Benoît Battistelli

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

Las puertas del ascensor se abren en el sexto piso, y conducen a un laberinto de pasillos largos y gastados iluminados por la luz blanquecina de tubos fluorescentes. Al avanzar se van viendo puertas entreabiertas de oficinas con muebles ochentosos, algún rincón con expedientes apilados, y finalmente, una pequeña recepción. Es la sede central del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La puerta tras la recepcionista se abre, y sentado en un sillón capitoné de pana verde está nada menos que el Benoît Battistelli, presidente de la EPO (Oficina Europea de Patentes, por sus siglas en inglés). A sus espaldas tiene una ventana de tres paños que a duras penas contiene el bullicio de Paseo Colón.

Battistelli, que dirige desde julio de 2000 esta organización de 7000 empleados y 2200 millones de euros de presupuesto, vino a Buenos Aires para firmar un Memorandum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) entre la EPO y el INPI, y explica la importancia de las políticas de PI (propiedad intelectual) y su impacto en el desarrollo de los países.

–¿Qué es la Oficina Europea de Patentes y cuál es su función? –Es una organización independiente compuesta por 38 países miembros. Tenemos acuerdos especiales con otros países, con lo cual una patente otorgada por la EPO protege una invención en un mercado de 700 millones de personas. Nos hemos convertido en una de las oficinas más grandes del mundo y de los 7000 empleados, 4500 son ingenieros o científicos. Nuestra sede central está en Munich, Alemania y tenemos oficinas en los Países Bajos, Bélgica y Austria. Nuestra tarea es otorgar patentes (no tenemos competencia para registro de marcas o diseño) y anualmente procesamos 170.000 solicitudes y otorgamos 96.000 patentes. La mitad de las solicitudes provienen de países no europeos. Nuestros principales clientes son compañías de Estados Unidos. –La patente de una de las primeras máquinas de coser a mediados de 1800 era unas líneas y un dibujo. Hoy la ciencia ha evolucionado logarítmicamente, y su espectro abarca áreas nuevas como inteligencia artificial, nanotecnología o ingeniería genética. ¿Cómo afronta su organización este desafío? –Sí, efectivamente, es un desafío. Recibimos cada vez más solicitudes y son cada vez más complejas. Cada una es analizada no por uno sino por tres profesionales de diferentes áreas; encaramos esta complejidad con una metodología multidisciplinaria. –Usted dijo que la EPO es una organización independiente. ¿Cómo se financia? –Exclusivamente con los aranceles de solicitud y mantenimiento de patentes. Los aranceles son fijos sin importar el área ni el solicitante, y se pagan progresivamente a medida que avanza el proceso. En promedio, una patente cuesta 25.000 euros, de los cuales 5000 son para EPO y 20.000, para el abogado que redacta los documentos de la patente. –La mayoría de las patentes provienen de países ricos, y eso podría significar elevar la desventaja para los países menos desarrollados, ¿tiene la EPO consideraciones sobre este tema? –Tomando el ejemplo de los medicamentos, sabemos que la inversión promedio que requiere encontrar una molécula nueva es de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿Quién invertiría semejante cantidad de dinero si no estuviera seguro de que obtendrá un retorno sobre la inversión, y que no le garantizarán que será el único habilitado para explotar esta invención por un lapso de tiempo [máximo 30 años]? Si no otorgáramos esta protección nadie invertiría en desarrollar medicamentos. Además, en la Declaración de Doha hemos concedido excepciones, por ejemplo ante riesgo de pandemia, mediante la figura de la licencia obligatoria, por la cual un país con riesgo humanitario puede pactar un precio con la empresa dueña de la patente. De hecho, en África no hay ninguna patente que impida la distribución de medicamentos para el SIDA. Es un problema del sistema de salud global organizarse para que lleguen los medicamentos a zonas remotas. –Usted vino a Buenos Aires para firmar el MOU con el INPI, ¿en qué consiste el acuerdo? –Estoy aquí con un propósito más amplio. Por muchas razones yo diría que la Argentina no ha desarrollado sus capacidades de IP en comparación con otros países latinoamericanos, como México, Brasil, y hasta países más pequeños como Colombia y Chile. El número de patentes y solicitudes es muy bajo y creo que está muy por debajo del potencial de una economía como la argentina. Con este gobierno y esta nueva orientación en materia de política económica, claramente el tema se convirtió en una prioridad. Por eso, consideramos que el país está de vuelta en lo que respecta a IP. Y estamos dispuestos a ayudarlo a desarrollar su capacidad en este campo, a ayudar en la actualización y modernización de su organización con el objeto de incentivar y desarrollar la innovación. Venimos trabajando en un acuerdo de cooperación que contempla desde entrenamiento de examinadores de patentes hasta apoyo técnico para establecer nuevas reglas, lineamientos y marco regulatorio. El acuerdo permitirá que el INPI utilice e implemente aplicaciones y herramientas desarrolladas por nosotros. Conversamos desde hace un año, y el memorándum refleja el acuerdo alcanzado en un punto técnico en particular: el sistema de clasificación de documentos. En la EPO desarrollamos un esquema de clasificación que se convirtió en el estándar mundial. Es utilizado en más de 40 países. El de ahora es solo un paso, esperamos también firmar un segundo acuerdo a fines de este año que en la EPO se conoce como Enhanced Cooperation Program (un programa para una cooperación reforzada) entre ambas organizacines. –¿Cómo ve la situación actual de la Argentina? –La Argentina está implementando reformas dirigidas a convertirse en una economía más amigable para los negocios. Creo que esta es la dirección correcta, que estos cambios serán muy positivos y que atraerán más inversión extranjera. Las nuevas políticas en IP serán claves ya que los inversores le asignan una alta prioridad a la capacidad de un país para proteger la propiedad intelectual a la hora de tomar decisiones. Además, la Argentina está trabajando para ser miembro de la OCDE, y unirse a la OCDE implica firmar acuerdos de IP como el Tratado de Madrid sobre registro de marcas y el de La Haya, sobre registro de diseño. Por eso, estaríamos dispuestos a concederle a la Argentina el mismo privilegio de cooperación que le hemos otorgado a otros países como China y México.