Rescinden el contrato para terminar la usina eléctrica

Ya se gastaron US$1607 millones y las obras están paradas desde hace dos años

Julio De Vido está preso y su mano derecha, Roberto Baratta, también. una mina que no produce y una central térmica que nunca se terminó. Así está el panorama del complejo minero Yacimientos Caboníferos Río Turbio (YCRT), una empresa estatal que transita momentos de tensión por la decisión de despedir personal. Pero hay un condimento más. El Gobierno decidió rescindir el contrato de construcción de la central térmica a carbón que hasta ahora tenía la firma española Isolux Corsán. Los trabajos asignados implicaban una inversión de unos uS$220 millones. La inversión para la construcción de la usina ya demandó uS$1607 millones.

La resolución 144 del Ministerio de Energía con esa decisión fue publicada ayer en el Boletín Oficial. La obra, paralizada desde hace dos años, podrá ahora ser entregada a otra firma para que la termine. “Todavía no hay una decisión de cómo seguirá”, comentaron en el Ministerio. “Sin central terminada y que produzca, no hay mina”, dijo una fuente oficial.

Durante estos últimos dos años hubo varios intentos de constructoras locales para quedarse con los activos de Isolux en el país, que, básicamente, constaban de alguna concesión vial y varios contratos de obra pública en ejecución. El de Río Turbio era el más polémico, pero también estaba un tramo de la construcción del Paseo del Bajo, ejecutado por el gobierno porteño. El de Río Turbio fue el primero en ser rescindido.

El empresario Marcelo Mindlin fue uno de los primeros en mirar los activos. Luego llegó la mendocina Cartellone y, finalmente, Eduardo Eurnekian, con su firma Helport. Pero no hubo posibilidades de acuerdo.

El contrato de construcción se adjudicó el 6 de diciembre de 2007 por un monto de $2094 millones y era modalidad “llave en mano”. La obra empezó formalmente en febrero de 2008. Sufrió innumerables modificaciones, hasta la instalación de sistemas para que funcione a gas, y la controversia entre el Gobierno y la empresa por los pagos aumentó.

Con Aranguren, las posiciones de la compañía, que reclamaba un pago por pedidos de cambios de la anterior administración, y del Gobierno, que decía que la obra era cara y que estaba en un nivel de terminación bajo, se hicieron irreconciliables.