Seguridad veloz, ajuste ralentizado
Con la crudeza que permite contemplar la política argentina desde Nueva York, ejecutivos de fondos de inversión plantean en charlas informales cierta inquietud con el gobierno de Macri. No solo por la situación internacional, que obligaría al país a endeudarse a tasas más caras, sino porque dudan del gradualismo: creen que la postergación de un ajuste económico conspira contra la sustentabilidad del modelo. Es una discusión eterna, porque la Argentina parece una trampa: la sociedad y las empresas se quejan del peso de impuestos que podrían aligerarse mediante una reducción del gasto público, medida contra la que probablemente protestarían si se llegara a concretar. “No pueden pedir que el Gobierno baje los impuestos y el déficit fiscal al mismo tiempo, o que reduzca los subsidios y no suba las tarifas”, le dijo hace un año Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, a la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina en un almuerzo en que les endilgó un neologismo de Orwell: el doublethink (doblepensar), que aparece en la novela 1984 y que consiste en sostener simultáneamente dos opiniones opuestas sabiendo que son contradictorias.
Esos fondos de inversión recuerdan que le transmitieron sus preocupaciones en persona a Macri en noviembre en Nueva York, que el diagnóstico incluyó también insatisfacción con la reforma previsional y que solo fue matizado con elogios hacia la política tarifaria, el lado menos gradual del plan económico. Dicen que el Presidente también les contestó con franqueza: admitió que coincidía conceptualmente con ellos, pero que había decidido aceptar de su entorno el consejo de ir a una velocidad que la Argentina estuviera dispuesta a tolerar.
¿Cuántas medidas impopulares sería capaz de tomar un gobierno no peronista que ni siquiera recibió, como Menem, Duhalde o Kirchner, el ajuste consumado?, discuten desde 2015 en los foros empresariales. Es cierto que la sociedad, el discurso y los políticos cambiaron. El 8 de julio de 1989, cuando asumió, Menem no tuvo tantos reparos: “Sería un hipócrita si lo negara –dijo entonces–. Esta economía de emergencia va a vivir una primera instancia de ajuste. De ajuste duro. De ajuste costoso. De ajuste severo. (...) El pueblo argentino tiene una cita con la historia. Para responder a ese llamado, vamos a tener que hacer un esfuerzo conmovedor que comenzará en esta reestructuración de nuestro Estado nacional. Desde el Estado vamos a dar el ejemplo a través de una cirugía mayor, que va a extirpar de raíz males que son ancestrales e intolerables”.
Tres décadas después, el peso del Estado es mayor. Pero incluso dirigentes partidarios de aligerarlo drásticamente se moderan no bien llegan a la función pública. Desde fines del año pasado, el equipo económico se ha puesto de acuerdo en que será mejor privilegiar cierta baja relativa en el déficit fiscal –que es lo que mira el inversor porque determina el valor a que el mercado podría prestarle fondos al país–, antes que hacerlo de manera abrupta incluyendo una política antiinflacionaria de shock. Este consenso puede ser precario, pero se ha mantenido hasta ahora con el silencio de quienes piensan diferente, mayormente ubicados en el directorio del Banco Central, y hasta incluyó un intervalo ortodoxo el miércoles, cuando el organismo que conduce Federico Sturzenegger mantuvo las tasas de interés porque advertía que la inflación se mostraba todavía lejos de aflojar. “La prudencia de Sturzenegger es muy valorada: es momento de darle prioridad a la estabilidad”, dijeron anteayer a este diario en el equipo económico.
Este ritmo que, cuentan sus allegados, Macri aceptó a pesar de sí mismo, contrasta con el que ha elegido para temas no menos relevantes para la comunidad internacional, como la seguridad. Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos han celebrado en estos días, por ejemplo, decisiones y declaraciones de Patricia Bullrich. El asunto excede el ámbito nacional porque involucra a las reuniones del G-20, que arrancan el mes próximo en Buenos Aires. Los organizadores ya se arrogan un primer logro: los encuentros preparatorios se hicieron en diciembre en Bariloche, con una Patagonia todavía convulsionada por las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y no hubo un solo incidente.
Este quiebre sobre lo que hacía el kirchnerismo –“cambio de doctrina”, definiría la ministra– no está exento de riesgos políticos, pero se parece más a Macri que a su entorno de moderados. Aunque haya desencadenado una interna que no trascendió lo suficiente y que se expresa en desacuerdos tajantes. Entre ellos, un decreto que redactó Julio Martínez, exministro de Defensa, para derogar una reglamentación de Nilda Garré y que todavía no vio la luz. Aquella medida de 2006, que modificó la ley de defensa promulgada en 1988, limita la tarea de las Fuerzas Armadas únicamente a casos de “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”. Es una iniciativa polémica porque, entre otros motivos, objeta una doctrina militar occidental de los últimos años que afirma que, en el siglo XXI, una de las principales amenazas es la “guerra híbrida”: aquellos ataques en los que un Estado no actúa como tal, sino a través de facciones terroristas. La discusión es decisiva para las naciones que participarán del G-20. Oscar Aguad, sucesor de Martínez, estuvo a punto de retomar el decreto hasta que chocó con objeciones dentro de la Jefatura de Gabinete.
El desenlace de estos desencuentros determinará la voluntad que Macri tiene o no de oír en la materia a su círculo. A diferencia de lo que ocurre con el ajuste económico, el giro en seguridad tiene respaldo en encuestas. Un informe que acaba de publicar Diego Reynoso, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, muestra el contraste en números. Mientras que el 61% de los consultados estaba en enero en desacuerdo con la reforma previsional; el 56%, con los aumentos de tarifas en el transporte; el 53% con la reforma laboral, y solo el 38% aprobaba la reforma tributaria, un 55% dijo respaldar el comportamiento de la Gendarmería en las movilizaciones con los mapuches; un 52%, el modo en que las fuerzas de seguridad habían despejado las protestas contra las medidas del Gobierno en diciembre, y un 65%, las detenciones de funcionarios kirchneristas. Traducido: la erosión de la aprobación a la gestión de Macri, que Reynoso ubicó en diez puntos de caída entre octubre y enero, obedece solo a medidas económicas. “Se observa que la intervención de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones y las protestas no produce un costo político al Gobierno, antes bien lo favorece”, dice el informe.
Nada que no haya descubierto antes Jaime Durán Barba. Y suficiente para explicar un dogma político arduo al oído inversor: la mano dura es más popular que el ajuste.