Intervienen la sociedad de la familia Kirchner
La empresa había quedado acéfala en 2017, como consecuencia de la renuncia de dos directoras
El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer la intervención judicial de Hotesur, la sociedad con que la familia Kirchner controla sus negocios hoteleros en la Patagonia. Así dispuso una intervención amplia, que tendrá “facultades de información, administración y recaudación” y durará, en principio, seis meses.
En esta causa, Ercolini investiga presuntas maniobras de lavado de activos que habrían sido llevadas a cabo, entre otras personas, por la expresidenta Cristina Kirchner; sus hijos, Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, hoy preso.
La medida había sido pedida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, basado en que la firma estaba acéfala porque se había quedado sin directores, que son quienes deben encargarse de la administración y el control de la sociedad.
En Hotesur, eran Romina de los Ángeles Mercado y Rocío García, sobrina y nuera de Cristina Kirchner, pero renunciaron en noviembre de 2017. Los accionistas, Máximo y Florencia Kirchner, les aceptaron las renuncias, pero no designaron nuevas autoridades para reemplazarlas.
“La falta de directores representa un impedimento para el funcionamiento de la firma, lo que amerita que tales falencias sean suplidas para salvaguardar los bienes y potenciales ingresos”, había señalado el fiscal en su pedido.
Otro argumento para la intervención fue que los libros societarios no estaban debidamente llevados y que la IGJ, el organismo que controla las sociedades, también había sugerido la intervención.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que las autoridades de Hotesur no obtuvieron nuevos libros legalmente habilitados por la IGJ, desde que se dispuso el secuestro de los originales en el mes de julio de 2015. “Incumplieron disposiciones básicas”, advirtió Pollicita.
Asimismo, se apuntó contra la “falta de colaboración de la empresa con la veeduría jurídica”, lo que , según el fiscal, impidió que se avanzara en forma oportuna con los objetivos que se habían dispuesto.
Para justificar la intervención judicial, Ercolini hizo un repaso de las medidas que ya forman parte del expediente. Así, recordó otras intervenciones, las convocatorias a declaración indagatoria, embargos y la inhibición general de bienes decretadas.
“Sobre la base de los antecedentes señalados, considero que le asiste razón al fiscal”, concluyó el juez federal.