La formación de la gerencia pública
T ranscurridos dos años del gobierno actual, parece oportuno poner la mira en el Plan de Modernización del Estado y, en especial, en uno de sus ejes principales: la capacitación de la alta gerencia pública. ¿Estarán dadas las bases para mejorar la idoneidad profesional de quienes nos gobiernan? Los programas de capacitación, ¿contemplan los conocimientos de anticipación requeridos para el tratamiento y resolución de problemas en una sociedad compleja?
Según los datos disponibles, la Nación, la ciudad autónoma y las 23 provincias cuentan con sus propios institutos de formación y capacitación. En el campo académico se contabilizan para todo el país 740 carreras de grado y de posgrado en derecho, ciencia política, gobierno y administración. Un escenario menos visible es cubierto por el centenar de empresas consultoras y think tanks, que venden sus productos a los decisores políticos y comunican sus propuestas a través de los medios.
Vale recordar la Escuela Nacional de Administración de Francia, el Servicio Civil del Reino Unido y la Escuela de Gobierno John Kennedy de los Estados Unidos. Tres instituciones emblemáticas en las que los altos funcionarios invierten varios años de sus vidas para alcanzar una educación formal orientada a las aplicaciones prácticas y a la resolución de los problemas.
La observación comparativa alcanza para advertir que tanto en la sede estatal como en la sociedad civil carecemos de las condiciones objetivas para darnos sistemas pedagógicos orientados al saber para el hacer. Razón por la cual la deconstrucción de una ciencia teórica y la reconstrucción de una ciencia práctica constituyen una alternativa a tener en cuenta en las instituciones públicas y en los estamentos académicos. El plan este, tratégico de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente del Ministerio de Modernización, parecería ir en esa dirección virtual.
Las afirmaciones programáticas de la Escuela Superior de Gobierno –“promover el fortalecimiento de los servidores públicos a través de diferentes programas diseñados bajo los más altos estándares de calidad”– son incuestionables. Ese formato conceptual, ¿se concretará en la enseñanza virtual o presencial? Si los contenidos se comprenden por referencia a su contexto, cabe advertir que el saber político enseñado en la academia se resiente por ser excesivamente teórico e inconducente para la resolución de problemas.
La Escuela Superior de Gobierno mantiene estrechos lazos con las universidades “a través de acciones conjuntas de enseñanza y aprendizaje...”, concretadas mediante convenios bilaterales. Asociación inteligente que, no obstan- despierta dudas sobre la transferencia de la enseñanza pensada en clave de aplicación. Habrá que ver si el salto en calidad de la nueva especie pondrá fin a las realidades históricas instaladas en nuestros claustros: docencia devaluada, materias irrelevantes, contenidos obsoletos. Cabe presumir que esas rémoras quedarán para el recuerdo dado que se propone “la jerarquización y profesionalización de la alta dirección política”.
Hasta aquí la construcción de un círculo virtuoso que pretende atenuar las maltrechas relaciones entre posiciones contrapuestas; y un punto de inflexión que aspira a vincular complementos necesarios. Por el momento habrá que atender las concretas aplicaciones y esperar a que el tiempo haga sus pruebas.
Investigador principal del Conicet; profesor de Teoría Política y de Derecho Constitucional