El movimiento por la igualdad de género marca una hoja de ruta para las políticas públicas
La decisión de dar el debate por la legalización del aborto en el Congreso está vinculada a las demandas que fueron más visibilizadas en los últimos años
El lunes pasado una gran cantidad de mujeres tocó las puertas del Congreso con una consigna que hace más de una década se repite a viva voz: aborto legal seguro y gratuito.
Más allá de las motivaciones que pudo haber tenido el Poder Ejecutivo, la ola de reclamos habilitó al presidente Mauricio Macri a dar luz verde al debate para que se trate en el Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya había sido presentada sin éxito, en seis oportunidades, desde 2005.
La primera convocatoria del colectivo #NiUnaMenos, el 3 de junio de 2015, logró que se amplificara una serie de demandas que, si bien ya eran tratadas por movimientos feministas, articularon y redefinieron diversas cuestiones que atraviesan a las mujeres, e incluso al concepto de feminismo. Este movimiento ganó un lugar en la agenda de la política y también de los medios.
“Desde la política es una muy buena señal no rehuir al análisis del debate de las distintas posturas y de esa forma hablar de un tema que nos preocupa a todos”, afirmó Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene como objetivo profundizar las políticas públicas integrales para el empoderamiento de las mujeres.
“Lo que consiguió el reclamo de #NiUnaMenos se relaciona con las transformaciones en la sociedad civil más que con los cambios en las leyes o en lo que respecta a los dirigentes”, afirmó la periodista Ingrid Beck, una de las impulsoras del colectivo #NiUnaMenos. Beck destaca la “sororidad” femenina –término derivado del concepto en inglés para hablar de hermandad entre las mujeres–, como una de las herramientas políticas que mayor incidencia tuvieron en todos los avances en pos de la igualdad de género.
Una demanda histórica y troncal del movimiento feminista es la transversalización de la perspectiva de género como enfoque en las políticas públicas. En el área de la Justicia, este reclamo adquirió cada vez más volumen.
Según Tuñez, el año pasado aumentó un 400% el presupuesto destinado al Concejo Nacional de la Mujeres y se presentó el primer plan nacional 2017/2019 sobre la erradicación de la violencia contra la mujer, que incluye 69 medidas y 137 acciones. Si bien ya fue firmado por trece provincias, aún restan once, que se supone que adherirán a fin de año.
Tuñez considera necesario una cambio de paradigma en la Justicia, a la que calificó, en algunas oportunidades como “sexista”, por investigar la vida íntima de la víctima y no la del victimario. De todas formas, confirmó que próximamente se lanzará la implementación de un programa para el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas de violencia.
El femicidio es el último eslabón de la cadena de violencia, en la que pueden sucederse prácticas que eran naturalizadas y que empezaron a cobrar una mayor relevancia en estos últimos años.
Entre las cuestiones sociales que empezaron a resonar se encuentran la brecha salarial entre hombres y mujeres, y la demanda de paridad de género en los puestos de poder. Tal es así, que se sancionó el año pasado la ley de paridad de género.
En torno a la seguridad, se empezaron a exigir protocolos para la defensa y la prevención de la mujer, y el registro de las cifras de femicidios para identificar el problema y de ese modo desarrollar políticas públicas.
El 7 de marzo el Indec presentará el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, y mostrará las cifras registradas en el país en los últimos cinco años.
Los reclamos que corresponden al ámbito de la salud son diversos y se potenciaron desde 2015. Se empezaron a discutir las prácticas de educación sexual, se tomó conocimiento de la violencia obstétrica como una de las formas más solapadas de violencia hacia a la mujer, y en respuesta se reglamentó la ley 25.929 sobre parto humanizado. El aborto, en cambio, siempre acompañó los reclamos, y aunque fue tomando fuerza, su discusión siempre fue relegada.
En abril de 2017, la Corte Suprema de Tucumán absolvió a Belén, una joven que estuvo presa por más de dos años, que había sido condenada a ocho años de prisión por el supuesto aborto de su bebé en el baño de un hospital público de Tucumán. Su excarcelación y absolución fueron uno de los puntos de reclamos más importantes de la manifestación de #NiUnaMenos en 2016.