La democracia sindical, una deuda política
El 14 de marzo de 1984 el Senado de la Nación rechazó, por una diferencia de dos votos, la ley de reordenamiento sindical impulsada por el gobierno de Raúl Alfonsín. Bautizada “ley Mucci”, en referencia al entonces ministro de Trabajo, Antonio Mucci, la norma buscó democratizar la anquilosada estructura gremial.
En el recinto de la Cámara alta, la iniciativa fue votada afirmativamente por los 18 legisladores de la UCR, los dos senadores del Bloquismo de San Juan y los dos representantes de Corrientes, del Pacto Autonomista-Liberal. En contra de la propuesta se inclinaron los 20 senadores del PJ; el senador del MID por Formosa; el senador por Catamarca, del Partido Conservador Popular, y los dos representantes del Movimiento Popular Neuquino.
El revés parlamentario, signado por la cerrada oposición del peronismo, implicó una batalla cultural perdida en la intención del gobierno de poner la representación sindical en línea con la demanda colectiva de apertura democrática. A esa postura políticamente sesgada le siguió otra demostración de fuerza. El 3 de agosto de aquel año, la CGT, arraigada en el justicialismo y única central obrera reconocida por el Estado, concretó el primero de los 13 paros generales con los que golpearía a la administración radical. De esta manera, tanto en el Congreso como en las calles, quienes habían sido derrotados en las urnas y denunciados durante la campaña electoral como partícipes de un pacto militar-sindical, encontraban un elemento aglutinador.
Por estas horas, los hechos parecen transcurrir en un sendero similar. Mientas el Gobierno intenta acordar con los gremios una ley de reforma laboral, desde la bancada oficialista en la Cámara de Diputados surge una propuesta que incluye la prohibición de la reelección indefinida de los dirigentes sindijuegan cales, limitando a cuatro años y dos períodos consecutivos los mandatos de conducción. El proyecto, elaborado por la legisladora Soledad Carrizo, pretende modificar la ley 23.551, de asociaciones sindicales, vigente desde 1988.
Así las cosas, y a despecho del profundo descrédito social del que goza gran parte del gremialismo debido a las prácticas irregulares y en muchos casos corruptas de algunos de sus líderes, Luis Barrionuevo recordó hace algunas semanas, con tono amenazante, el rol jugado por la CGT frente a los gobiernos no justicialistas que en 1989 y 2001 no pudieron finalizar sus respectivos mandatos constitucionales. Con eso, el pope gastronómico no hizo más que dar crédito a quienes le asignan al peronismo fuera del poder una reiterada intención desestabilizadora. Mientras tanto, Hugo Moyano, Juan Pablo “Pata” Medina, omar “Caballo” Suárez, Marcelo Balcedo y Humberto Monteros a la victimización mientras son investigados por extorsión y lavado de activos, entre otros delitos.
La relación entre trabajadores asalariados y dirigentes sindicales está marcada por la ausencia de empatía práctica entre ellos. En otras palabras: los primeros no se identifican con los segundos. En estas circunstancias, aún bajo los efectos políticos y éticos del indefendible caso Triaca, el gobierno nacional enfrenta el fantasma de la malograda ley Mucci y la segura profundización del enfrentamiento con la burocracia gremial, devenida incluso en una casta con características dinásticas. Aun así, a 35 años del retorno a la democracia, cambiar el ya obsoleto esquema sindical vigente supone saldar una vieja deuda que la política mantiene con la sociedad.