A un año del incendio en la comisaría de Pergamino
violencia institucional. Pedirán que la dependencia sea declarada “sitio de memoria” por los siete presos que perdieron la vida; hay cinco policías procesados y uno prófugo
El comisario sigue prófugo
Gritos desesperados de auxilio, llamaradas descontroladas que provocaban calor y humo insoportables. En poco tiempo se desató una de las mayores tragedias ocurridas en una comisaría bonaerense. Hace un año, siete detenidos murieron en la seccional 1ª de Pergamino. Seis efectivos que trabajaban en la dependencia ese día fueron imputados por abandono de persona. Uno está detenido y cinco tienen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Aún se desconoce el paradero de Alberto Donza, que era el jefe de la delegación y está prófugo.
El incendio del 2 de marzo de 2017 dejó al desnudo las falencias del sistema carcelario bonaerense. Desde 2016 hasta el mes pasado, la población alojada en comisarías bonaerenses aumentó un 48%; la superpoblación ronda el 226% y por cada tres presos hay solo un camastro.
Hoy, a las 17, habrá una marcha en la plaza 9 de Julio, de Pergamino, para renovar el reclamo de “verdad, justicia y memoria”. Además, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) propondrá al Concejo Deliberante del distrito la creación de un sitio de memoria en el lugar –esa misma seccional fue sede de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar– y además se colocará una placa en la fachada de la sede policial para recordar a “los 7”: Sergio Filiberto, de 27 años; Federico Perrota, de 22; Alan Córdoba, de 18; Franco Pizzarro, de 27; John Mario Chillito Claros, colombiano, de 25; Juan Carlos Cabrera, de 23, y Fernando Emanuel Latorre, de 24.
Aquel día en la comisaría había 19 presos. A las 18, dos de ellos se trenzaron. Los sobrevivientes contaron que, aunque la pelea había terminado, los policías los encerraron a todos en las celdas. Descontentos por haber sido “engomados”, los reclusos reclamaron que los dejaran salir al patio. Ni les contestaron. Entonces, los siete que estaban en la celda 1 comenzaron a arrojar hacia afuera partes de colchones prendidos fuego para llamar la atención.
Según un informe que elaboró la CPM sobre el expediente de la causa, los policías “hicieron caso omiso” del reclamo de los detenidos. El fuego se expandió y había cada vez más humo tóxico que se desprendía de los colchones de goma espuma (que no eran ignífugos). Las llamas alcanzaron las cortinas de las rejas de la celda 1. Se oían los gritos de socorro y las explosiones de los aerosoles.
Según los peritajes, la temperatura alcanzó los 500 grados.
Luego del desenlace trágico, los familiares de los detenidos difundieron los mensajes de texto que habían recibido pasadas las 18.15. Les pedían que fueran a la comisaría porque los policías no hacían nada para detener el fuego.
Los peritos determinaron que la causa de los decesos fue asfixia traumática por inhalación de humo y que los cuerpos presentaban distintos niveles de carbonización.
“El Estado conocía las nulas condiciones de seguridad ante eventuales incendios: falta de elementos para combatirlos y ausencia de protocolos de intervención. A esto se suman colchones altamente combustibles y tóxicos, instalaciones eléctricas precarias y falta de ventilación”, resumió la CPM.
Según datos relevados por la CPM, solo el 2% de las comisarías tiene elementos suficientes como para afrontar siniestros y el 39% carece de todos los elementos de seguridad. En el caso de la comisaría 1ª de Pergamino, un año antes de la tragedia hubo dos hechos parecidos que evidenciaron “la existencia de condiciones propicias” para la generación de ese tipo de incidentes.
“Esa dependencia era una de las habilitadas para tener detenidos, aun con esas deficiencias”, explicó a la nacion Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM.
La causa
Un mes después del hecho, y tras la investigación del fiscal Nelson Mastorchio, el juez de Garantías N° 1 de Pergamino, César Solazzi, dispuso la detención y prisión preventiva de seis policías por “abandono de persona seguido de muerte”, delito para el que se prevé una pena de entre cinco y 15 años de cárcel.
Los procesados fueron el teniente 1° Sergio Ramón Rodas; los oficiales Alexis Eva y Matías Giullieti; el sargento Brian Carrizo (imaginaria de calabozos), y la ayudante de guardia Carolina Denise Guevara. Asuntos Internos los exoneró, al igual que al comisario Donza, quien figura como buscado en la página de Interpol y por quien se fijó una recompensa de $500.000.
Solazzi entendió que “el personal de la comisaría 1a se mantuvo pasivo, impidiendo, demorando y obstaculizando las tareas de rescate de los bomberos voluntarios para salvaguardar la vida de los internos que estaban a su cargo”.