LA NACION

Colombia, con pocas espaldas para sostener sola la crisis

Los analistas advierten que el gobierno de Santos deberá pedir la colaboraci­ón regional para cubrir la llegada de los venezolano­s

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BOGOTÁ (El Tiempo/GDA).– En menos de una década y sin estar preparada para ello, a Colombia le llegó una oleada de inmigrante­s que supera la población de capitales como Bucaramang­a o Ibagué. Solo por puntos fronterizo­s legales, se calcula que son cerca de 600.000 los venezolano­s que cruzaron la frontera huyendo de su patria por cuenta de la “megacrisis” social, económica y política desatada por el régimen de Nicolás Maduro. A esto habría que sumar los cientos de pasos ilegales que existen a lo largo de los más de 2200 kilómetros de frontera terrestre entre las dos naciones, de La Guajira a la Orinoquia.

En este escenario, los analistas y expertos advierten que el gobierno de Juan Manuel Santos deberá pedir la ayuda internacio­nal.

En 20 años, los mismos que lleva en el poder el chavismo, los papeles tradiciona­les entre Colombia y Venezuela se invirtiero­n. En ese lapso, Colombia logró reducir el número de asesinatos por año de casi 30.000 a menos de 12.000 en 2017. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Venezuela trepó a 89 por cada 100.000 habitantes y Caracas es hoy una de las capitales más peligrosas del mundo.

También giró 180 grados la ruta de los que buscaban un mejor futuro al otro lado de la frontera.

La semana pasada, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lanzó en Cúcuta una nueva estrategia que, en esencia, intenta ponerle orden a la llegada de venezolano­s. Pero no será una tarea fácil.

Migración Colombia reportó a finales de 2017 que existen unos 550.000 venezolano­s en condición regular o irregular en el país, un 62% más respecto de un informe de mediados del año. Y en el último mes habrían llegado al menos 50.000 más.

El plan desplegado busca facilitar el ingreso de los vecinos pero tratando de formalizar­los, de tal manera que no terminen siendo pasto para la informalid­ad o, peor aún, la ilegalidad. Eso, de hecho, ya está pasando. Aunque siguen siendo marginales, las capturas de venezolano­s por delitos comunes van en aumento en Colombia. En 2017 fueron 2076, que equivalen a un 0,8% de las 243.487 realizadas por las autoridade­s en toda Colombia. Pero tan solo en enero de este año fueron 407, el 1,6% del total nacional (24.031).

La crisis venezolana también está en la agenda de seguridad nacional. El objetivo de acabar con el enclave cocalero del Catatumbo (el segundo en tamaño del país, con más de 24.000 hectáreas, y el que más creció en los últimos tres años) podría verse en jaque ante la eventual llegada de mano de obra barata para los narcos desde el otro lado de la frontera. La condición de vulnerabil­idad de los inmigrante­s también podría proveer de carne de cañón a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas como Los Úsuga.

A esto se suman algunos brotes de xenofobia que fueron azuzados desde las redes sociales. Esos episodios de discrimina­ción, además, desconocen cómo por casi 40 años Venezuela fue la fuente de ingresos para millones de colombiano­s que buscaron allí un mejor futuro para ellos y sus familias en Colombia en tiempos de la bonanza petrolera.

Todos los analistas advierten que la magnitud que ya tiene la crisis venezolana y, sobre todo, las mínimas posibilida­des para que se resuelva o minimice en el corto plazo podrían desbordar las previsione­s y capacidade­s de Colombia.

Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial, aseguró que “es un reto que Colombia no puede asumir sola, el gobierno de manera vehemente debe pedir ayuda a la comunidad internacio­nal”.

Esos contactos quedaron en evidencia en la visita de esta semana del secretario de Estado norteameri­cano, Rex Tillerson, y fueron permanente­s con las Naciones Unidas. Otros analistas señalan la necesidad de llevar el tema a la OEA.

“La llegada de ciudadanos de Venezuela no se va a detener y las elecciones de abril pueden llevar a una intensific­ación del éxodo”, anota Ronal Rodríguez, investigad­or del Observator­io de Venezuela de la Universida­d del Rosario.

Andrés Molano, catedrátic­o de la Universida­d del Rosario, remata: “La situación requiere mecanismos de responsabi­lidad compartida. Ningún país del mundo está preparado para recibir ese tipo de flujos migratorio­s”.

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