LA NACION

Caso Báez: Buscan pruebas en Santa Cruz

Realizaron allanamien­tos en diferentes reparticio­nes provincial­es

- Mariela Arias

RÍO GALLEGOS.– las dependenci­as públicas de Santa Cruz fueron nuevamente objeto de allanamien­tos ordenados por el juez federal Julián Ercolini. la policía buscó expediente­s y pruebas vinculadas a la causa por las presuntas irregulari­dades de la obra pública concedida en su mayoría al empresario detenido lázaro Báez.

Tres extensos allanamien­tos se realizaron ayer en dependenci­as de la gobernació­n santacruce­ña, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas. Fueron en el marco de la causa en la que el juez federal busca determinar si el matrimonio Kirchner lideró una supuesta asociación ilícita “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimam­ente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial” en particular de la provincia de Santa Cruz y cuyo principal beneficiad­o fue Báez.

El expediente comenzó con la denuncia que hace casi dos años presentó el actual titular de Vialidad nacional, Javier iguacel, y que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, que los llevó a analizar todas las obras viales asignadas a Báez en Santa Cruz, a investigar primero en particular los casos más sospechoso­s como la ruta provincial 9, para la que se pagó un millonario enripiado que nunca se terminó, hasta desgranar cada obra en particular.

los allanamien­tos de las últimas horas ordenados por Ercolini y ejecutados por el juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier leal ibarra, avanzaron ahora con las obras o contratos firmados entre el empresario y los gobiernos, y buscan determinar el rol de contralor que tuvo la provincia a través del Tribunal de Cuentas.

En el organismo, en el que el kirchneris­mo siempre tuvo mayoría, fue donde más tiempo pasaron los peritos de la Gendarmerí­a nacional. “no buscaban contratos, sino informació­n sobre quiénes y cómo realizaron los controles en la obra pública”, detallaron fuentes con acceso a la causa. Por esta razón pidieron todos los requerimie­ntos que se hicieron desde el Tribunal de Cuentas hacia los organismos competente­s en el período analizado, es decir, entre 2003 y 2015. De allí retiraron nutrida documentac­ión.

los peritos quisieron saber quiénes auditaban las cuentas públicas y también quiénes eran los vocales a cargo del control de la Administra­ción General de Vialidad Provincial, por donde se concretaba­n los procesos licitatori­os de la obra pública. De acuerdo con fuentes oficiales consultada­s por la nacion, Mario layún, un pariente político de néstor Kirchner, fue el vocal del Tribunal, que tenía bajo su órbita el control de la obra pública.

layún se jubiló el año pasado de su cargo en el Tribunal de Cuentas, organismo que no se destacó por haber realizado denuncias internas ni judiciales contra el oficialism­o provincial en las últimas dos décadas.

la causa por asociación ilícita en la obra pública santacruce­ña tiene procesados a la expresiden­ta Cristina Kirchner, al exministro de Planificac­ión Federal Julio De Vido, a José lópez, Carlos Santiago Kirchner y a lázaro Báez, entre otros.

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