El gobierno avanza contra una caja gremial millonaria
Quiere eliminar el aporte que los sindicatos cobran a trabajadores no afiliados
En su enfrentamiento sin tregua con algunos sindicatos, el Gobierno está decidido a avanzar contra una de sus fuentes importantes de ingresos: los aportes solidarios que los gremios retienen todos los meses a los trabajadores no afiliados de las actividades que controlan.
La decisión promete abrir un nuevo frente de conflicto. Amparados en la ley de convenciones colectivas de trabajo, los sindicatos aseguran que la intención de la Casa Rosada es ilegal y prometen resistir el intento de erradicar una de sus fuentes de ingresos en la Justicia.
Según un relevamiento del Ministerio de Trabajo, los 15 principales gremios que hoy cobran cuota solidaria, un porcentaje que varía entre el 1 y el 3 por ciento del salario de convenio, recaudan por esa vía poco más de 1000 millones de pesos al mes.
La lista incluye a sindicatos grandes como Comercio, Uocra (construcción), Gastronómicos, Camioneros y la UTA; a gremios medianos, como el de entidades deportivas (Utedyc), Alimentación y Maestranza, y a organizaciones chicas, como Textiles, Plásticos y Gráficos.
El Gobierno dio el primer paso contra la cuota solidaria hace poco más de un mes, cuando a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, prohibió a La Bancaria seguir reteniendo el aporte del 1% a 45.000 trabajadores no afiliados, equivalente a unos 20 millones de pesos mensuales.
Las palabras no alcanzan. El intento de Hugo Moyano de construir un puente con el Gobierno luego de la movilización chocó contra una pared. Hoy, no hay margen. Solo una acción podría empezar a derretir el hielo. El camionero, en lugar de hablar, tiene que realizar un gesto: contribuir a reducir los costos logísticos.
En paralelo, desde la Casa Rosada siguen con atención el próximo paso que dará el presidente de la empresa postal OCA, Patricio Farcuh, vinculado a Moyano. Es que el miércoles vence el plazo que le dio la AFIP para que salde su deuda impositiva de 3400 millones de pesos. En caso de incumplir, el Enacom le revocaría la licencia a ese correo privado.
El Gobierno cree que Moyano puede forzar esa situación para generar conflictividad en la calle. Es que el principal correo privado del país tiene unos 7000 empleados, todos afiliados a camioneros.
“[El titular de la AFIP, Alberto] Abad se lo transmitió con mucha claridad: la única salida es pagando. Pero hace meses que no lo hace. Nada cambió”, describió un integrante del Gabinete. Cerca del Presidente miran con desconfianza a Moyano y especulan con que el presidente de Independiente podría forzar la situación.
Mientras tanto, la única forma de empezar a reconstruir el vínculo es si el gremio que lidera Moyano, Camioneros, regresa a la mesa de negociación de transporte y logística que abandonó cuando estalló el escándalo con la empresa de correo OCA.
Eso sí, el presidente Mauricio Macri no lo recibirá, pero podría sentarse a una mesa con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
“Nadie lo va a recibir por el tema judicial, eso ya quedó claro. Pero está la mesa en la que estamos debatiendo el costo argentino”, sostuvo un asesor del Presidente. La silla de Moyano en la mesa, dicen cerca de Macri, aún está vacía.
La negociación, en la que participaba el Estado, empresarios y sindicatos –misma fórmula con el que sellaron acuerdos por la explotación de Vaca Muerta, la construcción y la industria automotriz, entre otros, para reducir costos y aumentar la productividad–, quedó a mitad de camino por la negativa de Hugo y Pablo Moyano.
Según relató un integrante de la mesa, el debate “estaba avanzando”. Sobre un total de 15 puntos, había acuerdo en cinco y avances en igual cantidad.
El costo logístico es una de las obsesiones de Macri y uno de los reclamos más extendidos de todos los potenciales inversores. En la última gira por Rusia, Davos y París el Presidente recibió consultas de los empresarios sobre este tema.
“Lo logístico tiene un papel muy importante en nuestro país. La Argentina es cara en ese aspecto”, explicó un asesor de la primera línea del Gobierno. El mensaje tiene un solo destinatario: el líder camionero.
Para el Gobierno, el poder de Moyano, que controla al menos 15 ramas relacionadas con la logística –entre ellas en el transporte de cargas por camión, la industria petrolera, la distribución de alimentos y bebidas hasta la recolección de residuos–, es un problema para el que hasta el momento no encontró solución.
Por eso, hoy la única ventana para acercarse que está dispuesto a abrir el Gobierno es esa mesa de negociación. En la Casa Rosada, ante sus íntimos, Macri es muy claro: no habrá ayuda ni auxilio, directo ni indirecto, para Moyano. Tampoco gestos para aliviar su delicada situación judicial.
Macri y su equipo están tranquilos. Es que cuatro días después de la multitudinaria marcha, hoy ya nadie habla del camionero. Varios motivos sirven para explicar la ausencia de repercusiones, pero dos tuvieron una acción directa para apagar el impulso de la protesta: Moyano decidió no redoblar la apuesta y el Gobierno impuso su agenda con el debate sobre la legalización del aborto.