la denuncia de Javier Tebas, presidente de La Liga, luego de charlar con Augusto Lendoiro, presidente en aquel momento de Deportivo La Coruña, equipo que finalmente perdió la categoría en ese torneo.

Ante la situación de Ponzio, apareció como su abogado Juan de Dios Crespo, ya conocido en la Argentina porque es uno de los más reconocido­s juristas a nivel internacio­nal en el ámbito del derecho deportivo. Fue él quien llevó adelante la defensa de Lionel Messi en una sanción de cuatro partidos que le impuso la FiFA por insultar a un árbitro durante un partido entre la Argentina y Chile, y logró bajarla a solo un juego.

La causa que involucra a Ponzio había sido archivada en 2017, pero se reabrió el 25 de enero pasado tras un recurso de apelación, y se estima que el juicio oral será en seis meses.

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