Zaffaroni, enfrenta una demanda penal
Es por haber rechazado habeas corpus en la dictadura
Raúl Zaffaroni sigue envuelto en cuestionamientos y denuncias. Además del pedido presentado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, para que sea apartado de su cargo como juez de la Corte interamericana de Derechos Humanos por su “falta de compromiso total con los valores democráticos”, el exjuez de la Corte Suprema fue denunciado por un abogado penalista por rechazar la presentación de
habeas corpus en casos de desapariciones forzadas durante la última dictadura militar.
Después de que la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) Graciela Fernández Meijide relatara la negativa del jurista –entonces juez de primera instancia– a recibir un habeas corpus por la detención forzada de su hijo Pablo, en 1977, el abogado penalista Santiago Dupuy De Lome lo denunció. El motivo de la denuncia es “incumplimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las críticas que hizo Fernández Meijide sobre el accionar de Zaffaroni durante la dictadura se dieron en el marco de la polémica entre él y el Gobierno por su cargo como juez de la Corte interamericana de Derechos Humanos.
El magistrado comparó –en más de una ocasión– al gobierno actual con la dictadura y disparó así las críticas de diversos sectores políticos, en especial del oficialismo.
Según hizo saber Fernández Meijide, el director de la escuela de su hijo Pablo le aconsejó, en ese entonces, que acudiera a Zaffaroni para que le brindara ayuda jurídica.
“En los 70, yo lo conocí a él como juez, recurrí a él con un habeas corpus y me explicó que no lo podía recibir”, relató Graciela Fernández Meijide en una entrevista con el canal C5N.
Pablo Fernández Meijide fue secuestrado, a sus 17 años, por hombres de la Policía Federal durante la madrugada del 23 de octubre de 1976, frente a sus padres.
Él y su familia vivían en el barrio porteño de Belgrano y, si bien al momento de su detención indicaron a sus padres que lo buscaran en la comisaría N°19, cuando se presentaron allí, negaron haber efectuado esa detención.
A partir del secuestro de Pablo, Graciela Fernández Meijide, docente, inició su militancia y se unió a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y luego integró la Conadep.
Luego se desempeñó como legisladora y funcionaria del gobierno de la Alianza.
Raúl Zaffaroni fue señalado, en ocasiones anteriores, por haber rechazado 127 recursos de habeas
corpus durante el período de la dictadura cívico militar.
otro de los casos de trascendencia pública a los que está ligado Zaffaroni y que fue mencionado en la denuncia, es el de Alicia Lisso, una mujer desaparecida en 1977, cuyos restos fueron hallados en 2011 por el Equipo Argentino de Antropología Forense
La madre de Alicia Lisso, Lidia Palestrini, solicitó el habeas corpus por su hija en diciembre de 1977, y cinco días después, Zaffaroni lo rechazó.
Los habeas corpus permitían que organismos internacionales de derechos humanos reclamaran al Estado argentino por el paradero de quienes estaban desaparecidos. En algunas ocasiones, esa presión surtía efecto. Esa herramienta judicial en la que muchos familiares buscaron apoyarse y continuar la búsqueda de personas fue resistida por numerosos jueces.
La denuncia
Santiago Dupuy De Lome también denunció a Raúl Zaffaroniel mes pasado, por “apología al delito”, por sus declaraciones contra el Gobierno.
Esa causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien ordenó allanar el estudio de Radio Caput para requirir el audio de la entrevista en la que Zaffaroni dijo “quisiera que el Gobierno se fuera lo antes posible”.
Santiago Dupuy De Lome se reconoció, en varias oportunidades, como militante del Pro. Entre las denuncias que hizo, se encuentra una contra Axel Kicillof por enriquecimiento ilícito y otra, presentada recientemente, contra Pablo y Hugo Moyano por “amenazas y coacción agravada”, tras la convocatoria a la movilización contra el Gobierno para el próximo jueves.
Esta nueva denuncia contra Zaffaroni recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Carlos Rivolo, actualmente de licencia.