Analizan en el oficialismo un plan para que los sindicalistas hagan público su patrimonio
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y la titular de la OA examinan en conjunto la viabilidad del proyecto
El Gobierno reavivó el proyecto para que los sindicalistas que son titulares de obras sociales deban hacer público su patrimonio, aunque todavía no definió cómo tocará esa fibra sensible del mundo gremial. El pasado viernes, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Sandro Taricco, mantuvieron una reunión para reactivar el análisis técnico de la iniciativa.
El plan oficial ya está escrito en dos borradores. Pero uno y otro plan implicarían tiempos diferentes. Por un lado, Alonso incluyó un artículo que apunta a los bienes de los sindicalistas en el nuevo proyecto de “ley de integridad”, el nombre con el que se bautizó la nueva ley de ética pública, que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso. En paralelo, en la Casa Rosada redactaron el boceto de un decreto para garantizar la libre accesibilidad a los datos patrimoniales de los jefes de las obras sociales.
El viernes pasado, en la antesala del Carnaval, Taricco invitó a Alonso a almorzar al Club Alemán para reactivar los proyectos de transparencia conjuntos, que tienen bajo la lupa a los gremialistas. Ambos funcionarios habían mantenido un encuentro un mes atrás, pero el pulso político, marcado por la controversia que desató el caso de Jorge Triaca con su empleada doméstica, sumado a la tensión creciente entre el Gobierno y Hugo Moyano, habían puesto un pie en el freno de la iniciativa.
Ley de obras sociales
Taricco es una figura clave para poder avanzar con las declaraciones juradas de los jefes sindicales. La Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que retribuye los fondos por reintegros y tratamientos médicos de alta complejidad, hoy guarda bajo siete llaves los datos patrimoniales de los titulares de las obras sociales.
El decreto 576/93, que reglamentó el sistema nacional de seguro de salud, estipuló que “las personas que se designen para dirigir y administrar obras sociales, previamente deberán suministrar su declaración jurada detallando los bienes que componen su patrimonio a la fecha de presentación, en sobre cerrado y firmado”. Hasta ahora, el contenido de ese informe patrimonial es secreto, a menos que haya una orden judicial.
Según pudo saber la nacion, los funcionarios acordaron que los departamentos jurídicos de ambos organismos reactiven el análisis legal y técnico que tiene la publicación de los bienes de los titulares de obras sociales, muchos de ellos importantes caciques sindicales.
El Gobierno entiende que esos dirigentes administran fondos de los trabajadores y que deberían quedar bajo la lupa pública, al igual que el resto de los funcionarios.
En ese grupo entran desde Hugo Moyano (titular del gremio de Camioneros y de su obra social, Oschoca), hasta Luis Barrionuevo (secretario de acción social de Osuthgra) y Antonio Caló (titular de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica), por citar algunos ejemplos.
“Hay que cuidar los aspectos legales. Se debe definir si, por ejemplo, las declaraciones juradas se presentarán bajo el sistema de la OA, del mismo modo que lo hacen los funcionarios públicos. En ese caso, hay que evaluar cómo ese cumplimiento será notificado a la SSS para que habilite los pagos a la obra social”, explicó una fuente oficial al tanto de las tratativas.
Letra chica
La OA plasmó en su nuevo proyecto de ley de ética pública la publicidad de los patrimonios sindicales al final del articulado. El texto propone sumar un inciso al artículo 12 de la ley de obras sociales, que manifieste que “quienes integren los cuerpos colegiados que dirijan y administren las obras sociales serán sujetos a presentar una declaración jurada patrimonial y de intereses en los términos de la ley de integridad pública”.
Es decir, los directivos de las obras sociales sindicales deberían completar el formulario, al igual que lo hacen el Presidente y los ministros, un documento que queda al alcance de cualquier ciudadano.
Tal como reveló Clarín, el borrador del decreto que se elaboró en la Casa Rosada también prevé modificar el decreto que reglamentó la ley de obras sociales para garantizar “la libre accesibilidad” a la declaración jurada y asegurar la consulta gratuita a través de Internet.
En paralelo, la diputada Graciela Ocaña (Cambiemos), eterna enfrentada a Moyano, avanza con proyectos de ley para crear una comisión de investigación y aumentar los controles estatales sobre las obras sociales.