El plan comienza a debatirse en Jujuy

Según una auditoría de la provincia, entre el 5% y el 7% de los pacientes llegan de los países vecinos

SAN SALVADOR DE JUJUY.– El Ministerio de Salud de esta provincia se encuentra envuelto en una fuerte controversia, a raíz del proyecto de reforma del sistema de salud que encara el gobierno de Gerardo Morales. Entre las modificaciones, a partir de una ley provincial, se prevé el cobro de la asistencia médica a extranjeros no residentes.

El proyecto es amplio y ambicioso, y el plan de recuperación de recursos –que serán destinados a mejoras salariales para el personal que se desempeña en hospitales y centros de salud de la provincia– surgió como resultado de una auditoría completa que realizó el Ministerio de Salud, encabezado por su titular, Gustavo Bouhid.

Como resultado de la auditoría, quedó claro que entre el 5% y 7% de los pacientes que atiende el sistema público son de origen extranjero y no residentes. También se expuso la falta de elementos jurídicos para lograr que la provincia recupere los gastos que produce la atención de pacientes que cuentan con obra social.

El sistema sanitario de Jujuy se encuentra colapsado por la falta de inversión que hubo durante los últimos 30 años. Ello provocó que el hospital de cabecera Pablo Soria, en la capital de la provincia, reciba diariamente a miles de personas que concurren no solo por emergencias o prácticas de alta complejidad, sino por patologías fácilmente tratables en el interior o en la red de centros sanitarios, a lo largo de la geografía jujeña.

Este colapso está vinculado a los bajos salarios que cobran los médicos, la ineficaz distribución de los especialistas, la falta de equipamiento de los hospitales del interior y, sobre todo, la magnitud de recur-

sos económicos que hoy se destinan a este sistema, que no logra resolver el problema de atención de salud de los ciudadanos.

La situación tiene que ver con la gran afluencia de pacientes –el 50%, según datos oficiales– que, aun teniendo obra social y realizando los aportes correspondientes, prefieren la atención en el hospital. Y, también, con que, por tal motivo, sus obras sociales deberían realizar el pago de las prestaciones realizadas por el Estado, como una manera de salvaguardar los fondos públicos, especialmente para aquellos que no tienen obra social, argumentan cerca del gobierno jujeño.

Por ello, el ministro Bouhid y el gobernador Morales llevan adelante un plan de modificación del sistema sanitario, que incluye, entre otras medidas, una ley de recuperación para llevar adelante el proceso de cobro y pago obligatorio, que ya se cumple en otras provincias, para el caso de las obras sociales.

En el proyecto se prevé una modificación en el sistema sanitario que permita el cobro de un seguro de salud a los pacientes extranjeros, especialmente a aquellos que viajan a Jujuy para realizarse tratamientos prolongados y costosos.

Muchos de ellos llegan a la provincia con un seguro de viajero, pero otros se trasladan exclusivamente para ser atendidos en el sistema público de salud. Para estos últimos está pensado un seguro, que rondaría un precio no mayor al que presenta la cobertura que realiza la obra social provincial para sus afiliados.

Esto no implica que se dejará de atender a todos los pacientes como sucede hasta el momento, confió a la nacion el propio Bouhid. Pero, en el caso en que el paciente no pudiera pagar el seguro, lo tendrá que hacer su país de origen.

En referencia al caso específico de Bolivia, cuya frontera con Jujuy es Villazón-La Quiaca, el ministro explicó que se intentó firmar un convenio de reciprocidad para la atención de ciudadanos bolivianos en Jujuy y de ciudadanos jujeños en Bolivia, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino rechazó la oferta.

Esta cuestión no sucedió con Chile, donde las autoridades de Jujuy firmaron un convenio con autoridades de las regiones limítrofes.

En el proyecto de ley para que los ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera a la Argentina paguen por ser atendidos en los hospitales públicos de la provincia, se especifica que quienes efectuaran esta operación, deberán hacerlo a través del Estado. El proyecto será enviado a la Legislatura provincial dentro de dos semanas.