LA NACION

La causa marcha a paso lento en los tribunales

El juez Rodríguez analiza el acuerdo entre YPF y Odebrecht

- Maia Jastreblan­sky

El contrato de YPF con Odebrecht es, quizás, el expediente que registra menos avances si se lo compara con las causas que se abrieron por la obra del soterramie­nto del Sarmiento, por las plantas de AYSA y por los gasoductos Norte y Sur, las otras megaobras que el Estado argentino le otorgó a la gigante brasileña. En esos casos ya hay funcionari­os y empresario­s imputados.

La causa de YPF comenzó por una denuncia de la diputada Graciela Ocaña en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Pero el expediente pasó al juzgado de Luis Rodríguez porque tenía una investigac­ión anterior.

El caso lo instruye el fiscal Eduardo Taiano, que la semana pasada recibió la auditoría efectuada por el directorio actual de YPF. Con el informe provisorio en su poder, la Justicia Federal evaluará los pasos a seguir mientras espera la entrega del definitivo y acumula evidencias que le permitan determinar si hubo perjuicio patrimonia­l al Estado.

La denuncia es sobre la obra del complejo industrial de Ensenada, donde Odebrecht montó la planta de reformado catalítico continuo (CCR). Ese contrato pasó de un presupuest­o inicial de US$130 millones a un cifra final de US$285 millones.

El expediente también investiga otro contrato de YPF con Odebrecht por el “desmontaje de instalacio­nes siniestrad­as y la limpieza de la refinería de La Plata”. La petrolera estatizada firmó el 29 de agosto de 2013 un contrato con la compañía brasileña por $70 millones para desarmar las instalacio­nes dañadas como consecuenc­ia de la histórica inundación que afectó a la capital provincial.

Según la denuncia, ese último contrato también habría sufrido sucesivos aumentos en su presupuest­o: autorizado por Miguel Galuccio por un importe de 70,5 millones de pesos, se amplió luego a un total de 332 millones de pesos. Esa obra, según explicó en su momento la gestión anterior de YPF a la nacion, se hizo por contrataci­ón directa a Odebrecht, sin compulsa de precios, por la emergencia climática.

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