Buscan que el clientelismo esté penado por ley
Forma parte del nuevo proyecto de financiamiento electoral
El proyecto de ley de financiamiento electoral que el gobierno de Mauricio Macri enviará en marzo al Congreso incluye un capítulo que tipifica por primera vez el delito electoral de clientelismo. El objetivo es dar un golpe al accionar de los punteros y líderes territoriales, una práctica que sirvió al PJ para construir parte de su caudal político.
Con una agenda institucional y de transparencia electoral, el gobierno de Mauricio Macri embestirá contra los punteros del peronismo. En marzo próximo enviará al Congreso el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y de campañas, que tendrá un capítulo que tipificará el clientelismo político como un delito electoral, que hoy no existe.
El Gobierno pretende golpear al corazón de la maquinaria electoral del peronismo. La alianza Cambiemos debió enfrentar en 2015 y 2017 bastiones duros del PJ que nunca pudo penetrar, como Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca y diversos municipios del conurbano bonaerense del kirchnerismo.
Macri comenzó los preparativos para las elecciones de 2019, en las que buscará su reelección. La ley de financiamiento fijará penas de entre seis meses y tres años de prisión, o inhabilitación para ejercer cargos de hasta diez años, para punteros políticos, dirigentes y funcionarios que ofrezcan favores o dinero a cambio de votos o militancia en campaña.
En ese proyecto trabaja el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, con el respaldo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
La primera decisión del Gobierno con miras a 2019 fue archivar la idea de derogar las PASO, tal como adelantó el 7 del actual. la nacion Mantiene la prioridad, en cambio, de cambiar el sistema electoral por el de la boleta única electrónica (BUE), frenado en el Senado.
Las severas sanciones a la manipulación electoral se dividirán en dos segmentos. Se tipificará el clientelismo, con sanciones en el Código Electoral Nacional de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial a cualquier ciudadano o dirigente político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una actividad de campaña o de votar de una manera determinada, reveló a
un funcionario de Macri. la nacion
También se establecerán penas de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos públicos nacionales para los funcionarios estatales que destinen fondos públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la prestación de servicios a su cargo a la adhesión política.
Si bien circula un borrador avanzado del proyecto de financiamiento, todavía no existe una versión final. El plan es enviarlo al Congreso en marzo próximo, luego de ponerlo en discusión el martes 27 de este mes, en un seminario que abrirá Frigerio y del cual participarán decenas de expertos en transparencia electoral, jueces y legisladores de todos los partidos políticos.
Entre otros, estarán allí Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional), Daniel Zovatto (IDEA Internacional), Julia Pomares (Cippec) y Alan Clutterbuck (Red de Acción Política, RAP). “Lo más importante es la transparencia. Hay un fenómeno mundial de penetración de los recursos ilícitos en campaña. Nuestro país requiere más controles”, señalan cerca del Presidente.
Para ello se invitó a Janos Bertok, jefe de División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo al cual Macri quiere que la Argentina ingrese como miembro pleno.
El proyecto de financiamiento de partidos políticos fue redactado por Adrián Pérez y su equipo, en consulta permanente con Frigerio, la diputada Silvia Lospenatto (Pro), el jefe de asesores presidenciales José Torello y jueces y camaristas de la Justicia Electoral, cuyos fallos están en esa línea: crear un tipo específico de delito de clientelismo, algo que hasta ahora no existe en la ley.
El proyecto de financiamiento establecerá, además, la bancarización de aportes en dinero para campañas que se hacen en efectivo para controlar el origen y destino de los fondos. Se restringen las donaciones en efectivo a $950, que los partidos deben depositar en una cuenta bancaria en plazo perentorio.
Se habilitarán aportes de empresas con topes de hasta el 2% sobre el total de los gastos permitidos para campañas. También se creará un registro de ingresos y gastos en tiempo real en cuentas partidarias, con una plataforma electrónica administrada por la Justicia Electoral. Además se dispondrá un registro de proveedores de publicidad en la vía pública, que controlará la Cámara Nacional Electoral. Esto buscará controlar gastos y evitar facturas apócrifas y otros ardides.
Para controlar el origen ilícito del dinero, la Cámara dará participación a organismos de control como la UIF, Procelac, AFIP, Anses, IGJ y la Oficina Anticorrupción. Se extenderá la prohibición para actos de gobierno que puedan promover el voto de 15 a 30 días antes de los comicios y se sumarán 17 auditores judiciales.