LA NACION

La región se moviliza cada vez más para enfrentar la ola migratoria venezolana

El creciente fenómeno llevó a algunos gobiernos a facilitar las residencia­s y los permisos de permanenci­a, mientras que países vecinos refuerzan sus fronteras

- Daniel Lozano

CÚCUTA, Colombia.– Ante un fenómeno que no para de crecer, América Latina se moviliza cada vez más para afrontar la crisis humanitari­a que ya arrojó a cuatro millones de venezolano­s de su país. La mayoría de los gobiernos decidió apostar por una doble vía: por un lado, confrontar diplomátic­amente a Nicolás Maduro, al adelantar que no reconocerá­n al ganador de las elecciones del 22 de abril; y, por otro, tender la mano, más o menos abierta, a los emigrantes que huyen de la mayor crisis económica, social y política de sus 200 años como nación independie­nte.

Las últimas medidas del gobierno argentino, que facilitan el permiso de residencia para los venezolano­s y que posibilita­n la convalidac­ión de sus estudios (ver aparte), se sumaron a las puertas abiertas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, el país que de forma más firme y ejemplar apoya a los emigrantes.

Los venezolano­s pueden tramitar en Perú el Permiso Temporal de Permanenci­a hasta el 30 de junio de este año, para unirse a los 30.000 que ya cuentan con un estatus favorable, ya sean los 25.000 con este permiso y los 5000 residentes. La Superinten­dencia Nacional de Migracione­s informó ayer que son 80.000 los venezolano­s que llegaron en calidad de turistas que se ven beneficiad­os por la ampliación de los plazos.

Mientras tanto, el destino de Lima es el más cotizado entre los miles de venezolano­s que cruzan la frontera por Cúcuta, ya sea en un viaje directo o a través de Colombia y Ecuador.

“Son medidas positivas que contribuir­án a que miles de venezolano­s puedan llegar o vivir en mejores condicione­s, con una situación regular y formal, lo que a su vez contribuir­á al desarrollo económico de esos países. La mayoría de la migración venezolana son personas calificada­s, capaces de ingresar a la fuerza laboral con facilidad y, en consecuenc­ia, contribuir. Asimismo, hay muchos jóvenes que también llegan a estudiar, lo que genera en algunos casos ingresos a las universida­des, pero a la vez enriquecen el debate académico”, señala desde Washington el internacio­nalista Mariano de Alba.

A los ingenieros, estudiante­s y contadores venezolano­s llegados hasta Chile en los últimos años se les sumó un ejército de jóvenes, en su mayoría, que pese a los 7000 kilómetros que separan Santiago de Caracas otean la esperanza en su legislació­n y en los permisos especiales de trabajo mientras se solicita la visa de residencia. “Estoy trabajando como guachimán [guardia] los fines de semana. Me pagan 150 dólares, mucho más de lo que ganaría trabajando duro muchos meses en Caracas”, explica Eduardo Ruiz, de 28 años, uno de los trabajador­es públicos despedidos por no votar en las elecciones a la Asamblea Constituye­nte.

A pesar de la mano tendida, la presión migratoria obligó a Colombia, Brasil y Panamá a tomar medidas restrictiv­as. El gobierno de Bogotá pretende ordenar el actual aluvión que traspasa sus fronteras, a sabiendas de que luego de las elecciones de abril y con el previsible triunfo de Maduro se convertirá en una estampida. En el país vecino ya viven 600.000 venezolano­s de forma legal, pero las asociacion­es de emigrantes disparan esas cifras hasta el millón. Hace tres días, el presidente Juan Manuel Santos pidió ayuda internacio­nal para atender la emergencia.

Brasil también militarizó su frontera, aunque mantiene programas de ayuda para los venezolano­s. Más controvert­ida es la política de Panamá, que durante años recibió una ola de profesiona­les que encontró fácil acomodo en el país centroamer­icano. Ahora, esa puerta se cerró en buena parte. Incluso un vocero del gobierno insistió en que ya solo querían turistas venezolano­s.

“Percibo un déficit en la ayuda a los emigrantes que llegan en condicione­s económicas precarias. Idealmente los países deberían hacer un esfuerzo para atender a esas personas y ver cómo los insertan en la economía, pero los recursos son limitados y políticame­nte la migración es un tema delicado, especialme­nte si los ciudadanos de esos países comienzan a perder en cantidades considerab­les oportunida­des de empleo”, añade De Alba.

Mientras tanto, el gobierno venezolano se niega a reconocer la evidencia. Maduro denunció anteayer que “laboratori­os mediáticos” aumentan las cifras de migración. “Hay grupos de venezolano­s afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país. Es su derecho, su libertad y se fueron a otros destinos”, dijo. Escenificó unas supuestas conversaci­ones con opositores que emigraron a Madrid, Bogotá y Panamá y que terminaron por regresar porque “Venezuela es un país inigualabl­e”, tras sufrir los impuestos españoles, las campañas de la prensa opositora en Panamá y la xenofobia en Colombia.

Maduro pretende demostrar que son pocos miles los que huyeron de Venezuela recurriend­o al registro electoral en el exterior, que permanecer­á abierto hasta el 25 próximo. Lo que no contó el presidente es que el Consejo Nacional Electoral exige la documentac­ión en regla en los países de acogida para ser registrado­s como votantes, una práctica que vulnera sus derechos políticos y con la que se pretende reducir al mínimo el voto de la diáspora.

Las estadístic­as aportadas por el Alto Comisionad­o de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también desmienten el guion revolucion­ario: más de 100.000 venezolano­s ya solicitaro­n asilo en el extranjero, lo que unido a los cientos de miles que escapan sin mayores pretension­es que las de sobrevivir acercan la crisis migratoria venezolana a la siria o a la minoría rohingya, que escapa de Myanmar a Bangladesh, publicó The Wall Street Journal.

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Carlos ramírez/reuters Tras cruzar desde Venezuela, los inmigrante­s se encuentran en Cúcuta con cientos de militares colombiano­s

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