A 17 años de su cierre, la vieja ATC aún da pérdidas millonarias
liquidación. Desde 2003 hasta el año pasado, el Estado gastó US$1,6 millones en la firma estatal
La vieja Argentina Televisora Color, o simplemente ATC, es un recuerdo persistente en la memoria de varias generaciones que crecieron acompañadas por sus contenidos. Y si bien la empresa, creada formalmente en 1979, dejó de existir a principios del turbulento año 2001, sigue costándole millones al Estado, que anteayer decidió acelerar la liquidación final de una marca cercana al corazón de los argentinos.
A través del decreto 177/2018, publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Hacienda nombró a Carlos Landaburu como liquidador de Argentina Televisora Color SA. La iniciativa, que lleva la firma del titular de esa cartera, Nicolás Dujovne, y del presidente Mauricio Macri, se enmarca dentro del plan oficial de reducción de gastos en la administración pública que tiene movilizados a todos los ministerios .
Pese al ímpetu inicial por extinguir la marca, sobrevivió hasta ahora debido a cuestiones administrativas que continuaron demandando recursos al Estado.
El año pasado, según datos oficiales, ATC no generó ingresos, pero demandó $1.044.019, que salieron de las arcas del Estado. El Gobierno considera que es un gasto inútil en momentos en que intenta bajar el déficit fiscal.
Desde 2003 hasta el año pasado, se pusieron US$1,6 millones para costear las necesidades de ATC (según el tipo de cambio promedio de diciembre de cada año). Puesto en pesos al tipo de cambio actual, equivalen a unos $33 millones.
“El motivo central de los pagos a empresas en liquidación tiene que ver con los juicios que tienen todavía esas firmas y se pagan con bonos, en un proceso que demora. Un juicio laboral en una empresa como ATC, por ejemplo, lleva varios años y cuando sale la sentencia se paga en bonos. Son cuestiones residuales, pero que llevan mucho tiempo en cerrarse”, indicó Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Los liquidadores también se llevan una porción importante. En 2015, por caso, Bernardo Iturraspe se llevó el 65% de los $829.000 que el Estado puso en la empresa.
ATC fue creada oficialmente en 1979, cuando el entonces gobierno de facto asignó ese nombre al histórico Canal 7, cuya señal aún está en manos del Estado. La empresa comenzó a transmitir en 1980 y fue reconvertida en sociedad anónima durante la gestión de Carlos Menem. En aquellos años se designó director a Gerardo Sofovich y se diseñaron algunos planes para su privatización, que finalmente no se concretó.
A comienzos de 1996, y bajo la gestión del interventor Germán Kammerath, ATC fue la primera empresa estatal en presentarse en convocatoria de acreedores. Tenía una deuda acumulada de alrededor de US$70 millones, pero logró un acuerdo con el 80% de los acreedores en noviembre de ese año, con lo que evitó la quiebra.
La sociedad estuvo en actividad hasta 2001, cuando el decreto 94 de ese año, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa; su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, dispuso su liquidación, junto con la de Télam SAI. Sus activos y servicios se transfirieron al Sistema Nacional de Medios Públicos, creado a través de esa normativa.