Las barras bravas de Rosario, en la mira
El Ministerio de Seguridad nacional las asocia con la escalada de violencia
A Emiliano Ovejero, alias Jija, le pisan los talones desde hace dos semanas sus enemigos y la Policía Federal. Es el jefe de la barra brava de Newell’s y está acusado de los homicidios de los hermanos Johnatan y Ulises Funes, y de ser el brazo armado del clan contrario, la familia Caminos. Ese grupo es un satélite de la banda de Los Monos, y pelea a sangre y fuego para quedarse con un territorio fértil para la venta de drogas.
En el Ministerio de Seguridad de la Nación consideran que un paso clave para desmantelar los focos de violencia en Rosario –donde se cometieron 36 homicidios en lo que va del año–, que recrudecieron en este 2018, es atacar el poder de las barras de Newell’s y de Rosario Central, históricos rivales que desde hace varios años aparecen unidos por el manejo de la distribución de cocaína en el sur de Santa Fe.
El miércoles fue detenido Matías Pera, uno de los engranajes de la barra de Newell’s, por pedido de la Fiscalía, que lo imputó por el ataque a balazos contra el bar Don Nadie.
Viene de tapa Un día antes de la detención de Pera, la Policía Federal detuvo a Enrique Solís, supuesto sicario de Jija, jefe de la barra, acusado de los crímenes de los hermanos Funes.
“Tenemos que atacar a las barras de fútbol en Rosario, que son el foco de la violencia narco”, aseguró Patricia Bullrich en diálogo con la
nacion, mientras se demora el desembarco de un refuerzo de efectivos federales luego de algunos problemas internos que afloraron en el partido que gobierna Santa Fe, en el que un sector del socialismo se mostró reacio a que se incremente el número de 3000 agentes nacionales que hay actualmente en ese distrito.
“Desde octubre se está advirtiendo a Santa Fe que la tendencia de los homicidios que estaba a la baja en 2017 (en Rosario se redujeron un 25%) se había quebrado y había que estar alerta”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad nacional.
“El juicio contra la banda de Los Monos, que comenzó en noviembre pasado, alteró el mapa narco de Rosario”, alertó un investigador judicial, que señaló que “esta organización empezó a operar con más intensidad en las calles a través de otras bandas menores y la barra brava de Newell’s, copada por los cantero desde hace tiempo”.
La urgencia por el envío de un refuerzo de efectivos federales a esa provincia para atacar este entramado de violencia asociada al narcotráfico, que está en ascenso, va a contramano –según la visión del ministerio conducido por Patricia Bullrich– de las dudas que surgieron en el interior del socialismo, que gobierna Santa Fe desde 2007, sumido en una carrera preelectoral anticipada, con el gobernador Miguel Lifschitz que busca aliados para una reforma constitucional para tener la posibilidad de reelección, y el exmandatario Antonio Bonfatti ya anotado para 2019.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, aclaró que el refuerzo de las fuerzas federales “es bienvenido”, pero fue el exgobernador el que blanqueó los cuestionamientos hacia las políticas de seguridad al criticar la “militarización” de sectores de la zona sur de Rosario. Esto generó el fastidio del propio Lifschitz.
Por las sucesivas crisis de seguridad es la cuarta vez que arriban fuerzas federales desde 2014 para combatir el narcotráfico y la violencia. Los 18.000 policías provinciales resultan ineficaces para contener una violencia que desde 2012, cuando afloró la guerra narco, superó los 1200 homicidios en Rosario.
En Santa Fe están destinados 3000 gendarmes, prefectos y policías federales desde 2016, luego de un convenio que firmó la Nación con la provincia, con el objetivo de atacar la violencia y enfriar el clamor de las multitudinarias manifestaciones de Rosario Sangra, una consigna que nutrió de 40.000 personas las marchas por las calles demandando mayor seguridad.
Ese convenio está vencido y debe ser renovado. Pero además, el gobierno nacional le pide a Santa Fe que se haga cargo del alojamiento y otros gastos de los efectivos que está previsto que conformen este nuevo refuerzo excepcional. Aunque en el ministerio de Bullrich prefieren evitar dar un número de la cantidad de efectivos que enviarán, en el gobierno de Santa Fe calculan que serán unos 600 agentes adicionales. Gerardo Millmann, secretario de Seguridad, aseguró –en diálogo con LT8 de Rosario– que “se necesita alojamiento para incrementar la presencia de fuerzas federales en Santa Fe”.
Estaba previsto que los gendarmes arribaran esta semana pero la demora se debió a que aún falta que el gobierno de Santa Fe consiga lugares apropiados para que vivan los agentes. Este problema subsiste aún en Rosario. Desde el gobierno santafesino advirtieron que “son gestiones que llevan tiempo”, aunque llama la atención la falta de premura ante una situación tan complicada.
El intendente de Santa Fe, José corral, confirmó a que tiene la nacion listo el lugar para que duerman unos 200 efectivos en la capital de la provincia, donde se prevé, según el jefe comunal, extender el programa Barrios Seguros desde Alto Verde –que la semana pasada quedó conmocionado por el crimen de una maestra– a otras zonas del noroeste de la ciudad, donde están concentrados los 16 asesinatos que se produjeron en ese distrito en lo que va del año.
“Tenemos que atacar a las barras de fútbol en Rosario, que son el foco de la violencia narco”, dijo la ministra Patricia Bullrich