El Gobierno confía en que el “compre nacional” se convierta en ley en abril
El proyecto, que ya tiene media sanción, establece que el Estado deberá privilegiar a los productores locales
Mañana, el Gobierno anunciará el desembarco en el país de la empresa danesa Vestas. Es todo un ejemplo para el modelo industrial que pregona el oficialismo. Se trata de una compañía que nació como fabricante de línea blanca en los 60, pero que 20 años después se reconvirtió como diseñador, productor e instalador de turbinas para energía eólica con importantes contratos en España, meca de esa energía renovable. Vestas produciría partes en una planta en Florencio Varela y contrataría alrededor de 200 personas.
Para tentar a la empresa danesa, los ministerios de Producción y de Energía crearon un combo de beneficios fiscales, financiamiento y baja de aranceles que nacen de normas como la ley 27.191 y el decreto 814, entre otras zanahorias. Sin embargo, en el Gobierno creen que para lograr ofrecer a otros inversores mayor previsibilidad e impulsar el doble objetivo de bajar precios y mejorar la integración de piezas locales, sobre todo en enormes inversiones de infraestructura (se prevén desembolsos por cerca del 5% del PBI), se necesita la aprobación de la ley de “compre nacional”. El oficialismo cree que el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, se convertirá en ley el mes próximo.
“Ya está en el fast-track al que dio luz verde Miguel Pichetto”, confía un funcionario sobre las negociaciones encaradas con el senador que representa principalmente a los gobernadores en la Cámara alta. De ese avance legislativo quizá también dependa la definición de otros proyectos energéticos en el marco del plan RenoVar, como por ejemplo la instalación de molinos eólicos en Central Puerto, contrato por el que pujan Acciona Nordex y Siemens Gamesa (esta, con más chances que la primera).
Son jugadores que van llegando al país y que, con nuevos negocios posibles en el campo de la energía, la infraestructura, la salud y las telecomunicaciones, entre otros, comenzaron a hamacarse en algunos programas oficiales para desarrollar proyectos en los nichos a los que apuesta el Gobierno. Una muestra de este optimismo es el anuncio que se haría en las próximas semanas de la reestructuración –después de años difíciles– del management de Impsa, hoy con menos presencia de la familia Pescarmona.
“Para que haya inversiones necesitamos escala, mercado y simplificación”, afirmó un funcionario del Ministerio de Producción, que celebró la creación de la Secretaría de Simplificación, que conduce Pedro Inchauspe, pero que espera que toda la inversión en obra pública sea acompañada por las pymes locales gracias a la ley de “compre nacional”.
La llegada de Vestas estuvo atravesada por la decisión de la necesidad de incluir en las inversiones extranjeras a las pymes argentinas. El modelo busca parecerse de a poco a la generación de clusters de proveedores al estilo Toyota, o en un espejo con el modelo Propyme de Techint, grupo asesor en el Consejo de la Producción.
Para avanzar en esta tarea, el Gobierno ya puso en marcha el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro), que también forma parte del articulado del proyecto de ley de “compre nacional”. En este programa, según datos del Ministerio de Producción, ya hay 100 proyectos aprobados con inversiones de proveedores por $1000 millones y con un aporte de financiamiento del BICE por cerca de $500 millones en sectores como ferrocarriles, petróleo y gas y energías renovables.
Sin embargo, el principal avance de este proyecto pasó casi inadvertido dos semanas atrás. Entonces, la cartera que conduce Francisco Cabrera firmó un acuerdo con YPF, la empresa más grande del país, para crear el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores Locales 2030, “con el objetivo de potenciar la actividad y el empleo asociado al sector energético de manera equilibrada y sustentable, y mejorar la competitividad de la cadena de valor industrial de la compañía”.
Con esa firma, Producción se comprometió a realizar un relevamiento de proveedores del sector y otorgar asistencia técnica y financiamiento a aquellos que sean identificados como claves para mejorar la competitividad y la ejecución del plan de abastecimiento de YPF. El plan es claro: que las 3500 empresas proveedoras de bienes y servicios industriales (500 especializadas en el sector de petróleo y gas) puedan ser parte del plan de inversiones de YPF por US$4500 millones en cinco años.
En ese marco, con la ley de “compre nacional” el Gobierno espera ampliar este tipo de acuerdos. Ese proyecto prevé cooperación productiva (cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación para la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 20% del valor total del contrato), márgenes de preferencia (de 7% a 15% para las minipymes locales y de 5% a 8% para las grandes empresas) y la posibilidad de las pymes de mejorar su oferta en licitaciones chicas. Además, le da rango de ley al Prodepro.