Con la mina estancada en el nivel de 1951, los empleados de Río Turbio protestarán en Buenos Aires
El yacimiento está casi paralizado porque no tiene clientes para el carbón; el Gobierno quiere racionalizar la empresa y despidió a 500 trabajadores
A simple vista parece una encerrona gremial de salida improbable: como la mina casi no produce y no está entre las prioridades del Gobierno, cualquier protesta no tendrá nunca ninguna capacidad de daño. “Tómenla, si quieren”, llegó a decirles con ironía el año pasado a los dirigentes sindicales Francisco Roldán, miembro del comité operativo que intervino hace dos años Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, el problema en cuestión. Ese es el motivo por el cual los trabajadores de la mina, en estado de alerta desde el 23 del mes pasado luego de haberse enterado de que se habían enviado más de 500 telegramas de despido, analizan venir a Buenos Aires y recrudecer el reclamo. “Hacerlo visible”, dicen ellos, que en la Argentina equivale a cortes de rutas, tomas y pedidos de reuniones. Lo resolverán en las próximas horas.
El conflicto ya trascendió la provincia de Santa Cruz y es un diálogo de sordos. La mina está casi parada y el Gobierno no solo cree que no la necesita, sino que durante años solo ha servido de aguantadero político y sindical: una empresa tomada como unidad básica del Frente para la Victoria, que metió 1800 empleados mientras la producción caía a los mismos niveles de 1951. Se trata, dicen en el macrismo, de un peso para el Estado y no están dispuestos a retroceder.
Un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Ministerio de Trabajo la muestra poco menos que inviable. El yacimiento está en los niveles mínimos de extracción y reunía el año pasado a 2462 trabajadores, más del triple de los que tenía en 2002 con el quíntuple de producción, y paga además salarios promedio que duplican los de todo el empleo privado en Santa Cruz, incluyendo el sector petrolero y la industria minera metalífera, y casi cuadruplican el promedio de remuneraciones nacionales.
Un trabajador de la mina tiene un sueldo bruto promedio de $96.914; un simple municipal de la intendencia de Río Turbio, 4,6 veces menos: $21.000. Los gremios dicen que plantear esas diferencias es de malintencionado: los mineros cumplen tareas insalubres y eso se paga en todo el mundo. Pero al Gobierno le llama la atención que el convenio colectivo tenga 143 ítems (90 remunerativos y 53 no remunerativos). Entre ellos, “gratificación personal”, “interior de mina”, “dedicación funcional”, “incentivado”, “turnos”, “bonificación por egresos”, “zona alejada”. Hay, por ejemplo ,758 empleados de la empresa que perciben en mano un sueldo neto superior a los $60.000 por mes, excluyendo el aguinaldo, y otros 120 que cobran más de $100.000.
“Esos números son injustos –dijo a la nacion Miguel Páez, secretario general de ATE Río Turbio–. A este sector se le paga insalubridad, no se lo puede comparar con cualquiera. Además, la canasta básica cuesta en esta provincia más de 35.000 pesos. Son todas excusas para privatizarla o cerrarla”.
Páez estuvo hace diez días en Buenos Aires reunido con Omar Zeidán, interventor en la mina, y Marcelo Blanco, subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía, pero no se pusieron de acuerdo. Cuenta que le dijeron que tenían un plan para la mina, pero que no se lo podían revelar en ese momento y que Blan- co dijo eso y, sin explicaciones, se levantó y se fue.
Por ahora, el objetivo del Gobierno es lograr que la mina exporte 30.000 toneladas por mes a Chile a 65 dólares por tonelada para poder mantenerse, pero sin dudas con menos empleados que los que tenía hasta el año pasado. Esas ventas llegarían a unas 360.000 toneladas por año. Para los cuatro gremios de la empresa (ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y la Asociación del Personal Superior), que han formado una intersindical para defenderse mejor, ese horizonte está lejísimos de lo que ellos proyectaban en los años del kirchnerismo, cuando se les había prometido que la mina abastecería una usina eléctrica de 240 megavatios, la Central Térmica Río Turbio, que requeriría de hasta 1,2 millones de toneladas para funcionar. “Esa producción era un 1% de toda la energía que requiere la Argentina, la idea era abastecer a cuatro provincias, pero el Gobierno no quiere porque tiene otros intereses”, dice Páez, que sospecha de vínculos entre los intereses de algunos funcionarios y las licitaciones de energía eólica en otras zonas de la Patagonia.
Para el Gobierno, todo es un delirio. Porque, según sus números, el aumento de los desembolsos por sobre lo presupuestado y algunos imprevistos multiplicaron en la usina eléctrica el costo del megavatio de potencia muy por encima de los costos internacionales para una central de similar potencia. El informe de la Sigen señala que el megavatio de potencia instalada costaba en diciembre de 2015 US$3,1 millones y que le costará a Río Turbio 8,33 millones.
El objetivo del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, es poner en valor la empresa, y para eso cree necesario bajar sueldos y no reincorporar, como piden los gremios, a los más de 500 empleados que quedaron en la calle el mes pasado. “No son ñoquis: echaron a técnicos, a gente muy valiosa”, dice Páez, que advierte que las incorporaciones de personal de los últimos años obedecieron a los planes de expansión que tenía la compañía con la usina, y que es el Gobierno el que echó por tierra ese proyecto. “¿Con qué gente van a sacar ahora el carbón?”, dice que les dijo en su última reunión a los funcionarios del Ministerio de Energía, y agrega que no supieron contestarle.
Se viene además, hay que recordarlo, de un escándalo institucional. Yacimientos Carboníferos Río Turbio recibió US$2734 millones entre 2004 y 2017 en subsidios del Estado, se convirtió en un nicho de corrupción todavía no aclarado y fue, a fines del año pasado, el caso que mandó a prisión a Julio De Vido. En el Gobierno no solo lo creen justo, sino que dicen haber empezado a sospechar de demoras en la causa.