Extensa indagatoria a Lascurain por los fondos de Río Turbio
Acusado de cobrar $50 millones para construir una ruta que nunca se ejecutó, declaró ante la Justicia más de cuatro horas; también dio explicaciones el intendente Pérez Osuna
El extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue indagado ayer durante más de cuatro horas por el juez federal Luis Rodríguez, en la causa en que se investigan irregularidades en la inconclusa construcción de una ruta en la localidad santacruceña de Río Turbio.
Lascurain, quien aún se desempeña en la UIA como vicepresidente quinto, había sido detenido anteayer, al considerar la Justicia que Faisner, la empresa que él integraba, cobró un adelanto de $50 millones para construir una ruta entre la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y dicha ciudad santacruceña, obra que nunca se concretó.
Rodríguez le tomó también declaración indagatoria al detenido intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, quien rechazó las acusaciones y dijo que fue él quien advirtió a las autoridades de YCRT que había quedado inconclusa la construcción de una ruta que ya había sido adjudicada.
Durante más de tres horas, el intendente Pérez Osuna sostuvo que él mismo envió una carta al interventor en la mina, Omar Zeidán, que también fue el encargado de realizar la auditoría interna que luego fue presentada como denuncia ante la Justicia.
Pérez Osuna sostuvo ante el juez Rodríguez que le advirtió al interventor que tenía que decidir si finalmente se llevaría adelante la obra o si buscaría recuperar los $50 millones que se habían pagado por adelantado, que tenía un presupuesto total de $500 millones.
Pérez Osuna resaltó, además, que el escrito que dijo haberle enviado a Zeidán no fue respondido y que, por el contrario, el interventor de YCRT lo denunció un mes después.
El intendente de Río Turbio y el extitular de la UIA están detenidos con prisión preventiva en una causa conexa a la que investiga un supuesto multimillonario fraude en el yacimiento carbonífero de Río Turbio y que derivó en la detención del exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.
En la causa central que tiene preso a De Vido, el fiscal Carlos Stornelli tiene pedida desde el 21 de febrero pasado al juez Rodríguez la citación a declaración indagatoria de 14 empresarios adjudicatarios de los proyectos que debían reconvertir la mina y poner en marcha un tren turístico y cuyos fondos fueron desviados, según la acusación.
Defraudación
Stornelli imputó a empresarios que fueron contraparte en las contrataciones irregulares y pidió la indagatoria por “defraudación contra la administración pública y peculado de bienes públicos”.
“Sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron acordando contratos con la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), en condiciones de manifiesta ilegalidad”, no se podría haber conformado “el complejo y millonario plan criminal” que se llevó adelante. Incluso, la Sindicatura General de la Nación corroboró que muchas de las obras diagramadas en el complejo minero no se completaron.
El gobierno provincial que comanda Alicia Kirchner cerró filas para defender a sus funcionarios y, además, envió una comitiva para apoyar a los mineros que hace más de 40 días están de paro ante las medidas de ajuste encaradas por el gobierno nacional sobre la empresa estatal.
El ministro de Gobierno, Fernando Basanta, consideró que el intendente Pérez Osuna es “otro preso político de la Argentina”.
Basanta también cuestionó el envío de tropas de la Gendarmería a Río Turbio y dijo que la seguridad de la cuenca carbonífera la garantizaba el gobierno de la provincia. “Detienen al intendente y el mismo día envían a la Gendarmería a la localidad que dejan acéfala”, denunció Basanta
Además, ayer ingresó a la Legislatura provincial un proyecto para quitarle los fueros parlamentarios al diputado provincial kirchnerista Matías Mazú, que también tiene un pedido de captura por parte del juez federal Rodríguez.