Por qué oponerse a la reelección inmediata

Deberían reivindicarse, en lugar de objetarse, las constituciones de Santa Fe y Mendoza, que no admiten dos períodos consecutivos de sus gobernadores Resulta triste que algunos líderes políticos vean en una clara virtud constitucional un defecto o una tra

S anta Fe y Mendoza han sido y todavía son un ejemplo dentro del territorio argentino por la prohibición de la reelección inmediata de gobernadores y vicegobernadores que establecen sabiamente sus respectivas constituciones. Quien aspire a retornar al gobierno en esas provincias debe esperar un período para volver a postularse, según ese inteligente precepto tomado de la vieja Constitución Nacional de 1853 que, hasta mediados del siglo XX, recogían las viejas constituciones provinciales.

Lamentablemente, el actual mandatario santafesino, el socialista Miguel Lifschitz, no parece persuadido sobre la sabiduría de esa disposición. Acaba de manifestar su deseo personal de ir por otro mandato, en declaraciones a El Cronista Comercial. Al menos, obró con prudencia cuando a continuación aclaró que “no avanzaría demasiado si no advirtiera un fuerte consenso político”, y acotó: “No quemaría las naves para tratar de lograr ese objetivo. Si se diera la circunstancia y hubiera consenso político amplio, obviamente que, en lo personal, a mí me gustaría”.

También el gobernador mendocino, el radical Alfredo Cornejo, manifestó en su momento su disposición a reformar integralmente la Constitución provincial y a incorporar una sola reelección inmediata para todos los cargos. Aunque precisó que no es un debate prioritario.

Resulta triste que algunos dirigentes vean en una clara virtud constitucional un defecto o una traba para continuar una política.

La prosecución de un programa de gobierno que es apoyado por la ciudadanía no requiere, como se pretende hacer creer, de la perpetuación en el poder de supuestos líderes iluminados.

El inspirador de las bases de nuestra Constitución nacional, Juan Bautista Alberdi, advertía que la esencia de la república reside en la renovación constante y periódica de los depositarios del poder.

Las reelecciones de los mandatarios, más aún si han sido indefinidas, como ocurre en distritos como Formosa o Santa Cruz, o como sucedió durante tanto tiempo en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, hasta que una reciente ley bonaerense fijó un límite, para nada garantizaron el fortalecimiento de las instituciones.

Lejos de mejorar las condiciones de la población, la perpetuación en el Poder Ejecutivo provincial o comunal de muchos dirigentes solo ha servido para que estos construyeran verdaderos imperios personalistas a expensas de la creación de empleo público, de redes clientelistas y del sometimiento de ciudadanos carenciados, a quienes no procuraron sacar de la pobreza para que continuaran siendo carne de cañón para sus aventuras políticas.

El mantenimiento, la consolidación y la profundización de políticas exitosas no depende en modo alguno de la consagración de un personalismo. Por el contrario, este suele ser el germen de la autocracia.

La prosecución de las buenas políticas públicas debe descansar en la madurez de la clase política, en la solidez de los partidos y en la búsqueda de consensos duraderos, compatibles con la necesaria alternancia que debe imperar en todo sistema democrático.

Santafesinos y mendocinos deberían reivindicar y sentirse orgullosos de las constituciones que tienen, en lugar de objetarlas o vilipendiarlas. Antes de pensar en cualquier reforma con un interés particular, deberían también contemplar los ejemplos de países donde no existe la posibilidad de reelección presidencial inmediata, como Chile y Uruguay, que no por casualidad ocupan lugares de privilegio dentro de América Latina en los rankings de calidad institucional y de transparencia pública.