La Justicia avanza con la investigación por la venta de acciones que manejaba la Anses
Bonadio ordenó la búsqueda de pruebas en la Comisión Nacional de Valores; están imputados el ministro Caputo y Basavilbaso
Sin prisa y sin pausa, el juez federal Claudio Bonadio avanza con la causa que investiga al Gobierno por operaciones financieras realizadas con los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El expediente, que ya acumuló seis cuerpos, busca determinar si la venta de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) a Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin) generaron un perjuicio al Estado.
El caso tiene bajo la lupa a dos importantes espadas del gabinete de Mauricio Macri. El fiscal Jorge Di Lello imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo; al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y a otros dos exfuncionarios que condujeron el FGS, el conjunto de activos financieros que administra la Anses tras el traspaso de las AFJP al Estado.
La Justicia ya culminó un peritaje sobre los documentos que fueron secuestrados durante los allanamientos ordenados por Bonadio a mediados del año pasado. Los operativos se habían realizado en las oficinas de la sede central de la Anses, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en Pampa Energía. Los peritos de la Corte Suprema y los expertos de parte ya terminaron de analizar la documentación.
Según pudo conocer la nacion sobre la base de cuatro testimonios, Bonadio le ordenó a la CVN mediante un oficio que evite “adoptar medidas o resoluciones definitivas” sobre los procesos de reorganización societaria de Pampa Energía sin que haya una autorización previa de su juzgado. El objetivo es evitar nuevos movimientos durante la etapa de recolección de pruebas.
Bonadio, en tanto, le tomó declaración a una docena de especialistas para evaluar si con la venta de Petrobras Argentina a Pampa pudo existir un negocio “a medida” que perjudicó a las arcas públicas. La semana pasada en la causa fue citado a declarar el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, quien pidió que se investigue otra operación: la suscripción de las obligaciones negociables emitidas por Pampa Energía por US$25 millones en marzo de 2017.
La gestión de Mauricio Macri siempre defendió su “análisis de oportunidad, mérito y conveniencia”. Desde la CNV, en tanto, explicaron que el organismo “garantizó que exista un precio equitativo durante la oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) y que no tiene facultad para frenar un proceso de venta”.
Desde el holding de Mindlin, consultados por este medio, indicaron: “La operación con las acciones de Petrobras fue perfeccionada el 23 de noviembre de 2016 y no existía restricción judicial. La venta se hizo en el marco de una OPA, en la que solo el 9,6% del capital social de Petrobras no participó. De los accionistas minoritarios que participaron, un 85% decidió vender en efectivo, como la Anses”.
La causa se inició por las denuncias de la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y del diputado del FPV Rodolfo Tailhade. La operación se concretó luego de que Pampa Energía le compró a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. Eso condujo al grupo de Mindlin a ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones.
El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte en noviembre de 2016. Optó por el efectivo, a un valor de $10,37 por acción. Recibió en total $ 2.482.140.001. Los denunciantes esgrimieron que tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de PESA aumentaron rápidamente a un valor cercano a los $18. En la última rueda, PESA cerró a $25,25. Desde la Anses justificaron que “si bien hay diferencia con la cotización posterior, eso no significa que esa ganancia hubiera sido realizable, dado que fue afectada su liquidez”. Es decir, si bien la rentabilidad por acción de Petrobras creció, la liquidación de esas acciones hubiera sido dificultosa para el Estado.