Impulsan una consulta popular sobre el aborto
La propuesta del senador Naidenoff, jefe del bloque de Cambiemos, agita la discusión después de que Macri habilitó el debate legislativo sobre el tema.
Hay legisladores convencidos de que el debate sobre el aborto no debería ceñirse al Congreso de la Nación. Que, en rigor, se trata de un tema sobre el que la sociedad en su conjunto debería expresarse. Con ese criterio, la cúpula del interbloque de Cambiemos en el Senado, encabezada por los radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas, presentará la semana próxima un proyecto de ley para someter a una consulta popular no vinculante la punibilidad o no del aborto.
“Sería un grave error limitar el debate al Congreso –enfatizó Naidenoff–. La propia sociedad tiene que expresarse porque aquí se entremezclan cuestiones éticas, religiosas, jurídicas y de salud pública. Al estar en juego todos estos matices, con una democracia consolidada, ya tenemos madurez para sostener una consulta popular”.
El senador Naidenoff inició consultas en su bancada y con otros bloques opositores en busca de apoyos. “El objetivo es lograr el mayor consenso posible”, indicó a LA NACION. A priori, la iniciativa no genera demasiado entusiasmo en el seno de Pro. Convocar a una consulta popular implicaría llamar a elecciones nacionales justamente en un año no electoral. El costo económico y logístico no lo justifica, aducen.
El oficialismo prefiere que la cuestión se dirima en el Congreso. El presidente Mauricio Macri, quien ya se expresó en contra del aborto, auspició la discusión. Arrancará el 20 de este mes en la Cámara de Diputados: ese día, en un plenario de las comisiones de Legislación General; de Salud; de Legislación Penal y de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) definirá el cronograma de audiencias e invitaciones. Se estima que el debate se estire, al menos, por un par de meses.
En paralelo, otros legisladores, además de Naidenoff, agitarán la idea de llamar a una consulta popular.
En el Senado, los primeros en lanzar esta propuesta fueron los puntanos María Eugenia Catalfamo y Adolfo Rodríguez Saá. En su iniciativa proponen que la ciudadanía se exprese, por sí o por no, sobre las siguientes preguntas: “¿Está Usted de acuerdo con la despenalización del aborto voluntario?” y “¿Está usted de acuerdo con utilizar fondos públicos para financiar el aborto voluntario?”.
En la Cámara de Diputados, la kirchnerista Laura Russo Sujarchuk también promueve la consulta popular.
“Pregunto: ¿257 ‘conciencias’ (en alusión a la cantidad de diputados) van a decidir el curso del destino de 40 millones de personas? Si así fuera, no estaremos ante la convicción de un espacio electoral, sino ante la suma de un puñado de concepciones individuales –escribió en su cuenta en Facebook–. Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores. Que sea el pueblo quien decida. Propongo entonces este proyecto de ley: una consulta popular no vinculante. Que todo el país se exprese y que todos los legisladores escuchemos la voz de la mayoría”.
Las primeras consultas que realizó Naidenoff sobre su propuesta de consulta popular fueron para los juristas. Y se llevó esta certeza: pese a tratarse de una cuestión penal (la despenalización del aborto), la Constitución nacional no la inhabilita a ser sometida eventualmente a una consulta popular.
Este instrumento de democracia directa está contemplado en el artículo 40 de la Carta Magna y reglamentado en ley 25.432, sancionada en 2001. Allí están contempladas las dos versiones sobre consulta popular, la vinculante y la no vinculante. En el primer caso, la iniciativa debe partir de la Cámara de Diputados y aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros. En este caso, el voto de la ciudadanía es obligatorio.
En cambio, en una consulta popular no vinculante el voto no es obligatorio. Debe ser convocado por el Poder Ejecutivo o a instancias de cualquiera de las cámaras del Congreso.
En ambos casos, la ley o el decreto de convocatoria deberá contener el texto íntegro del proyecto de ley o decisión política objeto de consulta y señalar claramente la o las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, cuyas respuestas no admitirán más alternativa que la del sí o el no.