Permitirán los aportes de empresas en las campañas
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto sobre el financiamiento político; restringirán la publicidad oficial y se aplicarán fuertes sanciones contra el clientelismo
Cuando faltan dos días para el comienzo del año parlamentario, el gobierno de Mauricio Macri relanzó el debate sobre la reforma política, que no pudo concretar en 2016. El plan oficial permitirá ahora el financiamiento de empresas en las campañas, con un tope de 3% del gasto total de cada frente político; la bancarización de los aportes; duras sanciones penales contra el clientelismo; restricciones a la publicidad oficial, y la eliminación de los actos de gobierno orientados a captar el voto en las campañas.
Las discusiones comenzaron en la Casa Rosada con el seminario “Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y desafíos”, organizado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Participan altos funcionarios, ONG, jueces y partidos políticos.
En la apertura, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó que el proyecto de ley se enviará en marzo a la Cámara de Diputados y buscará “restringir la publicidad oficial en la campaña”, durante la cual los oficialismos no podrán hacer actos de gobierno.
Según explicó, ello buscará que “no puedan aprovechar la ventaja relativa que tienen al estar a cargo de los Estados nacionales, provinciales y municipales”. En la actualidad, esa restricción rige para los 15 días anteriores a las elecciones y se ampliará a los 30 días de campaña.
En forma paralela, la Casa Rosada impulsará un acuerdo con el PJ en el Senado para sancionar la reforma electoral con el sistema de boleta única electrónica (BUE). Ese proyecto fue aprobado en 2016 por Diputados, pero fue frenado por el justicialismo en la Cámara alta.
Frigerio confirmó que se permitirán aportes de empresarios a los partidos políticos para las campañas electorales, hoy prohibidos por ley. “Por supuesto con topes, con restricciones, el aporte de las empresas hay que discutirlo y transparentarlo”, dijo el ministro. El proyecto prevé que cada empresa podrá aportar hasta un tope de 3% del gasto total de cada coalición electoral en toda la campaña.
Para mayor transparencia, las donaciones no podrán ser en efectivo: deberán estar bancarizadas mediante transferencias o cheques. “El movimiento del financiamiento de las campañas políticas es en efectivo y eso restringe mucho la posibilidad de control. Proponemos la bancarización total de todos los aportes partidarios”, dijo Frigerio, ante más de 300 especialistas.
La iniciativa prevé establecer “un sistema de carga de la información en tiempo real, para que se pueda controlar cada paso que se da en el manejo de dinero partidario”.
Se buscará fortalecer el cuerpo de auditores, contadores, de la Cámara Nacional Electoral y controlar el registro de proveedores de publicidad en la vía pública, un foco importante de corrupción. Estas normas podrán tener adhesión de las provincias, ya sea en elecciones simultáneas o en elecciones desacopladas.
Frigerio confirmó, además, que se promoverán “mayores sanciones para el clientelismo”.
Durante el seminario, Adrián Pérez subrayó la “importancia y la complejidad del tema”, pero señaló: “Hace un año y medio iniciamos
un proceso de discusión y se fue delineando un amplio consenso respecto de las medidas necesarias para avanzar en la transparencia”.
Por su parte, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, señaló que “uno de los desafíos de América Latina hoy es combatir el dinero ilícito del narcotráfico que financia la política”.
Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, pidió “evitar que haya conflicto de intereses” y dijo que “si el dinero de los empresarios para las campañas existe, hay que regularlo”.
También hubo una voz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que la Argentina se quiere sumar. El jefe de Integridad del Sector Público, Janos Bertok, reconoció y celebró la iniciativa. También participaron la directora ejecutiva del Cippec, Julia Pomares; los diputados Silvia Lospennato (Pro) y Juan Brügge (Córdoba Federal); los senadores Dalmacio Mera (PJ) e Inés Brizuela y Doria (UCR), y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via.