La indiferencia social aleja el tema de la agenda política
En agosto de 2016 más de 40.000 rosarinos marcharon bajo el lema Rosario Sangra, una manifestación pacífica y sin banderas políticas que tuvo un fuerte impacto. En silencio, la multitud expresó el hartazgo de la población ante un problema endémico, con una tasa de homicidios que ese año llegó a 14,5 cada cien mil habitantes, el doble que la media del país. En medio de una fuerte presión social, el Ministerio de Seguridad de la Nación –tanto bajo la gestión de Cristina Fernández como con Mauricio Macri– firmó un convenio con Santa Fe para la puesta en marcha de un plan coordinado entre fuerzas federales y provinciales. Desde abril de 2014 hubo cuatro desembarcos de Gendarmería en Rosario, ante sucesivas crisis de seguridad.
Al último acuerdo antecedió un fuerte tironeo entre la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Miguel Lifschitz. Los planes de la titular de la cartera de Seguridad eran de máxima: intervenir la policía de Santa Fe, una fuerza atravesada por la corrupción y la connivencia con el narcotráfico y la incapacidad para enfrentar el problema. Actualmente está siendo juzgado el exjefe de la Policía de Santa fe Hugo Tognoli por sus vínculos narcos. “Hay que llegar hasta el hueso”, dijo Bullrich en aquel momento a la nacion. Para imponer ese plan, la ministra no tenía entonces la espalda política que tiene hoy.
“Se hace complicado investigar al narcotráfico en Rosario. Siempre nos topamos con una escena similar. Cuando empezamos una investigación sobre un búnker o un quiosco de drogas aparece un patrullero. Automáticamente se termina el seguimiento porque todos están avisados”, relató un agente de inteligencia de Gendarmería.
Lifschitz buscó otros interlocutores en el Gobierno, como el ministro del Interior Rogelio Frigerio, y logró evitar que se impusiera esa medida que consideraba “drástica” y que debilitaría su gestión, a la que llegó tras ganar las elecciones en 2015 por apenas 1776 votos frente al candidato de Cambiemos Miguel Del Sel, actualmente de temporada teatral con Midachi.
Esa multitud que marchó el agosto de 2016 por las calles de Rosario para expresar su hartazgo tuvo su detonante con el crimen de Nahuel Ciarroca, de 28 años, quien fue asesinado el 14 de agosto de 2016 en Amenábar y Dorrego cuando le robaron el celular camino a la casa de sus padres. Este asesinato originado en un hecho de inseguridad colapsó la paciencia de una multitud que marchó desde los tribunales hacia la sede de la gobernación de Santa Fe en Rosario. Al final de ese año los crímenes se redujeron un 20 por ciento al bajar de 224 en 2015 a 180 en 2016. El año pasado la tendencia siguió hacia la baja: se cometieron 162 homicidios en la zona metropolitana de Rosario.
El recrudecimiento de la violencia extrema en Rosario en 2018 parece alejar los resultados de esas estadísticas de la realidad. O quizá lo acercan a otra: en los 29 asesinatos que se cometieron en 40 días se usaron armas de fuego de grueso calibre. Más de la mitad de los homicidios están vinculados a la guerra del barrio La Tablada, donde se baten los clanes Funes y Caminos.
El rebrote de asesinatos está encapsulado en el barrio La Tablada, histórico enclave de trabajadores de la industria frigorífica y de pymes metalúrgicas hace cuatro décadas. Esta nueva crisis de seguridad no provocó hasta ahora una demanda social como afloró hace poco más de un año y medio. El problema tampoco acapara la agenda política en Santa Fe. “Lo que vivimos no es una ola de asesinatos. Es una saga de venganzas en la que el juicio de Los Monos es parte de este entramado”, interpretó ayer Lifschitz.
“Estos crímenes no generan adhesiones simbólicas en la población sino todo lo contrario. No son vistos como víctimas, por lo tanto no hay una apropiación política de este tema como ocurrió en otro momento”, señaló el criminólogo de la Universidad Nacional del Litoral Gustavo González. Apoyados en cierta indiferencia social los principales sectores políticos son espectadores del crudo escenario.
“Hasta la policía parece apartada. Llega después de que los crímenes se consumaron y junta los cadáveres”, deslizó un fiscal de la Unidad de Homicidios.
Los funcionarios nacionales y provinciales coinciden en que estos dos clanes no son organizaciones con estructuras sólidas y poderosas en materia de venta de drogas, como lo fueron Los Monos. “Son muy jóvenes, en su mayoría adictos y violentos, que utilizan soldaditos sin experiencia para salir a matarse”, señaló un fiscal.
Bullrich, aseguró que “están identificados los puntos de venta y los búnkeres, pero existen demoras en la Justicia Federal para autorizar los allanamientos”. Su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también cargó contra la Justicia. En diciembre se otorgaron –según las autoridades santafesinas– 1504 salidas transitorias.
El rebrote de asesinatos está encapsulado en el barrio La Tablada